Política | Polémica por el subte
07/04
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"El traspaso es una ley y hay que cumplirla", dijo el secretario de Trasporte
Advirtió que de persistir la negativa a colaborar en el cumplimiento de la ley "no tendré más alternativa que presentarme en la sede del ejecutivo porteño para demostrar nuestra predisposición al trabajo".
En respuesta, la vice Jefa de Gobierno porteña María Eugenia Vidal descartó retomar las negociaciones para el traspaso del subte. Dijo que si no hay diálogo entre Macri y la Presidenta, el tema se dirimirá en la Justicia.
La vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, salió el miércoles pasado a rechazar el pedido del secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, para que Mauricio Macri designe a un representante que retome las negociaciones por el traspaso del subte a la Ciudad de Buenos Aires.
“Valoro que haya actitud de diálogo, pero no es ésta la convocatoria que estamos esperando”, dijo Vidal, en tono conciliador. Sin embargo, advirtió que si no hay una reunión entre Macri y Cristina Fernández seguirán el conflicto por el camino judicial.
La conferencia de prensa de Ramos no movió ni un milímetro la postura planteada por Macri la semana pasada. En su presentación, Ramos reveló los reiterados pedidos al Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad para reiniciar las conversaciones, luego de la sanción de la ley en el Congreso nacional. Además, desmintió las denuncias de “falta de diálogo” y detalló que desde el Ejecutivo nacional venían comunicándose con Juan Pablo Piccardo, a cargo de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).
“Lo que hay que resolver sobre el traspaso del subte no es una cuestión técnica, sino política, que debe acordarse entre quienes fueron elegidos por la gente: la Presidenta de la Nación y el jefe de Gobierno”, insistió ayer Vidal, en sintonía con el planteo hecho por Macri la semana pasada. Además, la vice Jefa buscó dejar de lado la ley aprobada por el Congreso y reiteró que se debe acordar “un traspaso como marca la Constitución nacional, con recursos que garanticen que la gente viaje mejor y con la aprobación de la Legislatura porteña”.
En verdad, el procurador adjunto de la Ciudad, Carlos Tambussi, argumentó a principios de enero en favor del aumento del 127 por ciento de la tarifa que dispuso Macri que no hacía falta intervención de la Legislatura, ya que “no hay un acto nuevo o extraño que pueda resultar violatorio a la disposición constitucional”.
La única ley sancionada a nivel local por este tema es del 2000, cuando se facultó al Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos, “a realizar los actos necesarios para transferir la fiscalización y control de dicho contrato a favor de la Ciudad de Buenos Aires”.
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