Información general | Nuevo proyecto de Macri

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Estacionamiento medido en todos los barrios

El Ejecutivo porteño envió en diciembre a la Legislatura un nuevo pliego de licitación del estacionamiento medido, que extiende las áreas tarifadas y multiplica las grúas. Por Joaquín Ramírez Souto Buenos Aires, 9 de febrero de 2013. En diciembre pasado, el Ejecutivo porteño, con las firmas de Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y del ministro de Desarrollo Económico Francisco Cabrera, envió a la Legislatura un proyecto que propicia la aprobación de un nuevo pliego de licitación del servicio de acarreo y estacionamiento medido.

El proyecto introduce cambios en las condiciones de prestación del servicio, incluidos en los cambios fijados por la Legislatura en noviembre de 2011al Código de Tránsito y Trasporte. El más relevante es que el estacionamiento medido se extenderá a todos los barrios de la ciudad, que en lo sucesivo serán “tarifables”. Un cambio conceptual de impacto directo en el bolsillo de los simples mortales.

El actual sistema de acarreo y estacionamiento medido es blanco de la bronca de los usuarios, y los problemas de tránsito en zonas críticas perduran. ¿Las nuevas condiciones servirán para transparentar un servicio que es objeto de quejas permanentes? ¿Servirá para mejorar la fluidez del tránsito y desalentar el uso de automóviles particulares en aras del transporte público y de las bicicletas? El debate promete ser arduo y recién comienza.

Por lo pronto, inexplicablemente, el Ejecutivo porteño ninguneó su propio proyecto ya que les propuso a los legisladores sumar otro año de prórroga a las actuales concesionarias. La excusa es que necesitarán “un tiempo prudencial” para estudiar el nuevo pliego de un servicio que define como “complejo”. Fuentes de la Subsecretaría de Transporte señalan, comprensivas, que las nuevas empresas “necesitarán invertir mucho” para estar a la altura de los nuevos requisitos.

Los cambios en el Código

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó en noviembre de 2011, una ley que modificó el Código de Tránsito y Transporte (Ley Nº 2148) regulando el estacionamiento medido para generar un uso más racional de la vía pública. El diputado informante, Palmeyro, en sintonía con los fundamentos del proyecto, destacó que "la regulación del estacionamiento constituye una cuestión central en el ordenamiento del tránsito" y "el mismo tiene por objeto optimizar el uso de un bien público finito y escaso como es la vía pública".

Entre otras razones se mencionó que "la regulación del estacionamiento estuvo relegada en la redacción del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad hasta la actualidad, ya que si bien se establecieron las normas generales y particulares de estacionamiento, no se tuvieron en cuenta la formulación de herramientas más dinámicas que dotaran de mayor flexibilidad al sistema y resguarden los derechos de todos los usuarios de la vía". "Posiblemente fruto de ello sea la situación que presenta actualmente el Estacionamiento Medido, con una licitación largamente vencida y múltiples intentos frustrados de volver a licitarlo, sin advertir que es necesario antes contar con un marco regulatorio diferente que dé cuenta del nuevo estatus jurídico que presenta la ciudad con posterioridad a la sanción de su Constitución y del Código" que resume el estacionamiento medido en un único artículo, el 7.1.17. a todas luces insuficiente para regularlo.

La ley modificatoria del actual Código de Tránsito y Transporte en lo que respecta al estacionamiento medido, precisa taxativamente cuándo procede el acarreo de un vehículo por mal estacionamiento y cuándo está vedado. Regula la proximidad que debe haber entre las playas de remoción con los sitios de acarreo, determina la definición de detención de vehículos y la carga y descarga frente a las obras en construcción e incorpora un nuevo capítulo referido al Sistema de Estacionamiento Regulado.

Además, otorga prioridad a los residentes en la proximidad a su domicilio mediante un sistema de Servicio Público administrado y controlado por la Ciudad, pudiendo licitarse algunas prestaciones. Por otra parte, se crean modalidades tarifarias en función del tipo de demanda, otorgándose claros beneficios a favor de los residentes a partir de una política tarifaria diferenciada que los exime del pago en las inmediaciones de su domicilio. Y se establecen las principales características de los servicios a concesionarse, con sus alcances y salvaguardas resguardando siempre la titularidad del sistema en cabeza de la autoridad de aplicación.

En lo que se refiere a los derechos laborales de los trabajadores se puso especial énfasis en protegerlos, tanto los de quienes se encuentran en la actualidad bajo relación de dependencia de los actuales concesionarios así como de quienes presentan una precaria condición como son los expendedores de Tarjetas Azules, cuya incorporación al sistema formal de trabajo se persigue.

Añeja situación irregular

Desde hace 22 años, las dos empresas que se ocupan del estacionamiento medido y del acarreo de los automóviles en el micro y macrocentro –las temidas y odiadas grúas– son la pesadilla de los conductores porteños. Sin embargo, las severas encargadas de custodiar que los automovilistas no burlen las normas se encuentran ellas mismas en una situación irregular ya que tienen el récord de 12 años de prórrogas sucesivas de los contratos.

La actual concesión fue otorgada por Grosso, durante el gobierno de Carlos Menem, a las empresas Servicio de Estacionamiento Controlado (SEC) y Servicio de Tránsito Ordenado (STO). Las firmas controlantes detrás de esos nombres comerciales son en realidad BRD Saicifi y Dakota SA, respectivamente, que se dividieron en dos la ciudad: SEC opera en el sur y STO, en el norte. Abarcan los barrios de Recoleta, Palermo, Balvanera, San Nicolás, Monserrat, San Cristóbal, Constitución y San Telmo. La calle Viamonte traza la frontera imaginaria entre ambos cotos.

Se estima que cada empresa dispone de unas 20 grúas y que levantan unos 13 mil automóviles por mes. El costo actual por el acarreo es de $350, que el infractor debe abonar además de la multa correspondiente. Eso significa una recaudación mensual de $4.550.000, a la que debe sumarse lo que dejan las máquinas tiqueteadoras del estacionamiento medido.

Las empresas pagan actualmente un canon fijo de $20.000 a $30.000. Hasta hace apenas tres años, dicen desde el gobierno porteño, pagaban sólo $1.000 mensuales. Además, pagan un alquiler mensual por las playas de acarreo que le alquilan a la Ciudad: SEC abona $48.000 mensuales por dos playas en Constitución, mientras que STO paga $ 53.200 por dos playas cercanas a la Facultad de Derecho.

En 2004, un fallo judicial le ordenó al gobierno de Ibarra a licitar el servicio en 60 días. En aquel entonces, las autoridades aseguraban que cumplirían con la resolución del juez, pero reclamaron una ampliación del plazo a 180 días. Dicho ahora, parece una anécdota graciosa. Macri, por su parte, lleva cinco años anunciando una inminente nueva licitación. A comienzos del 2010, el asunto detonó una módica crisis política en las filas del macrismo.

¿Cuál es el secreto de la permanencia de STO/Dakota y SEC/BRD? Según la legisladora del Frente para la Victoria María José Lubertino, existe una “connivencia” entre el poder político y las empresas, “como ocurre con el servicio de recolección de basura”. Para Lubertino, el sistema actual es “un gran negociado, con grados de irregularidad que vienen de la época de Menem; nadie se anima a romper esa trama de beneficios”. Parece evidente que se trata de empresas con una gran capacidad de lobby. Fuentes del oficialismo porteño relacionan a Dakota con el ex intendente Carlos Grosso y a BRD con Pablo Moyano, el hijo del dirigente camionero.

Lo que viene

Según el nuevo pliego de licitación, los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento regulado incluyen “la instalación de estacionómetros, la señalización vertical y horizontal, el control de estacionamiento tarifado en la vía pública, el acarreo de vehículos en infracción o a requerimiento de las autoridades y la inmovilización de vehículos en infracción”. Su objetivo declarado es “favorecer el ordenamiento del tránsito y optimizar el uso de los espacios disponibles para el estacionamiento vehicular en la vía pública”. Las nuevas concesionarias, al igual que las actuales, deberán hacerse cargo de la provisión, mantenimiento y recaudación de las máquinas ticketeadoras y parquímetros.

El proyecto desglosa la ciudad en cinco zonas y quince subzonas donde se distribuirán diez playas de acarreo que las nuevas concesionarias deberán mantener y equipar, garantizando ciertas condiciones básicas de confort para usuarios y empleados. Ninguna empresa podrá ser adjudicataria de más de dos zonas, lo cual implica la apertura hacia nuevos actores en la operación del servicio. Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Evaluadora de siete miembros: cuatro representantes del Ejecutivo (correspondientes a la Subsecretaría de Transporte, la Dirección General de Tránsito, la Subsecretaría de Inversiones y la Dirección General de Concesiones) y tres legisladores designados por ese cuerpo. La concesión tendrá un plazo de diez años.

El proyecto implica un incremento significativo en la cantidad de grúas que recorren las calles de Buenos Aires. En el nuevo esquema, cada zona deberá contar con un piso de vehículos remolcadores, hasta totalizar un mínimo de 102, frente a los 40 que operan actualmente. Cada grúa además deberá estar equipada con una cámara de video para registrar los procedimientos y también con GPS, ya serán monitoreadas desde una central. El proyecto no pone como condición para ejecutar el acarreo la presencia de personal policial o de un agente de tránsito.

La tarifa del estacionamiento medido se desdoblará en cinco “modalidades”: una tarifa sencilla, de valor uniforme para un determinado segmento horario, sin tiempo máximo de permanencia; una tarifa progresiva, que se incrementará conforme aumentan la cantidad de horas de permanencia, dirigida a las zonas con alta rotación de vehículos; una tarifa especial, de valor único, para aplicar en eventos de convocatoria masiva, y una tarifa para residentes, con domicilio declarado dentro de la zona afectada por el estacionamiento medido. Estarán exentos del pago en sectores de tarifa sencilla y especial y tendrán un descuento del 50% en los de tarifa progresiva en un radio de 200 metros de su domicilio. Las zonas de baja demanda –que debe determinar la Legislatura– contarán con estacionamiento “no tarifado o libre”.

Las empresas deberán implementar nuevas modalidades de pago de todos sus servicios. El estacionamiento medido podrá pagarse con tarjetas de crédito o débito. El proyecto no hace mención expresa a la implementación de un sistema basado en el uso de teléfonos celulares, una idea que sonó con fuerza, contemplada en el marco normativo del servicio, pero que aún está siendo estudiada.

Las nuevas concesionarias deberán hacerse cargo de la señalización vertical y horizontal de la vía pública. Entre otros, deberán garantizar la presencia de los nuevos “cordones naranja”, destinados al estacionamiento de motocicletas.


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