Información general | Uso del espacio público
16/02
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Una muestra de doble discurso
El detallado informe de estas irregularidades fue redactado por el Colectivo por la Igualdad, un grupo que proviene de la Coalición Cívica y tiene entre sus inspiradores al ex legislador Facundo Di Filippo. Fue elaborado con las respuestas oficiales del área de Concesiones, en el área del Ministerio de Desarrollo Económico que dirige Francisco Cabrera.
Señala un fuerte contraste con muchas acciones de la administración macrista en materia de uso del espacio público. Es que en nombre de su defensa, gente de civil y de uniforme echa a las patadas a quienes duer¬men en las plazas o en la calle. Al principio, eran los integrantes de la UCEP, hasta que los paró la justicia. Ahora agentes civiles de la Metropolitana. A veces las imágenes llegan a la tele, como en Parque Centenario. Pero otras, el operativo nocturno no tiene testigos y sólo quedan como testigos mudos los ranchi¬tos derrumbados y vacíos.
También las familias que ocupan –habitan– inmuebles del gobierno de la ciudad suelen ser desalojados a cajas destempladas y no hay niño lloroso que conmueva a los funcionarios en su férrea custodia del bien común. Velar por el espacio público incluye la expulsión de vendedores ambulantes y manteros. La vereda será de todos, por ejemplo de los bares coquetos para gente como uno, pero no tanto como para de los que se ganan la vida vendiendo baratijas.
Tanta furia limpiadora reconoce una sola fisura: la que revela la escandalosa lista de predios ocupados por empresas tan lucra¬tivas como poderosas que funcionan con permisos vencidos, no pagan canon o pagan montos irrisorios. Ocupas de alta gama.
La lista asombra. El Buenos Aires Desing. Multicanal. El Club de Amigos. El Transporte Automotor Plaza, de la familia Cirigliano. Esos simpáticos restaurantes que miran al río en la Costanera Norte. Discotecas y una coqueta salas de eventos. Terrenos bajo autopistas. Playas de estacionamiento en las zonas de mayor demanda de la ciudad. El Driving Ranch de Parque Sarmiento. Canchas de tenis. De golf. La lista sigue y la conclusión es una sola: la ciudad de Buenos Aires está de remate. Pero los oferentes y ganadores no son los ciudadanos de a pie. Los espacios públicos –esos que deberían ser para el disfrute de toda la comunidad– son usados para actividades muy lucrativas, de un sector. Empresas, locales bailables, clubes, asociaciones civiles y corporaciones que explotan predios públicos gratuitamente –porque así les fueron concedidos– o pagan montos irrisorios, en comparación con los precios de mercado.
Como para darse una idea de la envergadura de la expropiación, alcanza con mencionar que hay 94 privados que gozan del uso de espacios públicos altamente redituables a cambio de nada. Además hay 102 predios que tienen sus concesiones vencidas, los ocupan irregularmente desde hace años. Algunos son emblemáticos. El estacionamiento del Hipódromo de Palermo, del empresario Cristóbal López, con un contrato finalizado en 2009. Las canchas de tenis cedidas a Arturo Grimaldi, un amigo de Mauricio Macri, quien ocupa un predio cuya concesión venció en 2006.
Asimismo hay importantes compañías que pagan cánones irrisorios. Uno de los casos más escandalosos es el del shopping de alta gama Buenos Aires Design, que maneja el Grupo IRSA. Utilizan el predio pagando apenas $ 42.353 por mes. Un departamento de cuatro ambientes en esa zona de la Recoleta no baja de los $ 12.000. ¿Cuánto debería pagar el imponente Design para que su permanencia en terrenos públicos no sea confundida con una estafa?
Excepciones para el escándalo: 310
“Del total de 622 predios que informa la Dirección General de Concesiones, según la información suministrada, 59 de ellos se encuentran desocupados, la gran mayoría con subasta en trámite. Asimismo, 85 de ellos fueron cedidos a organismos oficiales, mientras que 44 se encuentran concesionados por un régimen especial destinado a personas con necesidades especiales y 124 corresponden a concesiones gratuitas a cooperadoras. Del universo restante (310 concesiones), se advierte que 102 predios se encuentran en condiciones de ocupación irregular en virtud de encontrarse vencido el plazo de los permisos”, detalla el informe.
Sebastián Pilo, abogado y miembro del Colectivo por la Igualdad, contó. “Empezamos investigando un caso especial que era el de la Costanera, en donde hay sólo cinco o seis afortunados que están mirando al río y ahí advertimos que se pagaban cánones irrisorios. Pedimos informaciones actualizadas y se hizo evidente que la situación es generalizada en toda la ciudad.”
Puntualizan algunos casos:
• 94 concesionarios no abonan canon alguno como contraprestación monetaria (no incluye las concesiones gratuitas a cooperadoras, personas con necesidades especiales y organismos públicos).
• En 59 de los casos el canon resulta inferior a los $1.200 (se excluyen 36 concesiones a calesitas de la Ciudad que abonan $600 en virtud de un beneficio legal).
“De la suma de las 227 concesiones en las que se informa un monto fijo como canon a favor del GCBA, resulta que mensualmente la administración pública debería recibir un total de $3.837.328,85. En el Presupuesto 2012 se previó un total de ingresos de $65.000.000 en concepto de concesiones”, agrega el informe.
Según Pilo, las respuestas oficiales dejan bastante que desear: “Lo que dice el Ministerio, que es parcialmente cierto, es que lo recibieron peor de lo que está. No son concesiones que haya otorgado este gobierno pero podría sanearlo y no lo ha hecho. Parafraseando al tango, si de concesiones se trata, un turno completo de gobierno con reelección incluida, no son nada. En algunos casos como Punta Carrasco que pagaba 3.500 pesos y ellos le otorgaron una nueva concesión y subieron el canon a $50.000, que sigue siendo muy conveniente. Entonces responden que multiplicaron por 15 el canon”.
Ésa fue la respuesta que recibió el legislador Rafael Gentili, de Proyecto Sur, cuando preguntó a Cabrera, en el informe de su presupuesto para este año, acerca de la situación en que se encuentran estas concesiones. Según precisó el diputado, “se advierte que hay predios que se encuentran en condiciones de ocupación irregular en virtud de encontrarse vencido el plazo de los permisos” y mencionó a modo de ejemplo “las playas de estacionamiento de la Facultad de Derecho, dos locales gastronómicos con Costanera Norte y varios predios bajo autopista”. La respuesta fue, otra vez la misma. “La situación ha mejorado”.
En ese sentido, la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires realizó un informe de seguimiento del área y da cuenta de los escasos avances: “El Informe de Auditoría objeto del presente seguimiento detectó una serie de falencias en el ámbito de la Dirección General, parte de las cuales fueron subsanadas”, dice el informe oficial. Sin embargo, a la hora de hacer una evaluación de esa mejora sólo habla de “progreso incipiente”.
Entre las empresas que no pagan cánones se destacan: Multicanal SA, que utiliza el predio bajo autopista 9 de Julio, entre calles Samperio y A. del Valle; el estacionamiento del Hipódromo de Palermo, de Cristóbal López, cuya concesión está vencida desde 2009 y el Transporte Automotor Plaza SA, de Cirigliano, que ocupa sin un peso a cambio, el bajo autopista 9, entre calle Río Cuarto y O. Cruz.
En cuanto a los terrenos de avenida Figueroa Alcorta 7350, cuyo canon caducó en 2006, fueron entregados a Arturo Grimaldi, amigo, profesor de tenis y testigo del casamiento de Macri. Son 4,6 hectáreas, declaradas en 1996 como “espacios verdes de uso público”. Hasta 2009, un tercio de las tierras fueron usadas por el Club Obras Sanitarias. Pero Macri intimó su desalojo, ya que resultaba “indispensable concluir con la ocupación irregular”. Los vecinos festejaron la decisión. Pero la alegría duró poco: el predio fue inmediatamente entregado, gratis, a la Asociación Argentina de Tenis (AAT), que preside Grimaldi.
No queda en claro tampoco cuál es el criterio para asignar el canon a pagar. En la Costanera Norte, por ejemplo, el salón de fiestas Brisas del Plata paga $ 5.788,13 de canon mensual, mientras que, el restaurante Siga La Vaca aporta al fisco $ 22.000.
Cabe recordar que la reglamentación sobre las concesiones en la Ciudad establece que el límite máximo según el cual el Poder Ejecutivo puede otorgarlas respecto de la administración de bienes o servicios en la Ciudad es de cinco años. En los casos en que se pretenden otorgar concesiones por plazos mayores a un lustro resulta imprescindible la aprobación de la Legislatura de la Ciudad, mediante una ley sancionada con una mayoría especial, y a través del procedimiento de doble lectura. Ése es el caso, por ejemplo, del Club de Amigos, en los lagos de Palermo, que por una decisión legislativa tampoco paga canon alguno por su explotación.
Varias de las polémicas concesiones vencen a fines de este año. Aún no se sabe si se renovarán y se aumentará el canon, acorde con los precios de mercado o si seguirán pagando sumas increíbles en terrenos muy codiciados de la Ciudad.
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