Información general | Dos años, 10 muertos y ningún culpable
05/02
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Iron Mountain, el incendio intencional
"Nosotras lucharemos hasta que haya justicia porque esto no fue un accidente. Mi hermano murió porque alguien prendió un fuego intencional en el lugar que funcionaba mal habilitado por un sistema corrupto", afirmó Sandra Barícola, hermana de Pedro, uno de los dos rescatistas de Defensa Civil que murieron en el incendio.
Enérgica, dolida y dispuesta a "esperar lo que haya que esperar para ver los responsables en la cárcel", Sandra y sus hermanas Liliana y Patricia son una parte activa de los familiares que desde el primer día reclamaron que se esclarezca lo que sucedió el 5 de febrero de 2014, cuando el fuego consumió gran parte del depósito ubicado en Azara 1245 destinado a la guarda de documentación de diferentes empresas y organismos públicos.
En el mismo sentido, Jorge Olmos, padre de Sebastián, quien era bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha, sostuvo que "durante estos dos años nosotros sentimos que estamos cada vez más lejos de que se haga justicia, dos pericias dieron que fue intencional y nadie está preso".
Fuentes judiciales confirmaron que la causa se encuentra todavía en su etapa de instrucción en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 37, actualmente a cargo de Romina Monteleone, y que como aún falta el peritaje de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) no se han realizado imputaciones.
"Esta pericia será la más contundente, en efecto, intervino el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), que aportó instrumental de precisión para realizar complejas mediciones, y las conclusiones estarían disponibles para fines de marzo", informaron las fuentes.
Más allá de esa pericia, que ha sido la más costosa y una parte de la demora tuvo que ver con que no se resolvía quién iba a costear el procedimiento, en febrero del año pasado, el informe elaborado por los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina determinó que el incendio había sido intencional.
Un comunicado de la Fiscalía, entonces a cargo de Marcela Sánchez, informó que "los peritos concluyeron que el fuego comenzó entre los depósitos N°7 y N°8, aproximadamente a 7 metros de la línea de edificación de la calle Benito Quinquela Martín".
"Asimismo, se encontraron rastros de sustancias combustibles y se estableció que el foco del fuego se produjo por dispositivos colocados al efecto, ya que también se encontraron restos de conductores y transformadores de energía, que no se correspondían con partes de equipos del lugar", explicó la fiscalía. Estas conclusiones fueron ratificadas por especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
"Desde entonces la causa se encuentra caratulada como 'Estrago doloso seguido de muerte' y tiene conexo con otra causa por lavado de dinero que tramite en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 a cargo de Sergio Torres", indicó por su parte Miguel Arce Aggeo, quien en noviembre del año pasado tomó la representación de familiares de nueve de las diez víctimas.
El abogado indicó que "desde la querella estamos solicitando que se cite a indagatoria a seis funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son quienes deberían haber controlado el depósito".
Para el ingeniero Edgardo Castro, el inspector de Trabajo porteño que en 2008 había solicitado la clausura del galpón, "cualquiera que tenga conocimientos mínimos se daba cuenta de que el incendio fue intencional, sino no hay forma de quemar media manzana en diez minutos".
Antes de que estuviera la confirmación de los primeros dos peritajes, Castro ya hablaba de que "en el incendio hubo al menos cuatro focos y fue provocado por un especialista que sabía muy bien lo que hacía".
En referencia a los controles y la habilitación del depósito, la Legislatura porteña realizó ocho pedidos de informes al Gobierno de la Ciudad de los cuales sólo cuatro fueron respondidos recién al año de la tragedia.
"Las respuestas no fueron contundentes. De hecho, en cuanto a la habilitación del galpón lo que nos dijeron desde la Agencia Gubernamental de Control, entonces a cargo de Juan José Gómez Centurión, fue que el expediente se encontraba perdido", indicó a Télam el legislador porteño por el Frente para la Victoria, Gabriel Fuks.
El diputado abundó que "la Justicia no ha tenido la celeridad que debería haber tenido. Pero más allá de este accionar, el Gobierno de la Ciudad no se ha puesto a disposición de la Justicia para darle toda la documentación necesaria, entonces, hay una cantidad de 'errores' administrativos cuya responsabilidad política no se ha determinado y castigado".
A las 8.15 del 5 de febrero del 2014, cuando las llamas ya habían tomado la totalidad del depósito de documentación, varias dotaciones de bomberos de la Policía Federal y los voluntarios de Vuelta de Rocha y de La Boca acudieron al depósito, pero se encontraron que el portón estaba herméticamente cerrado y mientras esperaban órdenes, una pared de más de diez metros de alto se derrumbó sobre la vereda.
Además de Pedro Barícola y de Sebastián Campos, el impacto de los escombros acabó con la vida del comisario inspector Leonardo Day, de la subinspectora Anahí Garnica, de los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz y de los agentes bomberos Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli, todos de la Policía Federal.
También murieron en el momento José Luis Méndez Araujo, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico, que se encontraba allí como rescatista de Defensa Civil, y Facundo Ambrosi, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha.
CON ANTECEDENTES EN TODO EL MUNDO
Al conocerse la noticia del incendio el 5 febrero de 2014 del depósito de la empresa en Barracas, medios internacionales replicaron inmediatamente la noticia dando cuenta de los antecedentes, entre los que citaban como uno de los más importantes: el que ocurrió el 12 de julio de 2006 en la zona de Bow, en el este de Londres, que según la crónica de la cadena BBC provocó llamas de hasta 10 metros que "pudieron verse en toda la ciudad".
La investigación del departamento de bomberos (London Fire Brigade) sobre ese siniestro también concluyó que el fuego fue provocado de forma intencional y encontró serias irregularidades, como la deshabilitación del sistema principal y alternativo de rociadores automáticos.
Los otros siniestros fueron en Estados Unidos (tres en Nueva Jersey en 1997), uno en Canadá (en Ottawa el 11 de julio de 1996), y otro en Italia (en Aprilia el 4 de noviembre de 2011).
En Argentina, los cuestionamientos a la empresa y sus vinculaciones se dieron en dos niveles: por un lado por las exenciones impositivas y por el otro lado por la sospecha de lavado de dinero que derivó en una causa judicial.
En relación al primer punto, un informe publicado en septiembre de 2014 por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, establecía que en 2012 "Iron Mountain tuvo beneficios por 5 millones de pesos por exención de Ingresos Brutos y ABL".
Estas exenciones estaban basadas en que significaría una importante fuente de trabajo. Sin embargo, de las de las 100 empresas radicadas en el Distrito Tecnológico, 87 ya estaban en la zona antes de la medida y la mayoría mantuvo su planilla laboral e incluso la disminuyó.
En el caso de Iron Mountain, la Auditoría no pudo constatar que pasó con el personal porque "cuando se revisó el expediente, no constaba la declaración jurada de los empleados que tienen".
En referencia a la causa por lavado de dinero radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 a cargo de Sergio Torres, la causa se inició el 21 de mayo de 2014 a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El organismo radicó la denuncia dando cuenta de la existencia de dos firmas vinculadas -Iron Mountain South America Ltd. e Iron Mountain Chile Servicios SA- que se habrían constituido en paraísos fiscales y luego radicado Argentina al solo efecto de ser tenedoras de acciones de Iron Mountain Argentina SA sin realizar operación alguna por fuera de tal fin.
En este contexto, la Unidad de Información Financiera (UFI) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pidió presentarse como querellante en la causa en marzo de 2015 y en ese momento emitió un comunicado en el que explicó que "en 2007 Iron Mountain Argentina celebró un contrato con su sucursal suiza por un préstamo intercompañía por 20.000.000 dólares, con un interés de 8,7 por ciento".
"La firma investigada habría recibido 17.800.000 pesos, mientras que los pagos efectuados para su devolución alcanzan apenas 1.800.000 pesos", expresó el comunicado y refirió que "en virtud de esto, la UIF pidió al juez Torres que se investigue la posible realización de maniobras de "back to back" y el origen de los fondos".
Por último, la UIF recordó que "el préstamo fue canalizado a través del banco HSBC, entidad financiera seriamente cuestionada por no cumplir con la normativa para la prevención del Lavado de Activos en Argentina y en el exterior".
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