Legislativas | Coparticipación de la Ciudad
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Otra vez la modificaron por decreto
El Gobierno ajustó los términos de la transferencia de recursos para financiar el traspaso de la Policía Federal, pero sin especificar qué gastos supone esa cesión. Por un nuevo decreto se especifica que no será afectada la distribución de los recursos del Fondo Federal Solidario, por el que la Nación comparte con las provincias parte de lo recaudado por las retenciones a la exportación de soja. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 26 de febrero de 2016. El gobierno nacional modificó el decreto que aumentó la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, había adelantado que en el Ejecutivo nacional estaban trabajando para corregir un "error" en la norma que transfirió a la Capital los fondos necesarios para financiar el traspaso de la Policía.
Según estableció el decreto 399/2016, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se incluirá un nuevo párrafo en el artículo 1 del decreto original publicado el 18 de enero en donde se establece específicamente que el aumento en la coparticipación "no incide en la distribución de los recursos del Fondo Federal Solidario".
Además en el artículo 2 se especificó que los fondos serán destinados "para consolidar la organización y funcionamiento institucional de las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
El Fondo Federal Solidario se creó en 2009 con el objetivo de distribuir entre las provincias un 30% de lo que recauda el Gobierno en concepto de retenciones a la soja. Al aumentarse la coparticipación porteña junto al traspaso de la Policía, por error se incluyó también un proporcional de los ingresos que genera la oleaginosa, pese a que la Capital no tiene áreas de siembra del cultivo. La confusión generó un gran enojo entre los gobernadores.
Ahora, se corrigió con otro decreto el llamado error y tras un acuerdo con el Frente Renovador, el gobierno nacional oficializó la devolución a las provincias, en un plazo de cinco años, del 15% de la Coparticipación Federal que se les venía reteniendo desde 1992. Ese año se había firmado un acuerdo entre la Nación y los estados provinciales, cristalizado en el artículo 76 de la Ley 26.078, que habilitaba el descuento que fue declarado en noviembre pasado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
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