Legislativas | Otro conflicto más

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Legislatura tramita traspaso de Justicia nacional

Aunque la decisión final la tendrá el Congreso Nacional, la Legislatura porteña aprobó en comisión el convenio del traspaso de parte de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. En tanto el miércoles fue la segunda jornada de paro del sindicato de judiciales en rechazo a la transferencia, lo que afectó a los Tribunales nacionales. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 24 de marzo de 2017. El PRO, apoyado por el bloque de Martín Lousteau, entre otros, firmó el despacho de convalidación del convenio que se conforma en cuatro pasos, ya que se transferirá (de avalarlo el Congreso), la Inspección General de Justicia (IGJ), el Registro de Inmuebles, fueros penales (algunos juzgados vacantes) y la justicia del consumidor. La aprobación en el recinto tiene preferencia para ser tratada el próximo jueves 30 y será con debate.

El titular del Consejo de la Magistratura porteña, Enzo Pagani, festejó la decisión de los legisladores que ayer se reunieron en la comisión de Asuntos Interjurisdiccionales que comanda Juan Nosiglia (radical que responde a Lousteau). Además, el bloque ECO que integra ese diputado entregó en el Senado y en Diputados un pedido a las autoridades para que apoyen la transferencia, fundamentando la reafirmación de la autonomía porteña.

Uno de los convenios establece el traspaso de la competencia en temas de consumidores que incluye el pase de ocho Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo; tres Fiscalías; tres Defensorías Públicas Oficiales; seis vocalías de la Cámara Nacional de Apelaciones; Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones y una Defensoría.

Otro proyecto también despachado es sobre la transferencia de la IGJ (en todas las materias no federales). El tercer convenio es para traspasar competencia penal no federal relativa a delitos contra las personas, el honor, la integridad sexual, la libertad, la propiedad, la seguridad pública, el orden público, la administración pública y la fe pública.

El cuarto convenio es para la trasferencia del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) en todas las materias no federales, lo que incluye transferencia de bienes y del personal, lo mismo que en el discutido caso de IGJ.

El despacho se aprobó en comisión con los votos del PRO, que tiene mayoría en esa instancia, sumados a los del bloque de Nosiglia y el Bloque Peronista. Se opuso la camporista Paula Pennaca y desde el kirchnerismo también Gabriel Fuks se abstuvo, pidiendo más tiempo para conocer el proyecto que, como se tratará con debate en las bancas, podrá tener ahí mismo modificaciones.

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