Política | Pese a la orden judicial de bloqueo

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Uber como si nada

El lunes la Justicia dispuso el bloqueo de Uber en internet. Pero pasan los días y todo sigue igual. Es que para que la decisión judicial surta efecto deberán actuar el regulador Enacom, las proveedoras de internet y las tiendas de aplicaciones móviles. Por Mailén González Buenos Aires, 14 de abril de 2017. Las plataformas digitales a través de las cuales se accede a los servicios de Uber -la aplicación y el sitio web- seguían funcionando pese a que la Justicia porteña dispuso este lunes su bloqueo en todo el país, y para que la decisión judicial surta efecto deberán actuar el regulador Enacom, las proveedoras de internet y las tiendas de aplicaciones móviles.

Si bien la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad hizo lugar a la medida cautelar elevada por la Fiscalía porteña y determinó el bloqueo de las plataformas digitales de Uber debido a que la empresa "no tiene la habilitación correspondiente" ni registra solicitud de trámite alguna, lo que explica que la aplicación siga funcionando es el circuito administrativo que debe seguir la medida.

"Es un orden de la Sala II, que deberá notificar al Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), y ésta a su vez a las empresas prestatarias del servicio" de internet, explicó a Télam el fiscal de la Ciudad Martín Lapadú, a cargo de la investigación contra Uber.

El fiscal señaló que uno de los fundamentos por los que se pidió el bloqueo de la plataforma en todo el país y no solo en la Ciudad de Buenos Aires fue que "las empresas (que brindan conexión de Internet) informaron que lo que no se podía hacer era un bloqueo georreferenciado".

Así, en una segunda instancia, la Cámara resolvió a favor de dar de baja el acceso al servicio de transporte privado, pero "el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) no tiene una palanca para dar de baja el servicio, sino que traslada la orden a las empresas prestatarias del servicio de Internet, que son las que deben actuar", indicó Lapadú.

"Es una resolución de la Cámara, por lo que las empresas deberán bloquear las plataformas", subrayó. Fuentes del Enacom dijeron a esta agencia que el organismo tiene sus procesos administrativos que cumplir antes de girar la orden judicial a las prestadoras de Internet, y adelantaron que brindarán mayor información sobre la evolución de los procesos en curso.

Pese a que para las compañías que brindan internet bloquear un servidor o una lista de direcciones IP es algo que está dentro de lo común, una dificultad para llevar adelante la medida se encontrará en el caso de las aplicaciones móviles de Uber.

Si bien es posible bloquear una app dentro de una tienda de aplicaciones (como Google Play o AppStore), fuentes de Google Argentina señalaron a Télam que no hay nada que puedan hacer para bloquear la app una vez que ya fue descargada por un usuario de Android.

La resolución de la Sala II, integrada por los jueces Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, confirmó ayer la medida de proceder al bloqueo de "las plataformas digitales, aplicaciones y todo otro recurso tecnológico que permita contratar y/o hacer uso de los servicios de transporte de pasajeros que ofrece la empresa UBER ARGENTINA SRL o UBER B. V. en todo el territorio de la República Argentina".

La medida de los jueces confirma que "la empresa en cuestión organiza una actividad lucrativa sin autorización y que, entonces, se encuentra provisoriamente demostrada la materialidad ilícita" de su accionar.

Lapadú ya había solicitado una medida cautelar al Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), la dependencia encargada de que se arbitren los medios necesarios para bloquear la aplicación y el acceso al sitio web.

"Ha quedado demostrado que la empresa organiza una actividad lucrativa en la vía pública para la cual no tiene la habilitación correspondiente ni registran solicitud de trámite alguna. Esta medida de bloqueo de la página web y de la app, resultan ser el medio más idóneo para hacer cesar la continua y permanente contravención en que se sigue incurriendo", consideró.

La investigación de la fiscalía entendió que la empresa no cumple con la vasta legislación que regula la actividad lucrativa de transporte de pasajeros en el espacio público, cuyos requisitos hacen a la seguridad de los pasajeros, al uso del espacio público y a cuestiones tributarias, entre otras.


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