Política | Veredas rotas

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Crecen los reclamos

Crecen los reclamos por las veredas rotas en la Ciudad de Buenos Aires. La Defensoría advirtió que el Gobierno porteño tiene el deber de mantener en perfecto estado de conservación y mantenimiento de la vía pública. La resolución fija un plazo de 30 días para la reparación de todas las veredas que no fueron arregladas por Edesur, y le ordena a la empresa que debe "registrar, notificar, reservar en la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público para su seguimiento".
Buenos Aires, 22  de setiembre de 2017. La Defensoría del Pueblo intimó a la empresa Edesur a que repare todas las veredas deterioradas por tareas de mantenimiento de la red de suministro eléctrico que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires. 

En lo que va de este año, del total de reclamos que presentaron los vecinos de la Ciudad ante la Defensoría, un 65% fueron motivados por obras de Edesur, seguidas por las obras de Metrogas, que representan un 17,2%, según los datos recabados por el organismo. El porcentaje restante se divide entre las empresas Aysa, Edenor, Telecom y Telefónica. En cuanto a la distribución de las denuncias, el mismo relevamiento indica que las zonas con mayores reclamos son la Comuna 1 y la Comuna 10, con un 12,5% de las quejas cada una; la Comuna 9 con un 11,7%; la Comuna 15 con un 10,9 y la Comuna 4 con 10,1.
 
La intimación de la Defensoría a Edesur sobrevino tras una resolución emitida por el caso de la vereda de la calle Julio Cortázar al 3663, en el barrio de Agronomía, donde la firma de electricidad, para reparar parte de su tendido, había roto la vereda, pero luego no la reparó, algo que tampoco solucionó luego el Gobierno de la Ciudad. Por ese motivo la Defensoría resolvió "recomendar al Presidente de la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (Edesur S.A.), señor Juan Carlos Blanco" que "proceda a reparar la vereda de la calle Cortázar 3663 de esta Ciudad, deteriorada por tareas de mantenimiento, como así también de todas las veredas donde se realicen aperturas, dentro de los plazos legales previstos y bajo las modalidades obligatorias". En este marco, el texto aclara que "las empresas prestadoras de servicios que realizan trabajos en la vía pública deben cumplir con las exigencias normativas ineludibles", de acuerdo con las "Especificaciones Técnicas para la reparación de veredas por empresas de servicios públicos (ESP) en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires".
  
Asimismo, la Defensoría recomendó a la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público que controle y fiscalice el accionar de las empresas que realizan aperturas en la vía pública, que verifique la ejecución de los cierres definitivos, dentro de los plazos y bajo las modalidades previstas, y que adopte las medidas necesarias cuando se registran incumplimientos. También solicitó al Ente de Mantenimiento Urbano Integral que observe las obras que llevan a cabo las empresas y asegure una buena conformación y conservación de las veredas.

A los directivos de estos dos organismos, pertenecientes al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno porteño, la resolución, además, les recuerda el deber "de dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los artículos 13 y 32 de la Ley Nro 3, que establecen la obligación de prestar colaboración, con carácter preferente, a esa Defensoría del Pueblo en sus investigaciones y responder los requerimientos que se le efectúen en el plazo fijado por este órgano constitucional". 
 
La intimación a estos organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad, aclara la resolución, responde a que "la existencia de los baches, ondulaciones o irregularidades en las veredas o en el pavimento de las calles, que son causa de un accidente, responsabilizan al Gobierno de la Ciudad por cuanto es su función la conservación en buen estado y reparación de veredas y calzadas". En este sentido, el objetivo de la Defensoría explicitado en la resolución es que el Gobierno adopte las medidas necesarias "tendientes a evitar que las cosas bajo su dominio provoquen daños evitables". "El Estado, como determinan los preceptos constitucionales, debe proteger la salud, la salubridad y la seguridad peatonal de sus habitantes. Por lo tanto, debe controlar que las veredas permanezcan en condiciones tales que las personas puedan transitar sin correr peligro alguno".

En la recomendación elaborada por la Defensoría, se destaca que las empresas prestadoras de servicios que realizan trabajos en la vía pública deben cumplir con las exigencias normativas ineludibles "que implican ejercer su actividad comercial en armonía con los derechos elementales de las personas de transitar por los espacios públicos y de mantener indemne su integridad física". Por esa razón, se señaló que Edesur debe realizar los cierres definitivos conforme lo estrictamente regulado por la legislación local y que la omisión de reparar las veredas bajo las modalidades estipuladas y dentro de los plazos prescriptos representa una conducta no tolerada por el ordenamiento vigente.
  
En ese sentido, el texto de la resolución subraya que la ejecución de las aperturas en la vía pública destinadas a mejorar la prestación de servicios no debería generar impactos negativos en los habitantes de la ciudad, sino representar una intervención usual y habitual que no afecte la transitabilidad de los vecinos ni perjudique su integridad física. Además, la Defensoría advirtió que el Gobierno porteño tiene el deber de mantener en perfecto estado de conservación y mantenimiento las veredas y calles de la Ciudad, lo cual implica controlar que las empresas dejen en condiciones las veredas luego de realizar las obras.
 
Según el Código de Edificación de la Ciudad, las veredas deterioradas representan una "barrera urbanística", entendida como un "impedimento en la infraestructura en el mobiliario urbano y en los espacios públicos (parquizados o no) frente a las personas con discapacidad y/o necesidades especiales o con circunstancias discapacitantes". Finalmente, la resolución fija un plazo de 30 días para la reparación de todas las veredas que no fueron arregladas por Edesur, y le ordena a la empresa que debe "registrar, notificar, reservar en la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público para su seguimiento".

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