Buenos Aires, 1º de diciembre de 2017. El proyecto de Presupuesto 2018, con un cálculo de gastos y recursos de 222.383 millones de pesos para el año próximo, fue aprobado ayer por los diputados porteños en sesión ordinaria. La iniciativa contempla una reducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las industrias y una suba promedio del 20 por ciento de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). "La Ciudad presenta un presupuesto financieramente equilibrado, con superávit económico y primario, y con bases en las mismas variables macroeconómicas proyectadas por el gobierno nacional: un crecimiento del 3,5 por ciento, un tipo de cambio promedio de 19,30 pesos y una variación de precios del 12 por ciento", señalaron en el Ministerio de Hacienda porteño a favor de la iniciativa.

El jefe de gabinete porteño Felipe Miguel pasó por la Legislatura para brindar su informe semestral. El funcionario hizo eje en Educación y Seguridad, dos de los temas que causaron más controversia en la Ciudad durante 2017. La jornada fue suspendida luego de que trabajadores legislativos ingresaran al recinto para reclamar la reapertura de paritarias. Los militantes cortaron la luz del Parlamento e ingresaron por la fuerza al lugar, haciendo sonar sus bombos y tirando pirotecnia en los pasillos. Del reclamo participaron afiliados a los tres sindicatos existentes (ATE, SUTECBA y UPCN). Reclamaban la negativa oficial a autorizar un aumento de salarios para el sector.

Los docentes porteños, por su parte, se movilizaron ayer ante la Legislatura en contra la baja del Presupuesto Educativo, de acuerdo a lo resuelto en un plenario de delegados realizado el lunes pasado. También demandan que se resuelva la falta de vacantes en la oferta pública, que estiman que deja afuera a 11.000 niños y jóvenes. En el mismo plenario decidieron rechazar el proyecto oficial de cerrar los institutos de educación superior y el proyecto llamado de la "Secundaria del futuro".

En tanto que, en el marco de la discusión por la reapertura de la discusión paritaria de este año y ante la negativa por parte del Consejo de la Magistratura de disponer dicha reapertura e incluso otorgar el bono de fin de año, los judiciales porteños resolvieron en plenario de delegados, encabezado por Vanesa Siley, secretaria General y por Juan Rotta, secretario adjunto, convocarse en estado de alerta y movilización.

LOs judiciales porteños denuncian la injerencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad en la discusión salarial, sosteniendo que lo único que alega el Consejo de la Magistratura de la Ciudad es que desde el Ejecutivo porteño le informaron que la Ciudad "adhiere al pacto fiscal" y que por ello no procederán a la reapertura de la discusión paritaria como tampoco se otorgará bono de fin de año, algo que los trabajadores de la Justicia de la Ciudad consiguen desde hace más de 7 años. En un comunicado denunciaron que detrás de lo que el ejecutivo llama "pacto fiscal" se esconden políticas de ajuste y de pérdida de derechos hacia los trabajadores y que resulta inadmisible que el Consejo de la Magistratura en tanto órgano independiente administrador del Poder Judicial se someta a tal ajuste. 

El jefe de gabinete porteño Miguel en su presentación ante los legisladores se refirió a la Escuela del Futuro, una cuestión que desató protestas en 30 colegios de la Ciudad que incluyeron tomas durante varias semanas. "Vamos a aumentar la cantidad de horas de prácticas profesionalizantes en el último año de la secundaria, para que lleguen más preparados al mundo laboral", señaló sobre las pasantías no rentadas. "Cada alumno va a poder profundizar sus conocimientos según el área en la cual se quiera desarrollar en el futuro", ahondó sobre los planes que el Gobierno comenzará a implementar desde el año próximo.

La transferencia de competencias judiciales fue otro de los temas abordados por el Ministro Coordinador porteño y sobre los que no hay demasiadas novedades. "Seguimos a la espera de la aprobación del Congreso Nacional para el traspaso de la justicia a la Ciudad. Este es un paso clave para seguir mejorando la seguridad", explicó Miguel. En la misma semana se conocieron declaraciones del ministro de Justicia de la Nación en el sentido de darle nuevo impulso a esa transferencia que genera fuertes resistencias entre los trabajadores y funcionarios judiciales.

A la hora de las preguntas de los legisladores, Carlos Tomada, jefe de bloque del FPV pidió "más precisiones sobre los recortes presupuestarios" y reclamó cambios operativos: "sería bueno que sus exposiciones estuvieran acompañadas de las respuestas a los pedidos de informes".

La Seguridad fue otro de los temas que abordados por el ex ministro de Trabajo. El ex funcionario habló de "incumplimiento de las leyes vigentes" y puntualizó en la normativa ley de Seguridad porteña que fue aprobada con un amplio consenso en el recinto. "No fue respetado ni el texto ni el espíritu de la ley", aseguró Tomada. En otro punto, expresó "Basta de venta de tierras públicas. Cumplan la ley de Comunas", reclamó el legislador.

Su compañero de bloque José Cruz Campagnoli focalizó sus preguntas en el subte, cuyos nuevos horarios de funcionamiento son una promesa que aún no se concretó pero que empezarían a aplicarse desde el próximo 4 de diciembre. "El corrimiento del horario es una de las principales demandas de los vecinos. Es una necesidad del conjunto de los porteños. El mantenimiento de las señales no es un argumento válido para no prolongar el horario del subte", cuestionó.

Lorena Pokoik subrayó que "en 2016 hubo 11432 vacantes que no se pudieron cubrir" en colegios porteños y pidió saber la cantidad de cargos docentes se van a crear y cuál fue el diagnóstico del Gobierno para decidir el cambio de los institutos de formación docente por una Universidad.

María Inés Gorbea de Suma + María Inés Gorbea se interesó por el mapa del delito que aún no fue publicado por el gobierno. Usuaria de la Línea D quiso saber cómo hará SBASE para que los subtes "cumplan con la frecuencia de tres minutos en hora pico".

La abogada cercana a Martín Lousteau quiso saber en qué condiciones se privatizaría el servicio de Ecobici y se refirió a la transformación del Zoológico en Ecoparque, una de las decisiones más controvertidas de Larreta. Preguntó cómo se establecerán los cánones y "cuál es el criterio para concesionarlo por 30 años si hay edificios con diferentes superficies y no todos necesitan la misma cantidad de tiempo para recuperar la inversión".

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