Buenos Aires, 6 de abril de 2018. La suba de las tarifas del agua y el uso irracional del suministro en muchos edificios porteños, fueron algunos de los motivos que llevaron a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a presentar un proyecto para que todos los edificios que se construyan cuenten con medidores de agua tanto en los departamentos como los espacios comunes.

"Se advierte que, en la prestación actual, los métodos utilizados para calcular las tarifas pueden mejorarse en pos de garantizar el acceso de todas las personas al agua potable y el saneamiento, como así también, tender al consumo racional y sustentable conjuntamente con un mecanismo para una facturación razonable, más justa y más equitativa", expone en sus fundamentos el proyecto de cuatro artículos según lo publicado por el diario LA NACION y que fue presentado en la Legislatura porteña la semana pasada.

La iniciativa, que lleva el número de expediente 692-F-2018, plantea la modificación del artículo 5.11.1.0 del Código de la Edificación, al que se le sumaría lo siguiente: "Cada nuevo edificio contará con medidores de agua, en el caso de vivienda multifamiliar contará con uno para cada una de las unidades funcionales y un medidor de agua para los espacios comunes". El proyecto no menciona la situación de los edificios ya construídos.

"Con el sistema actual de medidores generales en edificios de propiedad horizontal, donde vive más del 70% de la ciudadanía, se da la injusticia de que el valor que paga uno depende de cuánto gasten sus vecinos, lo cual es injusto y arbitrario. Creemos que con este proyecto se da un primer paso en la búsqueda de que la gente pague lo que efectivamente consume, y que se abandone el cálculo por metros cuadrados y zonas o por un medidor que calcula el gasto de todo un edificio y lo prorratea por metros cuadrados", dijo Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad.

Los fundamentos del proyecto agregan: "El sistema que hasta ahora se ha venido implementando se basa en el modelo de cálculo de la tarifa computado, en la mayoría de casos, en razón de la superficie de las viviendas de los usuarios, junto a coeficientes relativos a la calidad del inmueble y al indicador zonal. Tal situación conlleva que, a diferencia del resto de servicios públicos esenciales, la facturación por el servicio de agua no se encuentre vinculada al consumo real de dicho bien por parte del usuario".

Quien se mostró conforme con la iniciativa fue Pablo Bereciartua, secretario de infraestructura y política hídrica del Ministerio del interior, quien dijo a LA NACION: "Uno de los aspectos fundamentales del Plan Nacional del Agua que estamos llevando adelante desde el Gobierno Nacional es aumentar la racionalidad en el consumo de agua potable y generar conciencia sobre su uso. Tenemos que cuidarla entre todos, por eso es importante avanzar en la medición, como hacen las principales ciudades del mundo".

"La secretaría de política e infraestructura hídrica dispuso que la colocación de medidores para usuarios residenciales en el área de cobertura de AySA sea sin cargo para el usuario. Un consumo racional implica mayor equidad porque mejora la eficiencia, reduce costos y genera más recursos para financiar el plan de expansión de infraestructura", concluyó Bereciartua.

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