Legislativas | Chau Basura Cero

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Los negocios antes que los espacios verdes

Analizan instalar planta de tratamiento de residuos en el barrio de Saavedra. Apunta al tratamiento de elementos reciclables. Los vecinos quieren allí un espacio verde. Más allá de esto, prosigue el plan de volver a quemar la basura. Para hacerlo, calculan siete incineradores en toda la ciudad, por 3.500 millones de dólares. Unos 1200 dólares por habitante. Por Martín Pérez Díaz
Buenos Aires, 20 de abril de 2018. La Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña realizó esta semana una reunión informativa para tratar un proyecto del Ejecutivo para construir una moderna planta de tratamiento de residuos en el barrio de Saavedra. El proyecto postula ubicarla entre las calles Holmberg, Deheza, avenida Parque Goyeneche y Arias de la Comuna 12. Vecinos pretenden allí un espacio verde.

La iniciativa tiene el propósito de modificar el Distrito de Zonificación U34 desafectando del mismo al predio delimitado por las calles Holmberg, Deheza, avenida Parque Goyeneche y Arias en la Comuna 12 de la ciudad de Buenos Aires para categorizarlo como Distrito de Zonificación E4 - Equipamiento Especial. De esa manera se podrá instalar una planta de tratamiento denominada MRF - Material Recovery Facility - que incluirá una línea automática completa de recepción, separación y preparación de materiales reciclables provenientes de la recolección diferenciada para su posterior comercialización.

La reunión comenzó con la intervención de la recicladora Amalia Trinidad Hernández quien se manifestó a favor de la planta y en contra de los incineradores. El apoyo también fue de la vecina Mercedes Austral con la advertencia de que "no es el lugar adecuado porque se inunda y ésta obra multiplica el cemento"; "queremos un espacio verde", enfatizó. En el mismo sentido expuso Fernando Díaz quien además anticipó que "la modificación del uso residencial a industrial generará juicios por parte de los vecinos que afectarán el presupuesto de la ciudad". En tanto José Olivo planteó también que "el único proyecto posible posible y viable es una plaza". Y Alejandro Tiscornia explicó su postura favorable al reciclado pero que "el proyecto contradice el artículo 27 incisos 3 y 4 de la Constitución porteña, la Ordenanza N° 50.384/96 y las leyes 1774, 449 y 4978".   

Según lo expresado en los fundamentos se pretende "otorgar al inmueble un uso más acorde a las necesidades de gestión, en particular referente al destino de residuos que se generan en la ciudad" sobre todo en la zona norte donde existen siete Puntos Verdes, "reduciendo considerablemente la huella de carbono, debido al menor traslado de los residuos que actualmente se envían a alguna de las plantas en zona sur".

El Director General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías, Pablo Andrés Rodríguez, responsable desde el año 2015 de la operación del centro de reciclaje de la Ciudad integrado por cuatro Plantas de tratamiento de residuos: una de áridos, una de orgánicos, una de restos forestales y una de PET destacó "la ubicación inmejorable del inmueble para el destino que se ha planificado otorgarle en tanto se encuentra muy próximo a los accesos Autopista Panamericana y Avenida General Paz".

"Esta planta tendrá capacidad para dar servicio a gran cantidad de campanas y puntos verdes pertenecientes a espacios públicos -se argumentó-, cubriendo las necesidades de las cooperativas de las diferentes zonas, que actualmente separan y clasifican los residuos de forma manual. De esta manera, las cooperativas podrán focalizar sus esfuerzos en la recolección de material seco, conteniendo inconmensurables mejoras en, por ejemplo, seguridad e higiene. Además, obtendrán beneficios económicos, debido a la automatización y eficiencia de los procesos de separación y clasificación, que les permitirá comercializar mayor cantidad de material".

Las plantas de tratamiento MRF utilizan tecnología de vanguardia para clasificar y separar automáticamente una 10 toneladas por hora de residuos secos. Estos son separados en papel, cartón, PET, metales ferrosos, plásticos en general, polietileno expandido, etc, permitiendo eficientizar el trabajo que se realiza en los Centros Verdes de la ciudad. El equipamiento mínimo es de ocho máquinas automáticas entre ellas abrebolsas (dosificadora), zaranda Glass Breaker (proceso eficiente de separación del vidrio, reduciendo la separación manual posterior en línea), separadores ópticos y magnéticos.

También presentan un complejo sistema para el control central automático -Advanced MRFTM- de toda la línea, el cual se puede ejecutar desde una computadora portátil, permitiendo a cualquier autoridad conocer el estado general de la planta. Por el tipo de residuos tratados estas plantas no generan olor ni emanación de gases ni otros contaminantes perjudiciales para la salud. En este sentido, los fundamentos afirman que "el tratamiento de este tipo de residuos en plantas con estas características conlleva un mínimo impacto ambiental".

Respecto al impacto visual, la planta estará cubierta por una estructura similar a un galpón y se proyecta parquizar y plantar árboles en la zona, incorporando el sector del barrio, a través de un espacio verde cerrado. El Anexo II propone que "el predio contará también con un sector de servicios, el cual albergará vestuarios e instalaciones sanitarias para ambos sexos en cantidad adecuada, como así también una cocina y comedor para el personal de la planta, una oficina y garitas de seguridad en el ingreso y egreso respectivamente".

La basura como negocio

Cada una de las siete plantas que el macrismo pretende instalar tendrá un costo millonario en dólares, que deberán generarse con nueva deuda pública. Con apenas el 4 por ciento de ese presupuesto se podrían instalar 40 centros de reducción de residuos.

El negocio detrás del proyecto para volver a incinerar la basura en la ciudad de Buenos Aires es millonario. Según los especialistas, cada planta que se pretende instalar tendría un costo de alrededor de 500 millones de dólares y el proyecto del gobierno porteño contempla un total de siete. La ciudad de Buenos Aires va a tener que endeudarse para poder llevar adelante la propuesta del oficialismo que se debate por estas horas en la Legislatura. Los especialistas coinciden en que con el 4 por ciento que costarán las plantas para incinerar se podrían instalar por lo menos 40 centros verdes para avanzar con la reducción de residuos, sobre todo, teniendo en cuenta que quemar basura es una práctica que se está abandonando en el resto del mundo porque afecta al medio ambiente.

Alicia Montoya, responsable del equipo técnico de la Cooperativa El Álamo, una de las organizaciones ambientales que trabajan por el reciclado y la recuperación de residuos y que generan puestos de trabajo que están en riesgo a partir de este proyecto, aseguró que la termovalorización que propone Larreta después de no aplicar durante diez años la Ley de Basura Cero, esconde un "negocio" y es el término "maquillado" para volver a quemar de basura. El gobierno de la ciudad pretende "habilitar un negocio con quien gane la licitación internacional que están preparando" porque "dicen que van a poner un incinerador, que ese incinerador va a absorber toda la basura que llega hoy al relleno sanitario y que no van a tocar lo que rellenan las cooperativas", señaló.

"A esto le agregan que van a generar energía y que va a tener un filtro extraordinario que lo vamos a poder seguir con nuestro smartphone para ver que hay cero contaminación. Todo eso es una mentira, porque cuando se concesiona el servicio del incinerador está quien va a operarlo, y se va a tener que pagar por cada tonelada que procese", argumentó.

Desde Greenpeace, su director, Diego Salas, coincidió en que "maquillan la quema de basura bajo el concepto de termovalorización" y aclaró que en realidad "no es una manera de generar energía sustentable como intentan venderlo". "Es quemar basura. Bajo este concepto de termovalorización nos pretenden esconder lo que realmente está pasando, la quema de basura que atenta directamente contra un sistema de reciclaje que es una de las bases de la Ley de Basura Cero. Los principales productos que más energía generarían a través de su quema son los que hoy se deberían estar reciclando", enfatizó.

En ese sentido, subrayó que todo lo que se hizo desde 2007, cuando comenzó a estar vigente la ley de Basura Cero, hasta hoy, "fue gracias al esfuerzo de los recuperadores urbanos". "El gobierno prestó pocos servicios de esto y no le puso la energía necesaria para cumplir con los pasos que se establecía en la norma, que dice que a 2018 deberíamos haber reducido en un 75 por ciento la basura que enterramos en el conurbano bonaerense y sólo redujimos un 30 por ciento", remarcó.

Para la legisladora de Unidad Ciudadana Andrea Conde, los porteños son "víctimas de la perversidad PRO, que durante todo este tiempo no cumplió ni con la primera de las metas que establecía la Ley de Basura Cero, que era disminuir el 30 por ciento de los desechos depositados en rellenos sanitarios para el año 2010". "La deficiencia en el desarrollo de la política se evidencia claramente. No se puede fortalecer la separación de residuos en origen o mejorar las condiciones del sector cartonero, si el Gobierno de la Ciudad destina sólo un 10 por ciento del total del presupuesto de gestión de los residuos al sistema de reciclado. Entonces, en vez de revisar su política, proponen incinerar la basura, lo cual es una contradicción absoluta con el espíritu de la ley. Con este proyecto lo que están enterrando es avanzar en la política de reciclado y la ciudad verde", aseguró Conde.

"La quema de basura pasó a llamarse incineración y ahora la quieren rebautizar como termovalorización energética. El nombre edulcorado no oculta los riesgos que este procedimiento implica debido a la liberación de dioxinas y furanos, reconocidos contaminantes orgánicos persistentes y cancerígenos", concluyó la legisladora. 

Desde el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), Silvia Ferreyra planteó que no es cierto lo que dice el gobierno porteño acerca de que no puede seguir avanzando en la aplicación de la ley así como está y por eso la propuesta de volver a quemar basura. "Eso no está agotado, nosotros desde hace diez años que venimos anticipando que si no se reduce la cantidad de residuos se llega a este momento con todos los rellenos sanitarios colapsados, pero lo que se propone no es una solución reparadora sino que además nos incide en una alternativa mucho más contaminante y muchísimo más costosa", enfatizó. 

Según Ferreyra, una sola planta de estas siete que se quieren instalar sale alrededor de 500 millones de dólares (es lo que cuestan en Europa). "Con un 4 por ciento de ese valor, se podrían instalar por lo menos 40 centros verdes en los distintos distritos para poder avanzar con el reciclado", indicó.

Si bien es cierto que algunos países europeos utilizan incineradores, también es una realidad que muchos de ellos y la Unión Europea los están dejando de lado por opciones más eficientes como el reciclaje y el compostaje. En enero de 2017 la Comisión Europea publicó su posición sobre el rol de la incineración en la economía circular, en la que instó a los países a priorizar las políticas de reducción y reciclado de residuos y a desalentar el uso de la incineración. 

El documento destaca que "la inversión en nuevas capacidades de tratamiento de residuos debe encuadrarse en una perspectiva a largo plazo de economía circular y debe ser coherente con la jerarquía de residuos de la UE, que clasifica las opciones para gestionar los residuos según su sostenibilidad y concede la máxima prioridad a la prevención y el reciclado de los residuos". También llama a los países con nula capacidad de incineración a "dar prioridad al desarrollo de sistemas de recogida selectiva e infraestructuras de reciclado en consonancia con la legislación", e indica a aquellos países con altos porcentajes de incineración que "tasas tan altas son incoherentes con objetivos de reciclado más ambiciosos", por lo que propone introducir o aumentar impuestos a la incineración, eliminar los subsidios a esta tecnología, imponer una moratoria sobre nuevas instalaciones y desmantelar las más obsoletas.

Cartoneros sin trabajo

Además del negocio detrás de la termovalorización y su impacto ambiental, más de 6 mil personas perderían su trabajo si se aprueba el proyecto del oficialismo. "Las cooperativas hoy intervienen sobre la generación de residuos domiciliarios, comerciales e industriales asimilables a domiciliarios, nosotros no recolectamos ni patogénicos ni residuos peligrosos", explicó Montoya.

"Tenemos un contrato con la Ciudad que dice que cada cooperativa tiene una zona de trabajo y tiene la exclusividad en la gestión de los residuos reciclables. Colectamos ese material, lo llevamos a plantas de tratamiento, se separa, no es basura, es material separado de origen: plástico, cartón, vidrio, metal. Entonces se separa, se acondiciona según el tipo de material e ingresa a la industria recicladora como materia prima", describió Montoya el trabajo que realizan desde las distintas cooperativas y que está en riesgo.  

En ese mismo sentido, aseguró que "es un enorme salto hacia atrás en la política ambiental y socio ambiental" la idea de volver a quemar basura, y remarcó que "en cada puesto de trabajo que se genera en una cooperativa, tenés por lo menos cinco puestos de trabajo indirectos. Hoy en toda la Ciudad más o menos hay seis mil personas que integran las cooperativas, así que estás hablando de 30 mil puestos indirectos, que en general son pymes".

"No es un problema de cartoneros, es un problema de la ciudadanía. De calidad de vida, de enfermedad a largo plazo", concluyó Montoya.


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