Buenos Aires, 4 de mayo de 2018. La Legislatura porteña aprobó en general, con 36 votos a favor y 22 en contra, la ley que habilitará a la Ciudad de Buenos Aires a incinerar los residuos urbanos que se generan en el distrito mediante la técnica que se dio en llamar "de termovalorización energética".

Hubo manifestaciones de organizaciones ecologístas y agrupaciones de cartoneros en contra de la medida. La rechazan por el peligro de sobre contaminación ambiental que implica la mencionada técnica y por la pérdida de la fuente de trabajo de los recicladores urbanos que recuperan para su reutilización los residuos que ahora se pretende quemar.

La aprobación de esta reforma implica según el gobierno la instalación de plantas de incineración en la ciudad, con el objeto de usarla para la generación de eléctricidad. El oficialismo pretende instalar siete plantas, a un costo de 500 millones de dólares cada una, según publicó Infobae. 

En las comunas de la ciudad hay 32 puntos verdes instalados por el gobierno porteño en los que se reciben reciclables limpios y secos. Los especialistas aseguraron que con un 4% de lo que le valdrían a la Ciudad las plantas para incinerar, se podrían instalar 40 puntos verdes más y así poder estar más cerca del 75% de reducción que imponía para hoy la antigua ley de Basura Cero. Por ahora no hay detalles de como se implementarán las medidas para llevar adelante la quema de basura.

El proceso de termovalorización (que implica la valorización térmica de los residuos) transforma la materia en energía a través de combustión. La quema de basura estaba prohibida por la Ley de Basura Cero (aprobada en 2007) que buscaba la reducción progresiva de los residuos sólidos urbanos y que la gestión macrista nunca cumplió con diversos pretextos. Dicha norma establecía plazos y metas concretas y promovía la reducción en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado.

La reforma impulsada por Larreta también propone formalmente reducir la cantidad de basura, con metas "de un 50 por ciento para el 2021, de un 65 por ciento para el 2025 y un 80 por ciento para el 2030, tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante 2012", postergando los objetivos anteriormente trazados. En tanto que prohíbe para el 2028 "la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables". Por otra parte, la iniciativa resalta la necesidad de incluir nuevas tecnologías a fin de colaborar con la reducción progresiva de la disposición final en los rellenos sanitarios e impulsa, en ese marco, la valorización energética.

Como resultado de ese método se destaca "una reducción del volumen de los residuos hasta en un 90 por ciento y la generación de cenizas que pueden ser reutilizadas en la industria de la construcción". Y la norma añade que "el principal objetivo será disminuir la cantidad de residuos que son dispuestos en relleno sanitario, permitiendo así valorizar un recurso que actualmente no presenta posibilidad de recupero alguna". Por último, indica que "gracias a la implementación de esta tecnología se puede recuperar la energía contenida en los residuos la cual, bajo un proceso de combustión controlado, puede ser transformado en energía eléctrica e inyectada en la red para uso domiciliario".

Según datos del propio CEAMSE, en cinco años no habrá más lugar para amontonar los residuos. José León Suárez recibe el 87% de los desechos acumulados, González Catán el 8%, y Ensenada el 5%. La Ciudad de Buenos Aires entrega 6760 toneladas diarias. De este total, el 49% es orgánico, 15% plástico y 14% papel y cartón. En promedio, cada dos segundos, el país produce una tonelada de basura y son 16,5 millones cada año. Aunque parezca increíble, solo el 23 por ciento de los encuestados por el organismo separa la basura domiciliaria.

Una denuncia calentó el debate de la ley de incineración. El ex legislador opositor Facundo Di Filippo y el ambientalista Enrique Viale convocaron el miércoles pasado a una conferencia en la Legislatura porteña, para denunciar que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad (APRA) que dirige Juan Bautista Filgueira Risso, elaboró una suerte de manual con directivas para manipular a la opinión pública, de manera que no se oponga a la incineración.

"Desinformar, confundir", es una de las propuestas del plan de acción para manipular a la opinión pública sobre el alcance real de la incineración, que lleva el membrete de la Agencia de Protección Ambiental. Di Filippo y Viale presentaron un PDF con distintos documentos con el membrete de APRA, que de un modo bastante torpe, proponían distintas iniciativas para confundir a los porteños sobre el alcance real del proceso de termovalorización. Los denunciantes nunca explicaron como accedieron a esos documentos de trabajo interno del organismo.

"La filtración de esta documentación prueba que el Gobierno intenta desinformar y crear una campaña de confusión para que estos temas pasen desapercibidos", criticó el referente del Partido Social, Di Filippo.

"Planteo Parcial/ Desinformar/ confundir", puede leerse en una de las hojas membretadas. Otro de los planes es hacer "recorridas" por plantas de termovalorización junto a intendentes bonaerenses y referentes mediáticos para convencerlos de las bondades del proyecto. También se traza un "mapa" de periodistas especializados según su permeabilidad a apoyar la iniciativa.

Desde APRA prefirieron mantenerse en silencio, aunque prometieron investigar la denuncia. "Nos enteramos hoy, tomamos conocimiento con la conferencia de prensa, no tenemos una respuesta oficial", comentaron desde el organismo a cargo de Juan Bautista Filgueira Risso, un hombre del jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

"Literalmente, nos quieren vender humo. Y estos documentos lo muestran con lujo de detalles. Este es el colmo de la escuela Durán Barba y de las noticias falsas: en este plan queda clarito como nos quieren hacer creer que la incineración es algo bueno para la ciudad, y la forma en que quieren neutralizar a las voces críticas", criticó la legisladora del PTS, Myriam Bregman, que participó de la conferencia en la Legislatura.

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