Buenos Aires, 25 de mayo de 2018. Con 46 votos positivos de los bloques Vamos Juntos, Suma +, Peronista, Partido Socialista y Gen, y 13 votos negativos de Unidad Ciudadana y diputados de izquierda, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó ayer una resolución por la cual se pide informe al ejecutivo local respecto del accionar de la Policía, el martes último, en los incidentes con activistas sindicales ocurridos en la línea H del Subte.

El texto aprobado fue propuesto sobre tablas y en el recinto por el diputado Eduardo Petrini (VJ) y se impuso en la votación respecto de otras iniciativas presentadas por UC, FIT, PST-FIT y AyL. Las propuestas de la oposición que no prosperaron incluían declaraciones de repudio a la actuación policial y a las sanciones a trabajadores que hicieron medidas de fuerza, otros textos de solicitud de informes y un pedido de citación al parlamento local al ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo.

La resolución votada en general por casi unanimidad y en particular por más de tres cuartos de los diputados presentes solicita al Poder Ejecutivo de la CABA que, en el término de 30 días, informe a la Legislatura "qué organismo emitió la orden de intervención policial", el pasado martes 22 en la estación Las Heras de la línea H del transporte público subterráneo; también se requieren datos sobre cantidad de efectivos y móviles afectados al operativo y "detalles de procedimientos, horarios, detenciones producidas y cualquier otro detalle que se considere de importancia".

Al tratarse la cuestión, sobre tablas, se puso a consideración un pedido de informe presentado por Carlos Tomada, presidente del bloque opositor UC. La iniciativa fue aprobada, en general, por 57 votos afirmativos y 2 abstenciones(AyL). Al momento de la votación en particular, se impuso por cantidad de votos (46 a 13) el texto propuesto por Vamos Juntos, que fue rechazado por la bancada kirchnerista y los legisladores de izquierda pero avalado por el PRO, sus aliados y el resto del cuerpo parlamentario.

Luego se inició un extenso debate, con la participación de varios legisladores y la expectante presencia en las gradas de trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro -AGTSyP-, conocidos como Metrodelegados.

Todo comenzó con intervenciones críticas a la gestión que desarrolla la concesionaria Metrovías por parte de los legisladores Fernando Vilardo (AyL), Gabriel Solano (FIT) y Patricio del Corro (PTS-FI). Ariel Álvarez Palma (VJ) respondió que "lo que pasó (el martes) estuvo al margen de la ley, lo dice el Código Penal" y aclaró que "la interrupción por la fuerza de un servicios público no es solo una huelga".

Tomada, a su turno, describió el contexto de políticas de ajuste sobre el salario, el empleo y la seguridad social y replicó que "acá hay un conflicto, que se debe resolver y el que no lo hace es el Gobierno de la Ciudad que tiene que sentarse a dialogar. Gobernar es solucionar conflictos", sentenció. El ex ministro nacional de Trabajo entre 2003 y 2015 comentó los motivos de por qué le dio, al final de su gestión, la personería gremial a los "metrodelegados", que antes se le negaba, pero enfatizó que "esa no es la cuestión", haciendo hincapié en el conflicto irresuelto y en "la necesidad de escuchar a los trabajadores".

Estas explicaciones generaron una reacción de Daniel Presti (VJ), quien hizo la tipificación de todos los delitos en que se habría incurrido y exclamó: "Qué nos vienen a hablar de represión, represión era la de los milicos. El personal policial tiene la obligación de intervenir y hacer cesar a los que estén cometiendo in fraganti delitos". También reclamó a los trabajadores "que cumplan la ley, que hablen menos y trabajen más, que no tomen de rehenes a los usuarios del subte y que no hagan abuso de derecho". En similar sentido se manifestó su par Diego García Vilas (VJ).

Santiago Roberto (BP), seguidamente, tomó la palabra para "repudiar la represión de los trabajadores del Subte que fueron golpeados y detenidos por ejercer su derecho de huelga". Y desde el oficialismo Hernán Reyes (VJ) tras esbozar una argumentación jurídica, refutó: "Con personería sindical o sin ella, no se pueden cortar las vías porque es un delito". Además, expuso la necesidad de reformular la ley de asociaciones sindicales a la que calificó como "muy restrictiva y excluyente".

Poco antes el socialista Roy Cortina había señalado que "el gobierno local y nacional equivocan el análisis político, hay una grave incomprensión de la vida real y por tanto un diagnóstico equivocado". 

Finalmente, el radical Juan Nosiglia (Suma+) dijo que lo sucedido "era previsible, en la larga lista de desaciertos del Gobierno de la Ciudad", a quien le propuso que convoque a "una mesa de diálogo" donde estén representados todos los sectores.

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