Buenos Aires, 6 de julio de 2018. En una reunión que mantuvieron el miércoles en la Casa Rosada, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, analizó la chance de transferir las empresas energéticas metropolitanas Edesur y Edenor a la provincia y la ciudad de Buenos Aires, aunque perdió fuerza la posibilidad de que se siga el mismo camino con la firma proveedora de agua corriente Aysa.

El traspaso de estas empresas de servicios públicos metropolitanas desde la Nación hacia la provincia y la ciudad de Buenos Aires es un reclamo de los gobernadores del interior del país, por lo que Cambiemos comenzó a discutirlo con los mandatarios oficialistas que deberían absorber los costos del funcionamiento de esas firmas.

Este pedido se activó como respuesta a la Casa Rosada luego de que el macrismo metiera presión a todas las jurisdicciones para reducir el déficit fiscal, en línea con el acuerdo de financiamiento firmado con el FMI. 

La combinación del alza del petróleo, la devaluación del peso y las bajas temperaturas de este invierno llevarán a que el Estado nacional deba subsidiar al menos un 65% del costo real de la energía que se consume en Capital Federal y el gran Buenos Aires. El gasto que la Nación hace para mantener a menor precio la tarifas de las eléctricas en los dos distritos gobernados por Cambiemos aceleró en el Gobierno la discusión sobre el traspaso de Edesur y Edenor a Provincia y Ciudad, ya que los gobernadores peronistas quieren que Macri haga el mismo ajuste que impulsa en los distritos, ya que de acuerdo a cifras que circulan entre los mandatarios provinciales, los usuarios de Edenor y Edesur reciben un subsidio hasta 300% mayor que el de los habitantes de las provincias.

La razón central para que deban aumentar los desembolsos del Estado es el costo de generación eléctrica para producir 1 MWh, el cual llega a los cien dólares de acuerdo a especialistas del mercado de hidrocarburos. El enojo de los mandatarios provinciales se debe las dos empresas de energía subsidiadas por todos los argentinos, Edenor y Edesur, se llevan el grueso del beneficio, y solo para suministrar electricidad a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Las cifras son explícitas: mientras generar un MWh cuesta 2900 pesos- y que en las provincias se paga en promedio en torno a los 2000 pesos-, las mayores distribuidoras eléctricas del país, que son controladas por el Estado nacional a través del ENRE y solventadas por todas los distritos, le cuesta a los boanerenses y porteños alrededor $960 por MWh consumido, por lo que pagan casi un tercio menos que en el interior.

El planteo de los gobernadores peronistas para que la Nación deje de financiar el funcionamiento de empresas de servicios públicos que sólo dan servicio en la provincia y la ciudad de Buenos Aires incluye también que esos dos distritos se solventen los subsidios por transporte público que en la actualidad son claramente mayores a los del resto del país. En el caso del transporte metropolitano, se calcula que la Nación aporta entre 40 y 50 mil millones de pesos anuales en subsidios, mientras que los gobernadores consideran que deberían financiarlo los distritos que gobiernan Vidal y Rodríguez Larreta.

Al término de una reunión realizada el martes pasado en la sede de la Casa de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires, de la que participaron los ministros de finanzas de once provincias argentinas, el cordobés Giordano, que fue uno de los voceros en el contacto con la prensa, apuntó "La decisión que ya manifestaron los gobernadores es acompañar al Gobierno nacional en este momento difícil, pero un punto de partida básico es la equidad". Y abundó sobre la primera condición para ese acompañamiento: "Si se va a revisar el gasto público nacional, la prioridad es que todo este gasto que hace la Nación en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, y que no lo hace en el resto del país, ante todo, hay que revisarlo".

Giordano dejó en claro que esa es la condición para "poder avanzar luego en otros temas". Se trata del traspaso a los gobiernos porteño y bonaerense de los subsidios a los servicios de electricidad (Edenor y Edesur) y de agua potable (Aysa), fundamentalmente, como también al transporte, seguridad y justicia ordinaria. "Ante todo hay que resolver esa enorme inequidad", dijo. Se trata de unos 80.009 millones de pesos (0,63% del PBI), sin contabilizar las dos empresas distribuidoras de electricidad ("no es posible cuantificarlos porque ha habido cambios respecto del Presupuesto 2018", dijo Giordano).

 

Estos temas estuvieron sobre la mesa en las conversaciones de funcionarios nacionales con algunos gobernadores opositores, en el marco de las negociaciones para aprobar el proyecto de presupuesto 2019 en el Congreso de la Nación. Otro punto en discusión en el marco de la crisis autoinfligida por el gobierno de Cambiemos es el reclamo de las provincias para suspender la rebaja de impuestos provinciales que había sido acordada en el Consenso Fiscal firmado en noviembre de 2017. Sobre las administraciones de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal recaerían los costos económicos (y políticos) de los reclamos a partir de los cuales los gobernadores de las provincias están dispuestos a contribuir a la baja del déficit prometida al FMI.

Si bien no se emitió información oficial de la reunión realizada en la mañana de ayer en el despacho del jefe de Gabinete, Marcos Peña, trascendió que Dujovne, Vidal y Rodríguez Larreta continuarán evaluando la posibilidad del traspaso de las dos energéticas, al tiempo que se habría desestimado lo mismo para el caso de Aysa. La explicación en este último caso es que los costos operativos están cubiertos y que, además, la carga que tiene en el presupuesto es por grandes obras de infraestructura imposibles de financiar por municipios y provincias.

En su última exposición en el Congreso, Dujovne había dicho que Aysa "sólo recibe subsidios para realizar obras en todo el país por aproximadamente unos $ 15.000 millones". De esta forma, todo indica que el funcionario adelantó que la empresa proveedora de agua potable en Capital Federal y 26 municipios bonaerenses seguirá en manos de la Nación.

Equidad en el esfuerzo entre la Nación y todas las provincias, más garantía de inalterabilidad del presupuesto social para 2019. Esta es la fórmula sobre la que gran parte de las provincias gobernadas por la oposición (Córdoba en primer lugar) están dispuestas a hacer realidad el compromiso que anticiparon sus gobernadores en función de reducir el déficit fiscal al 1,3 por ciento del producto interno bruto (PBI) el año próximo, en línea con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

La fórmula había sido planteada el viernes por el gobernador Juan Schiaretti y fue compartida el martes en la Casa de Entre Ríos porteña, durante un encuentro que reunió a los ministros de Finanzas de 11 provincias (incluido el cordobés, Osvaldo Giordano), como continuidad del que en el mismo lugar habían sostenido una semana antes los gobernadores Schiaretti; el anfitrión y entrerriano Gustavo Bordet; el chaqueño, Domingo Peppo; la fueguina, Rosana Bertone, y el salteño, Juan Urtubey.

A diferencia de sus gobernadores, que se habían reunido también para almorzar de cara al televisor que transmitía Argentina-Nigeria, esta vez no hubo almuerzo. Pero sí, en cambio, dos datos políticos sobresalientes: un número sumamente mayor al de los convocantes iniciales y la participación, entre ellos, no sólo de peronistas "dialoguistas", sino también de un "díscolo" (el ministro de Gobierno pampeano de Carlos Verna) y de un opositor no peronista (el socialista santafesino Miguel Lifschitz). Se trató, en definitiva, de un primer paso hacia la conformación de una masa crítica, unificada en torno a criterios por ahora comunes y de cara a la negociación aún no abierta por el Gobierno nacional para la elaboración del Presupuesto 2019 que tiene que presentar antes del 15 de septiembre. Buscan así neutralizar cualquier intento de la Rosada de negociar bilateralmente, después de hacerlo con los gobernantes oficialistas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. 

No hubo un documento final de la reunión en la que participaron los ministros de Entre Ríos, Córdoba, Salta, La Rioja, Chaco, Tierra del Fuego, Formosa, San Juan, Catamarca, La Pampa y Santa Fe, más equipos técnicos de los bloques de Argentina Federal en el Senado y en Diputados. Los encargados de informar a la prensa sobre la reunión fueron Giordano, su par entrerriano, Hugo Ballay, y el jefe de Gabinete salteño, Fernando Yarade.

Los tres coincidieron en rechazar de plano el interés de esas provincias de incidir sobre políticas de mayor recaudación en función de reducir el déficit (cambios en retenciones, gravar grandes capitales, impuestos al turismo). "Lo que nos importa es defender los recursos que sostienen nuestros presupuestos y que tenemos riesgo de no contar con ellos, después de que empezamos a buscar el equilibrio (durante los primeros seis meses de este año de aplicación del Acuerdo de Consenso Fiscal)". Ballay abundó al respecto: "Primero se aprobó el Presupuesto 2018, dos meses después el Consenso y ahora, tras seis meses de ejecución real, hay que revisarlo".

Los ministros acordaron en dos puntos centrales, que elevarán a los gobernadores, para la hora en que sean convocados por la Rosada. El primero de ellos tiene que ver con que no están dispuestos a resignar recursos que la Nación les envía para el gasto social. En 2018 fueron 41 mil millones de pesos: 33 mil millones del Fondo de Incentivo Docente y ocho mil millones para el sector salud. Tampoco en lo que hace a fondos para obras públicas.

Los ministros no avanzaron, en cambio, sobre modificaciones en el cronograma de reducción de impuestos provinciales (Ingresos Brutos y sellos) comprometido en el Consenso Fiscal, y menos aún en la suspensión de su implementación. No quisieron hacerlo porque esos compromisos de disminución difieren entre las provincias, aunque Giordano reconoció que "es pertinente una revisión".

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