Legislativas | Bienes públicos

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Liquidación de invierno

El gobierno de la Ciudad quiere vender más de 50 propiedades públicas. Horacio Rodríguez Larreta envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley para vender 51 inmuebles públicos porteños. Se dice que con los fondos recaudados se financiará el traslado de oficinas públicas a zonas del sur de la Ciudad. Por Martín Pérez Díaz
Buenos Aires, 27 de julio de 2018. Buscan vender 51 inmuebles para financiar la mudanza de dependencias porteñas. Antes del receso invernal en la Legislatura porteña, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta envió un proyecto para declarar innecesarios 51 inmuebles y que al mismo tiempo se autorice sus subastas. De esta manera, pretende financiar la mudanza de dependencias a las comunas 8, 9 y 4, ubicadas al sur de la Ciudad de Buenos Aires.

El gobierno envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley para vender 51 inmuebles públicos porteños. La iniciativa incluye que, con los fondos recaudados, se solvente el traslado de oficinas públicas a zonas del sur de la Ciudad. Entre estos estarían la sede de la Administración gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y el Ministerio de Economía y Finanzas, que pasarían a  Parque Patricios.

Algunas propiedades son viviendas, oficinas e incluso edificios históricos de los cuales el gobierno busca desprenderse. Entre ellos se encuentra la sede del Ministerio de Educación, en Paseo Colón al 200. Otros inmuebles son la sede de Comuna 1, la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores y el Archivo general del registro Civil.

También Larreta busca vender edificios barriales. Esto generará polémica porque en algunos casos están en funcionamiento o lo estuvieron hasta hace muy poco. Están en la lista, en ese sentido, el edificio del Mercado de Flores, en Ramón Falcón al 2700, y el edificio de Cervantes al 2400, en Villa Devoto, en el que funciona el Centro de Jubilados “Rincón de amigos Francisco Manrique”.

El proyecto de ley se tratará en las primeras sesiones legislativas de la segunda mitad del año, que empezarán el próximo 2 de agosto. Dice, como justificación, que la venta de estos inmuebles tiene el objetivo de "no comprometer el presupuesto".

Jonatan Baldiviezo, referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, se refirió a la propuesta y sumó la intención de cambiarle el destino a otros 18 inmuebles, cuyos desprendimientos había sido votado en otras leyes.

Si bien podría coincidir a simple vista, Baldiviezo marcó sus cuestionamientos sobre la "letra chica". Es que la normativa habilita a comprar y también alquilar inmuebles. Por lo tanto no hace falta que adquiera un nuevo terreno público en el futuro. A su vez, señaló que no se menciona el plan del Gobierno, tampoco figuran cuáles son las oficinas a trasladar y qué inmuebles se podrían comprar.

De esta manera, consideró, que se trata de una mala política de achicamiento de los bienes públicos y además planteó que las mudanzas podrían ser una pantalla para favorecer al mercado inmobiliario.

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