Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018. En repudio de la "justicia patriarcal" que absolvió a los imputados en el caso del femicidio de Lucía Pérez en 2016 en Mar del Plata decenas de miles de manifestantes marcharon junto a Marta Montero, madre de la joven, desde el palacio de Tribunales hasta la Plaza de Mayo, mientras que en varias ciudades del país también se hicieron también marchas para acompañar el segundo paro nacional de mujeres que se realizó en todo el país.

"Este papelón que hicieron estos jueces enaftalinados y retrógrados de culpar a una chica de 16 años por haber tenido sexo, por haber tenido un carácter fuerte, no va a quedar así. No nos van a callar ni amedrentar, porque todos ustedes están con nosotros", dijo Montero en referencia al fallo del tribunal integrado por los jueces Aldo Carnevale, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas.

La mujer aseguró que "el narcotráfico de Mar del Plata pagó para tapar la muerte de Lucía". "Ahora hay autos de alta gama vigilando mi casa, pero no lograrán que mi familia abandone la búsqueda de justicia por mi hija", enfatizó Montero.

Las mujeres marcharon encolumnadas detrás de una bandera con la leyenda "Todas somos Lucía. La justicia patriarcal es impunidad", en un recorrido que incluyó una parada en el Obelisco para hacer una intervención artística en la que unas 20 manifestantes vestidas de verde y negro se acostaron en el piso con la foto de Lucía en el pecho.

Detrás se oían las bocinas de los conductores que pretendían circular por la avenida 9 de Julio, mientras que Valentina, una joven de 17 años que participaba de la protesta, les mostraba un cartel que decía: "Disculpen las molestias, nos están matando".

No había operativo policial en el recorrido de la marcha de mujeres, sólo algunos agentes de tránsito ayudaron a las organizadoras a cortar las esquinas para que pudieran avanzar las columnas, que dejaron atrás el Obelisco para entrar a Diagonal Norte cantando: "No están perdidas, están desaparecidas para ser prostituidas".

Con lágrimas en los ojos, con enojo en el rostro o incluso con alegría, en el camino hacia Plaza de Mayo las manifestantes gritaron el nombre de más de 100 mujeres víctimas de femicidio y advirtieron: "¡La justicia patriarcal se va a caer!".

"No estamos dispuestas a cerrar los ojos frente a una injusticia tan grande. La Justicia, como institución central del Estado, nos ataca responsabilizando a Lucía de su propia muerte", dijo una manifestante.

La muerte de Lucía Pérez, que dio origen al primer paro nacional de mujeres el 18 de octubre de 2016, volvió a lograr gran convocatoria este miércoles, señalaron las organizadoras, que destacaron el alto acatamiento en varias ciudades del país. "Hace dos años el movimiento feminista salió a la calle como reflejo de la bronca que nos da que nos salgan a matar. Diluviaba y no se movía una sola compañera", recordó Cisneros, dirigente de una de las organizaciones feministas que convocó a la movilización y paro de hoy, junto con agrupaciones gremiales.

Las mujeres exigieron además frente a los tribunales de la calle Talcahuano la "democratización de la justicia", con "jueces electos por el voto popular que rindan cuentas al pueblo y no al poder económico o al narcotráfico, como en el caso de Lucía". 

"Hace dos años que nos movilizamos en contra del femicidio y el poder político no nos da una respuesta. El presupuesto que se acaba de aprobar destina 11 pesos por día a cada mujer víctima de violencia de género", cuestionó Cisneros.

El Tribunal Oral en lo Criminal de la ciudad de Mar del Plata, integrado por los jueces Pablo Javier Viñas, Juan Facundo Gómez Urso y Aldo Daniel Carnevale, resolvió a fines de noviembre y en el marco de un juicio oral y público, absolver por unanimidad a los tres imputados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Perez (16 años), ocurrido el 8 de octubre de 2016. Sólo dos de los imputados fueron condenados por el Tribunal por delitos vinculados a la Ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes.

Según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) "La lectura atenta de la sentencia exhibe una indiferencia total a las exigencias que el derecho internacional de los derechos humanos plantea desde hace décadas en relación con la incorporación de perspectiva de género en el juzgamiento de delitos sexuales. En particular, la decisión está basada en una apreciación plagada de estereotipos sexistas y discriminatorios, transformando el juicio en un juicio sobre la biografía de Lucía, la víctima, en lugar de concentrarse en el análisis de la conducta de los acusados (...) Debe quedar claro que no se trata de recomendaciones doctrinarias u opiniones, sino de criterios interpretativos y pautas de valoración que son exigencia de la Constitución Nacional (art. 75 inciso 22 CN) a la hora de juzgar hechos con perspectiva de género.", afirma.

Y agrega "Los fundamentos que se exponen en la sentencia no son más que referencias a las comunicaciones privadas de Lucía Pérez, sus experiencias sexuales previas, su condición de consumidora de drogas, el tipo de vínculo con su familia, sus inasistencias escolares o la edad de las personas con las que se vinculó en otros momentos, por mencionar solo algunas de ellas, que son prejuiciosamente proyectadas como elementos que apoyan la existencia de consentimiento (...) Los jueces del Tribunal se apoyan en la vida pasada de Lucía – con ejemplos de hasta 6 meses de previos al hecho en algunos casos- para dar por sentado que en una escena en la que participan hombres adultos, que comercializan drogas con una persona menor de 16 años de edad, existió consentimiento. Justifican así la decisión de absolver sin dar la más mínima explicación lógica respecto de cuáles son las razones objetivas no apoyadas en la demonización de la víctima".

"El proceso penal es un compromiso tanto con las garantías de las personas acusadas como con la tutela judicial efectiva de las personas que resultan víctimas. La abrumadora cantidad de prejuicios ostentados durante el transcurso del juicio y ratificados por los términos de la sentencia, hacen de la decisión una imposición arbitraria y reivindicativa de la cultura de la violación. Decisiones de este tipo convierten a los juicios por delitos sexuales o con personas dañadas en razón de género en juicios sobre las víctimas y sus formas de vida, en lugar de procesos justos contra las personas acusadas. Eso no es justicia, es sexismo, es impunidad. Desde el INECIP repudiamos esta resolución, esperamos que las instancias revisoras estén a la altura de las exigencias de una sociedad menos violenta y misógina y acompañamos a la familia y amigxs de Lucía", concluye.

Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir