Buenos Aires, 5 de julio de 2019. La Legislatura aprobó ayer una ley que faculta al Poder Ejecutivo a vender doce terrenos que fueron cedidos a la Ciudad de Buenos Aires por el gobierno Nacional, entre los que se encuentran polígonos delimitados dentro del Barrio Padre Carlos Mugica de Retiro, el Mercado de Hacienda de Mataderos y la Estación Dorrego de Villa Crespo como los más importantes. Lo recaudado tendrá como destino el financiamiento de programas de infraestructura en salud, educación y vivienda, como así también la cancelación de amortizaciones de deuda. 

Los vecinos de Villa 31 se movilizaron hasta el recinto legislativo y denunciaron que el proyecto significa "el remate de la barrio y la expulsión de sus habitantes". "No nos quieren en esas tierras que son deseadas por este gobierno para los grupos corporativos. Están cortando el futuro de nuestros hijos, porque nos va a dejar sin vivienda", advirtió a este diario Héctor Guanco, integrante de la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa del barrio.

Parte de lo obtenido por las ventas de las tierras se destinará a pagar la deuda de 175 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF), que le transfirió Nación a Ciudad por las obras del Paseo del Bajo.

Los inmuebles que forman parte del polígono denominado Barrio Padre Carlos Mujica, según la ley, serán enajenados "con el fin de brindar soluciones habitacionales definitivas, facilitar el funcionamiento de las sedes de organizaciones de la sociedad civil, establecimientos comerciales y para el desarrollo de equipamiento socio-urbano". Un consenso alcanzado modificó este jueves la redacción del proyecto e incluyó en uno de sus artículos que "el Gobierno de la Ciudad deberá garantizar la construcción de al menos dos nuevos establecimientos educativos dentro del polígono Barrio Padre Carlos Mugica" y aclara también que deberán construirse de forma adicional a los polos educativos Mugica y María Elena Walsh.

Además, se establece que sobre el terreno del Mercado de Hacienda "el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantendrá el dominio de la superficie destinada para uso y utilidad pública de acuerdo a lo que establezca la Ley de Desarrollo e Integración Urbana del Predio Mercado de Hacienda, siendo la mencionada superficie del 65% del total". 

La iniciativa tuvo despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside la diputada Paula Villalba (VJ). En su tratamiento en Comisión, el diputado Mariano Recalde (UC) presentó un dictamen de minoría al considerar que "la enajenación de los terrenos contenidos en el articulado de la presente norma constituiría una decisión inadecuada en materia de administración de los activos y pasivos de la Ciudad. No existen razones de emergencia financiera para que esta Legislatura apruebe su autorización para la venta". En tanto el legislador Gabriel Solano (FIT) planteó observaciones. 

Durante el debate del asunto en el Recinto, el jefe de la bancada oficialista, diputado Agustín Forchieri (VJ), fue el miembro informante y destacó que durante el proceso de reubicación de vecinos del barrio Mugica no se realizarán desalojos forzosos. Además valoró que fruto del consenso se haya avanzado en la construcción de 2 nuevas escuelas y que la Ciudad va a ganar 2 hectáreas que antes no tenía.

Desde la oposición, por un lado cuestionaron la venta de tierras públicas para pagar amortización de deuda y la forma en que se pretende urbanizar el barrio. También calificaron al proyecto como un "negocio inmobiliario" y una ley expulsiva de los vecinos. Por otra parte, desde el bloque Evolución consideraron que la iniciativa "presenta un paso fundamental y en dirección correcta para lograr la urbanización del barrio y su regularización dominial".

La ley resultó aprobada con 41 votos a favor (VJ, Ev, PS, MC) y 17 negativos (UC, BP, GEN, FIT, AyL, MST).

 

La Legislatura autorizó en paralelo al Poder Ejecutivo a endeudarse para realizar la recuperación del edificio de la ex cárcel de Caseros. Será a través del Ministerio de Economía y Finanzas y mediante uno o más empréstitos públicos con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional -FFFIR-, Bancos de Desarrollo, Organismos Multilaterales de Crédito, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo o cualquier otra institución financiera local o internacional; o a emitir títulos de deuda pública en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local. Estas operaciones tendrán un plazo mínimo de amortización de un año, y un monto máximo total de hasta  72 millones de dólares o su equivalente en pesos, otra u otras monedas.

El destino de las operaciones de crédito público será el desarrollo de un edificio gubernamental mediante la refuncionalización, ampliación, construcción y puesta en valor del predio en el que funcionaba la ex cárcel de Caseros (barrio Parque Patricios) y el financiamiento del plan de relocalizaciones. Las obras se llevarán a cabo en la manzana comprendida entre las calles Pichincha, Pasco, Caseros y futura prolongación de la calle Rondeau.

Además se autorizó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a ampliar el Programa de Financiamiento en el Mercado Local, regulado por la Ley N° 4.315, sus modificatorias y complementarias. Las ampliaciones correspondientes serán también por un importe total de hasta 72 millones de dólares o pesos.

"Este proyecto atiende al objetivo de desarrollo de zonas postergadas de la Ciudad. A través del mismo se procura revitalizar el área, al mismo tiempo que ayuda a descongestionar la zona céntrica de la Ciudad y eficientizar la gestión edilicia, como el funcionamiento de los organismos de gobierno. Conforme al Plan de Relocalizaciones, las acciones se orientan hacia la centralización administrativa del gobierno, que comprende el diseño de las oficinas y apoyos complementarios, el equipamiento, la mudanza y los lineamientos de operación y mantenimiento del inmueble", según sostienen los fundamentos de la iniciativa presentada por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

La presidente de la Comisión de Presupuesto, diputada Paula Villalba (VJ), fue la miembro informante del tema y tras explicar los principales puntos del proyecto aseguró que "la obra es sinónimo de esperanza y una vida mejor para esta generación y las futuras". En el Recinto de Sesiones los bloques opositores expresó su opinión negativa frente al proyecto y todos coincidieron en que la iniciativa producirá un endeudamiento excesivo e innecesario y que el gobierno debería priorizar otras áreas como salud y educación.

La votación resultó con 35 votos positivos, 13 negativos de la izquierda, Unidad Ciudadana y Bloque Peronista, y 5 abstenciones de Evolución.

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