Buenos Aires, 25 de octubre de 2019. Esta semana, a días de la primera vuelta porteña, se conoció que la empresa Subterráneos de Buenos Aires demandó al Metro de Madrid por venderle vagones con asbesto y que reclama un resarcimiento de 15 millones de euros. La empresa reclama que se declaren nulos los contratos por haber adquirido bienes cuya comercialización estaba prohibida y exige una compensación en concepto de daños y perjuicios.

Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), la empresa de la Ciudad de Buenos Aires que administra la red de subtes, demandó al Metro de Madrid por venderle vagones con asbesto, también conocido como amianto, un material cancerígeno. En la denuncia presentada ante la Justicia española, exige en concepto de indemnización por daños y perjuicios un monto cercano a los 15 millones de euros.

La compra de 36 vagones CAF 5000 se produjo entre septiembre 2011 y noviembre de 2012 durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño. En la demanda, la entidad denunciante reclama que dos contratos de enajenación de material móvil firmados en ese período sean declarados nulos de pleno derecho por haber transferido bienes cuya comercialización estaba prohibida.

En 2001, el gobierno español conducido por José María Aznar adoptó una legislación europea por su compromiso con la salud. La normativa prohibía desde entonces el acuerdo celebrado entre las administraciones de subtes de ambas ciudades una década después. "Se prohíbe la comercialización de todas las variedades de amianto (crocidolita, amosita, amianto antofilita, amianto actinolita, amianto tremolita y crisotilo) y de los productos que contengan estas fibras añadidas intencionadamente", reza la medida.

Según medios locales, el Metro de Madrid tenía constancia de que su red de trenes había sido construida con este material tóxico desde 1991. Se lo comunicó a sus trabajadores recién en 2017. Y le vendió dos lotes al gobierno porteño a cambio de 5 millones de euros, con conocimiento de que estaba ignorando una norma en el intercambio de material prohibido y contaminado.

Hace una semana. sintesisporteña publicaba "Los manuales técnicos de los 36 coches CAF 5000 que Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) le compró al metro de Madrid para el subte B decían que tenían asbesto. Aún así, la operación por 4,2 millones de euros se concretó, a pesar de que esa sustancia cancerígena está prohibida tanto en España como en la Argentina. Lo reconoció el propio presidente de Sbase, Eduardo de Montmollin, en un informe transmitido por CNN en Español. Montmollin argumentó que asumieron que el metro madrileño había retirado ese material y que estaban en condiciones de poder vender los vagones. "Es cierto que hay documentación que dice eso pero no había manera de afirmar o validar si esto efectivamente era cierto o no", se excusó Montmollin, en diálogo con la periodista Emilia Delfino. Y continúo: "La documentación técnica de un tren pueden llegar a ser unos manuales y carpetas así, y lo que dice es una letra chiquita en la página 473 del tomo cuatro del manual de descripción de partes. En teoría los técnicos de Sbase..., no puedo garantizar que se hayan leído todas y cada una de las páginas de todos los manuales técnicos".

En el informe muestran una copia del manual en que se lee con claridad que los vagones tiene dos planchas aislantes de amianto, también conocido como asbesto. Un material cancerígeno por el que ya enfermaron 11 trabajadores del subte B. Mientras tanto, 180 más están haciéndose análisis para ver si están afectados."

El argumento esgrimido por la empresa porteña parece destinado a salvar las responsabilidades de las autoridades argentinas en la adquisición de vagones que contenían piezas fabricadas con un material de uso prohibido en nuestro país. De acuerdo a la presentación realizada el martes de esta semana en Madrid, SBASE alega que realizó la adquisición de buena fe y que Metro de Madrid debería haberse asegurado de cumplir con las normativas españolas que prohibían la presencia del mineral en los trenes.

Además, Subterráneos desestimó el argumento ya esgrimido por Metro de Madrid, que sostenía que la presencia de piezas con asbesto estaba indicada en los manuales de los trenes, al afirmar que dichos documentos contaban con más de 30 años de antigüedad al momento de entregarlos y se asumió, por lo tanto, que los madrileños realizaban la venta conforme a las exigencias legales vigentes en 2011.

De esta manera, el escrito concluye que Metro de Madrid nunca debería haber ofrecido estos trenes al mercado, ni mucho menos actuar como si no tuvieran asbesto cuando, en realidad, no lo ignoraba ni podía desentenderse de las implicancias en caso de tenerlo. Afirma que la empresa municipal de la capital española incumplió los contratos al entregar material rodante inviable para su uso. Precisa, a su vez, que dispone de derecho para ser resarcido ante reclamos de terceros y organizaciones ambientales que hayan presentado o sigan presentando en el país por las consecuencias del asbesto. En el documento, el subte porteño argumenta que las responsabilidades por los costos de la contaminación deberán ser asumidas por Metro de Madrid hasta la eliminación del material cancerígeno. Exige la compensación por daños y perjuicios de exactos 14.978.395,9 euros –más intereses– como resultado de la suma de 19 gastos, entre las adquisiciones, los servicios contratados, los derechos de importación, los costos logísticos, los seguros y el almacenamiento.

La enérgica reacción de Subterráneos de Buenos Aires, empresa controlada por el GCBA, se da luego de que un informe de CNN revelara que el gobierno de Larreta sabía que los trenes contenían asbesto al momento de su compra a Madrid. Y un mes después que se conociera la noticia de que un ingeniero en Seguridad Ambiental presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por estos hechos. En ella, el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, junto a Montmollin fueron imputados de los delitos de violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento por la compra e importación de vagones que contenían la sustancia prohibida amianto (asbesto) y que fueron destinados en 2011 a la línea B del subterráneo porteño. En esa época, Macri era el jefe de Gobierno y Larreta su jefe de Gabinete o ministro coordinador.

Si bien los CAF 5000 que quedaban en operación fueron retirados de servicio en febrero de 2018, apenas estalló el escándalo en España al conocerse la muerte de un trabajador por haber inhalado fibras de asbesto a lo largo de más de treinta años de trabajo en los talleres madrileños, recientes estudios determinaron que las flotas más antiguas de la red también cuentan con este material puesto que su utilización era legal y extendida en una gran variedad de usos en los momentos en los que fueron respectivamente fabricadas.

Así, se determinó que los trenes CAF-GEE de la línea E, los Nagoya serie 250/300/1200 -que hasta fines de septiembre circularon en la línea C- y los Mitsubishi de la línea B, vehículos fabricados entre fines de la década del 50 y de la década del 60, cuentan con piezas hechas de asbesto que si bien no están al alcance de los pasajeros, sí lo están de los mecánicos que efectúan las tareas de mantenimiento del Subte.

Estos trenes tendrían que haber sido retirados de servicio al momento de producirse en nuestro país la prohibición del uso del amianto o asbesto en 2003.

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