Buenos Aires, 15 de noviembre de 2019. Se suceden las noticias que demuestran la desatención pública al problema de la contaminación con asbesto en la ciudad, sustancia prohibida desde 2001. Ahora los trabajadores del subte denuncian que también en la Línea C hay vagones con esa sustancia, mientras que educadores reclaman el descontaminado seguro de los edificios públicos. 

Ayer los integrantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denunciaron la presencia de asbesto en las formaciones de la linea C adquiridas en 2013 a Mitsubishi. Unos meses atrás ya lo habían hecho con el material adquirido en 2011 al Metro de Madrid (España). En este oportunidad, indicaron que la misma problemática se detectó en los vagones comprados a Japón en 2013 para la Línea C. Según denunciaron, el amianto se encuentra en la cabina de conducción y el guarda, y en parte del salón.

En conferencia de prensa, Roberto Pianelli, secretario general de AGTSyP, informó que de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Nacional del Sur se encontró que hay formaciones de la línea C que "contienen asbesto en la cabina de conducción y en el salón debajo de los asientos".

Según detalló el propio Pianelli, se trata de los trenes Mitsubishi modelo 5000 –conocidos como "Nagoya"- que fueron adquiridos a Japón en 2015. El gremialista sostuvo que elevarán el estudio a Metrovías, Sbase (Subterráneos de Buenos Aires) y la Secretaría de Trabajo para que "cumplan con la ley" y garanticen "formaciones libres de asbesto".

A raíz de esta evidencia, Francisco Ledesma, secretario de Salud Laboral de AGTSyP, recordó que desde 2001 está prohibido la importación de material con amianto. Sobre esta base, criticó al titular del Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), Eduardo de Montmollin, quien había reconocido la compra de vagones sin garantizar la lectura total de los manuales, a lo que se suma la falta de controles sobre Metrovías.

De esta manera, indicó que los trabajadores deben hacer las inspecciones, "cuando en realidad es Sbase que debe hacerlo". En sentido, agregó que las formaciones de la Línea C fueron traídos por los mismo funcionarios que hicieron la transacción con España. Por esta razón, Ledesma planteó, la necesidad de soluciones concretas y "no parafernalias", demostrándole a los ciudadanos que viven con trenes nuevos y con la seguridad de que el Estado trabaja para sacar el asbesto del subte. 

La presencia de material cancerígeno en formaciones de la red de subterráneos de Buenos Aires no es nueva. En febrero de 2018 se conoció que vagones comprados por la Ciudad al Metro de Madrid en 2011 contenían restos de amianto o asbesto, un mineral cancerígeno que está prohibido en más de 50 países desde hace casi 20 años y en Argentina desde 2001. 

En octubre pasado, el Gobierno porteño, a través de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), después de ser denunciado penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, demandó al consorcio que administra la red madrileña por la venta "ilícita" de los vagones con asbesto y pidió un resarcimiento de 15 millones de euros.

El Observatorio de Derecho de la Ciudad, junto con la comunidad educativa del Instituto del Lenguas Vivas y trabajadores del Hospital Durand, interpusieron un recurso de amparo colectivo para solicitar al gobierno porteño que elabore una política pública de descontaminación de asbesto en los edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

"Solicitamos a la justicia que ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires crear una política pública de descontaminación de Asbesto/Amianto en los edificios públicos porteños e implemente un relevamiento exhaustivo, un plan y cronograma de remoción y reemplazo de materiales e instalaciones con asbesto", indicó hoy un comunicado de la asociación civil Observatorio de Derecho de la Ciudad.

El amparo fue interpuesto ayer ante la justicia porteña, cuya causa fue caratulada como "Koutsovitis, María Eva y otros c/ GCBA s/ Amparo - Ambiental" y se encuentra radicada en el juzgado de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 14, a cargo del Juez Fastman.

A su vez, recordó que "en el año 2011 el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, compró coches del Subte con asbesto y los trabajadores se enteraron de su presencia en febrero de 2018 en base de noticias de casos españoles, además de que once trabajadores se enfermaron producto de trabajar en un ambiente con este tóxico".

Asimismo, el reclamo colectivo recordó que el gobierno porteño "removió otra caldera con asbesto en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas sin dar intervención a la Agencia de Protección Ambiental y sin informar a la comunidad educativa, lo que generó severos conflictos".

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