Legislativas | La iniciativa popular suma adhesiones

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Con acuerdo presidencial

El Presidente firmó en rechazo al proyecto inmobiliario de Costa Salguero. Alberto Fernández sumó su adhesión al proyecto que busca frenar la iniciativa del Gobierno porteño en los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco. A pesar de la sentencia que declaró inconstitucional la venta de Costa Salguero, el Gobierno porteño apelará y seguirá con el proyecto de cambiar las normas urbanísticas del predio mientras que el Frente de Todos profundizará la campaña de la iniciativa popular para derogar la privatización y crear allí un parque. Se descuenta que la controversia llegará finalmente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Por Martín Pérez Díaz
Buenos Aires, 7 de mayo de 2021. El presidente Alberto Fernández se sumó a la expresión de rechazo colectivo al proyecto inmobiliario millonario en los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco de la Ciudad de Buenos Aires. El mandatario lo hizo poniendo su firma junto a la de otros 40.000 ciudadanos porteños que buscan frenar la iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad y que se trata de un conglomerado de edificios en detrimento de un espacio verde en los terrenos de la ribera.

Esto ocurrió en el marco del lanzamiento del Instituto de Formación Política del PJ Ciudad, realizado el pasado sábado en la Quinta Presidencial de Olivos, junto al senador Mariano Recalde y el legislador Juan Manuel Valdés, ambos de la Ciudad de Buenos Aires.

Es la primera vez que el Presidente se pronuncia sobre este tema y hasta el momento es el único del Gabinete, a excepción de Paola Tamburelli, al frente de la Administración Nacional de Aviación Civil.

Entre los principales argumentos se encuentra precisamente el peligro que representa la edificación de torres en ese complejo por su cercanía con el aeroparque Jorge Newbery y además por el déficit de espacios verdes en la Ciudad.

En marzo pasado, Recalde presentó una iniciativa popular en rechazo al proyecto, que reunió 40.000 firmas, y ahora la Legislatura se encuentra obligada a tratar el proyecto antes de marzo del 2022.

"Hay que reconciliar a la Ciudad con el río. Esto es un negociado que privatiza la costa pero nosotros tenemos que permitir que al río lo disfruten futuras generaciones", señaló Valdés.

La controversia legal

El martes 27 de abril, una sentencia del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario 16 de la CABA, Leonardo Furchi, declaró la inconstitucionalidad de la ley 6.289, que autorizó la venta de las tierras ribereñas a partir del argumento -objetado hasta ahora por la Justicia- de que el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco es de dominio privado.

El juez Furchi, de ese modo, hizo lugar al amparo que había presentado la diputada nacional Gabriela Cerruti (Frente de Todos-CABA) con el acompañamiento de la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad.

La ley 6.289 fue impulsada por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y aprobada en diciembre de 2019 con votos del bloque oficialista Vamos Juntos y de los bloques aliados UCR-Evolución, que lidera el senador nacional por la CABA Martín Lousteau, y Partido Socialista, uno de cuyos miembros, el legislador Roy Cortina, ocupa la vicepresidencia 3º de la Legislatura.

En su resolución, Furchi argumentó que dicha ley es "contraria a los artículos 63 y 89 de la Constitución de la Ciudad", que establecen que para que el Estado local pueda desafectar bienes de dominio público, como las tierras de la costa del Río de la Plata, la Legislatura debe sancionar una ley mediante el tratamiento conocido como ´doble lectura´, es decir con dos votaciones en el recinto y una audiencia pública entre ambas en la que se escucha directamente la opinión de la ciudadanía.

En cambio, el oficialismo de la Ciudad sancionó la ley 6.289 con una sola votación, "basándose -cuestionó el juez- en la opinión de una funcionaria", quien afirmó que las tierras correspondientes a la Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 184 -por el predio de Costa Salguero- son de dominio privado, como puede ser el edificio de un Ministerio u otras oficinas estatales.

Como Furchi es un juez de primera instancia es previsible que el Gobierno porteño apele su sentencia y el conflicto llegue a instancias superiores, como las Cámaras y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

"Hay que sostener la iniciativa popular porque ya conocemos el poder que tiene el gobierno de Larreta en la Justicia. El Ejecutivo va a querer avanzar igual", afirmó en diálogo con Télam el legislador porteño del Frente de Todos Matías Barroetaveña.

Larreta impulsa una ley de rezonificación

Sobre el proyecto oficial de construir en Costa Salguero edificios de hasta 10 pisos de altura, el legislador del FdT detalló que el Gobierno porteño "tiene presupuestados más de 4.000 millones de pesos, 1.700 millones de ellos en 2021, para la infraestructura urbana necesaria para las torres".

Es que además de la venta de Costa Salguero, Rodríguez Larreta impulsa una ley de rezonificación de 32 hectáreas de tierras ribereñas al Río de la Plata.

Dicha ley de rezonificación fue aprobada en primera lectura en octubre de 2020, con los votos de la coalición oficialista Vamos Juntos más el aporte de UCR-Evolución y Partido Socialista.

La rezonificación luego fue debatida durante más de dos meses, entre noviembre y enero último, en una audiencia pública que tuvo récord de participación y en la que el 98% de los oradores se manifestó en contra de la privatización.

Cuando finalizó la audiencia, el oficialismo de la Ciudad anunció de todas formas su decisión de seguir adelante con el proyecto de rezonificación.

Sobre la audiencia pública, el legislador Javier Andrade, también del FdT, consideró que "el fallo de Furchi le dio la razón a las distintas organizaciones ambientales y a la oposición en la Legislatura, que expresaron el rechazo al proyecto de negocio inmobiliario".


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