Legislativas | Comedores escolares

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Olla podrida

Organizaciones sociales presentaron un amparo judicial para frenar la concesión de los comedores escolares porteños. La presentación cuestionó la licitación pública que concesionará por cuatro años más el sistema de alimentación escolar, que contempla el servicio de comedor, refrigerio y desayuno de 290 mil estudiantes y que desde hace dos décadas está en manos de las mismas 19 empresas, según los amparistas. Por Martín Pérez Díaz
Buenos Aires, 29 de abril de 2022. Varias organizaciones sociales presentaron el miércoles pasado un amparo judicial contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para frenar el proceso de licitación del servicio de comedores escolares al entender que no existió una participación de la comunidad educativa en el proceso de selección de las empresas oferentes y considerar que la actual prestación entrega alimentos de mala calidad.

El recurso colectivo recayó en el Juzgado en lo Contencioso y Tributario de la Ciudad 22 y estuvo motorizado por organizaciones entre las que se encuentran el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes.

La presentación cuestionó la licitación pública que concesionará por cuatro años más el sistema de alimentación escolar, que contempla el servicio de comedor, refrigerio y desayuno de 290 mil estudiantes y que desde hace dos décadas está en manos de las mismas 19 empresas, según los amparistas. El cuestionamiento radica en que la actual prestación entrega alimentos de mala calidad, con un menú que incluye tortillitas de verdura sin verdura, medallones de pescado con más almidón que proteínas, magdalenas y productos ultraprocesados para bebés de un año, entre otras falencias. 

"Queremos que nuestros chicos se alimenten en las escuelas, y eso está lejos de suceder si se mantiene el sistema de prestación a través de concesionarias", señalaron en un comunicado. Además, pidieron "al Gobierno de la Ciudad y al Ministerio de Educación que, por un lado, democraticen la discusión de Servicios de Comedores Escolares y por otro, que mejoren la calidad del alimento que dan".

Las empresas seleccionadas para participar de la licitación tienen denuncias por entregar alimentos en mal estado y participaron de una dudosa selección convocada sin participación de la comunidad educativa. Se concesionó comedor, refrigerio y desayuno para 290 mil estudiantes. Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, sostuvo que "las concesiones se convocaron sin otorgar ninguna instancia de participación a la comunidad educativa como manda la Constitución nacional".

Reforma legislativa

La semana pasada, la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, presentó un proyecto junto a Matías Barroetaveña para cambiar el sistema vigente de los comedores y viandas escolares de la Ciudad de Buenos Aires, al asegurar que "la calidad de la comida es mala" y denunciar "un negocio" entre la gestión de Horacio Rodríguez Larreta con las empresas proveedoras del servicio alimentario. 

El proyecto de ley presentado por Ofelia Fernández y Matías Barroetaveña, legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) "trata de cambiar el espíritu del sistema de alimentación escolar, que hoy está al servicio de un negocio, por uno que otorgue la mejor alimentación posible para los pibes y las pibas, porque en las escuelas se come mal", explicó Fernández durante el acto de presentación del proyecto, y recordó que "algunas de las empresas fueron aportantes de Cambiemos". 

"Reformar el sistema de alimentación escolar de la Ciudad es una deuda histórica. Con este proyecto se logrará mejorar la cantidad y calidad de la alimentación de 300 mil alumnos y generar puestos de trabajo en la economía social. La opción es fácil: negocios de unos pocos o poner los millones de esta contratación al servicio de las necesidades de los habitantes de la ciudad", agregó, por su parte, Barroetaveña. Entre otros puntos, el proyecto prevé la universalización y la gratuidad de ese derecho para todos y todas. 



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