Buenos Aires, 3 de junio de 2022. Con votos del interbloque oficialista Juntos por el Cambio (JxC) se aprobó la ley del "Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo" que da beneficios fiscales a empresas que se instalen en algunos barrios populares. A tales efectos, se creó el Distrito respectivo, integrado por 48 barriadas y otras que pudieran surgir en adelante por nuevas disposiciones urbanísticas. Según estadísticas oficiales, en esos barrios viven hoy más de 200 mil personas, unas 74 mil familias. Los cuatro barrios incluidos en el distrito son: Rodrigo Bueno, Villa 20, Playón de Chacarita y Padre Mugica, en los que se implementan leyes de urbanización.

Distintas organizaciones sociales realizaron en paralelo una concentración frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) para rechazar el proyecto aprobado durante la tarde, que fue impulsado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

La protesta comenzó cerca de las 9.30 en la esquina de Diagonal Sur y Perú, en el centro porteño, y fue encabezada por dirigentes de las organizaciones Movimiento Popular (MP) La Dignidad, Somos Barrios de Pie y del Frente de Organizaciones en Lucha, entre otros.

Walter Córdoba, referente del Movimiento Somos Barrios de Pie Capital, dijo a Télam: "La iniciativa oficialista pone en duda la incorporación trabajadores de la economía popular aduciendo que las empresas beneficiadas con altas exenciones impositivas pueden no cumplir con el irrisorio cupo del 30% de contratación si argumentan que no encuentran trabajadores capacitados para los comercios que van a instalar". 

El miércoles, a través de un comunicado de prensa conjunto, las organizaciones sociales denunciaron que "el gobierno de Rodríguez Larreta busca con esta ley allanar el camino para la instalación de grandes empresas en detrimento de los comercios y unidades productivas, en los barrios que se encuentran involucrados en el proceso de ´reurbanización´ como son el Padre Mugica, Rodrigo Bueno, Playón Chacarita y Villa 20".

Las agrupaciones que convocan a esta protesta rechazan el denominado proyecto de "Ley de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en los Barrios Populares" por considerar que esa iniciativa "no busca fomentar la integración productiva y el trabajo en los barrios populares".

"No es más que una estrategia de comunicación publicitaria que engaña a la ciudadanía. Con esta ley, el Gobierno de Rodríguez Larreta busca garantizar grandes exenciones impositivas para grandes empresas, cadenas y multinacionales, descontando hasta un 80% en Ingresos Brutos para las firmas que allí se radiquen. Con ello, promueve una competencia desleal con los comercios y emprendimientos de la zona y, a su vez, no garantiza nuevos puestos de trabajo para la población local", señalaron.

Flavia Romero, referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y parte de la Junta vecinal de la Villa 21/24, afirmó que "otra vez el Gobierno porteño quiere hacer negocio en nuestros barrios".

Los beneficiarios del nuevo régimen promocional serán:

a) Personas humanas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes de la AFIP, a partir de la categoría E.

b) Personas humanas Responsables Inscriptos ante la AFIP.

c) Personas jurídicas;

d) Uniones transitorias de empresas.

Las actividades que se promueven son: gastronomía, cafetería y bares; establecimientos educativos; venta minorista de verduras, frutas, legumbres y hortalizas; panadería y confitería; alimentos y bebidas; peluquería y similares; venta y reparación de electrodomésticos; computación y afines; actividades recreativas y deportivas; ferretería, materiales de construcción; Espectáculos y actividades culturales; servicios financieros y de seguros; farmacias, perfumerías; servicios médicos, veterinarias; entre otros comercios y servicios.

La norma determina que el personal empleado en estas tareas debe ser, en un mínimo, del 30 por ciento de residentes del barrio, siempre que cuente con la capacitación requerida. Tras un intenso debate, se aprobó el proyecto por 32 votos positivos del oficialismo de VJ, UCR y PS, 20 votos negativos de FdT, FIT y CF y hubo 4 abstenciones de LLA.

Con votos del interbloque oficialista Juntos por el Cambio (JxC) se aprobó la ley del "Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo" que da beneficios fiscales a empresas que se instalen en algunos barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, el cual fue rechazado en el recinto por el Frente de Todos y la Izquierda, y en las puertas del edificio por organizaciones sociales y políticas.

La legisladora Gimena Villafruela, del bloque oficialista Vamos Juntos, dijo al iniciar la sesión que la nueva ley busca generar "empleo genuino, formal y de calidad" y la definió como "un paso más en el camino de la integración de los barrios populares". Además, sostuvo que el nuevo distrito "viene a complementar la economía existente en los barrios y no a generar una competencia desigual".

Desde uno de los palcos del recinto, integrantes de la Mesa de Urbanización de la Villa 31 mostraban carteles que decían "Fomenten el comercio barrial", "Este proyecto no se discutió en los barrios", "Basta de perjudicar a los pequeños comerciantes" y "No queremos empresas en los barrios". Desde ese palco, interrumpieron varias veces el discurso de Villafruela.

Luego, Claudia Neira, del Frente de Todos, dijo que la nueva ley "perjudica a los comercios de los cuatro barrios que contempla", ya que "el beneficio fiscal impacta distinto dependiendo del beneficiario, principalmente si se trata de cadenas". De ese modo, la legisladora se refirió al artículo que establece que "los beneficiarios podrán computar como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos un porcentaje del monto invertido" en los barrios, pero "respecto de la totalidad de las actividades económicas que desarrollen en la Ciudad".

Magdalena Tiesso, también del Frente de Todos, consideró por su parte que "el punto más escandaloso" del proyecto "es la discrecionalidad sobre el descuento de Ingresos Brutos, que se fija por un orden de inscripción a un registro". "Los primeros 15 -agregó- tienen un descuento del 80%, del número 16 al 30 del 65% y del 31 en adelante del 50%". Y agregó: "Me pregunto, ¿por qué el descuento no se fija, por ejemplo, en base a las actividades que sean más beneficiosas para cada barrio, o en base a la cantidad de empleabilidad?: El criterio es beneficiar a los 30 primeros amigos del Gobierno de la Ciudad".

Alejandrina Barry, del Frente de Izquierda (FIT-Unidad), apuntó, a su turno, que "en los barrios ya existen comercios de todas las actividades que plantea esta ley", y luego preguntó si "el objetivo es que los empresarios avancen y revienten a las cooperativas". Gabriel Solano, del Frente de Izquierda-Partido Obrero, sostuvo después que la nueva ley "profundiza una política de expulsión", porque "la instalación de empresas va a aumentar la valuación de los terrenos" y "los vecinos no van a poder enfrentar los costos de vivir ahí".

"Esto lo vimos -continuó- en el proceso de urbanización de la Villa 31, donde sacaron a vecinos de sus casas para otorgarles nuevas viviendas de muy mala calidad, que a dos años de su construcción ya tienen filtraciones de agua y otros problemas graves".

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