Buenos Aires, 18 de noviembre de 2022. La Legislatura porteña aprobó la nueva norma que regula el funcionamiento de las asociaciones y la oposición denunció que restringe la participación de la comunidad educativa con el objetivo de "controlar" a las cooperadoras. La red que nuclea a diversas cooperadoras porteñas, que había presentado un proyecto propio, catalogó a la ley como una herramienta de "persecución política".

La nuev Ley de Cooperadoras quedó aprobada por 37 votos a favor, 22 en contra y una abstención. Los apoyos llegaron por parte de los bloques de Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista, Republicanos Unidos (RU) y La Libertad Avanza, mientras que los rechazos fueron del Frente de Todos y el Frente de Izquierda. 

La diputada de RU Marina Kienast, autora del proyecto, dijo al tomar la palabra que la iniciativa busca "alejar a los partidismos del ámbito educativo" para cuidar el "interés genuino de todos los que participan en la cooperadora". "Queremos resguardar a las cooperadoras de la grieta, una cosa es militar partidos en la calle o en un local y otra cosa es militar partidos políticos en las escuelas", aseguró. 

Los Republicanos Unidos son cercanos a los promotores de la violencia política que militan en Revolución Federal y no han condenado el intento de magnicidio padecido por la Vicepresidenta de la Nación. Un claro ejemplo de qué lado de la grieta están.

El artículo que mayor polémica generó entre oficialismo y oposición fue el 16. Allí se establece que si los miembros de las comisiones directivas promueven "acciones con fines políticos partidarios" a través de la cooperadora serán "pasibles de remoción". La oposición planteó en este sentido que el Ministerio de Educación podría utilizar la normativa con fines persecutorios. 

"Quedó muy claro en las intervenciones del oficialismo: lo que busca esta norma es controlar", sostuvo a su turno la legisladora del FdT María Bielli. La vicepresidenta de la Comisión de Educación recordó el contexto en el que el oficialismo impulsó el proyecto: "En los últimos meses la gestión de Soledad Acuña se encargó de mandar notificaciones policiales a las casas de los estudiantes o de sumariar a autoridades que lo único que hacen es fomentar la participación. Les molesta que haya una comunidad educativa que reclame", advirtió.

Los artículos cuestionados por esta razón son cuatro. El artículo 9, por ejemplo, divide a los integrantes de las asociaciones en dos tipos de socios. Los activos, que deberán ser exclusivamente familiares de los estudiantes, y los adherentes, que podrán ser integrantes del resto de la comunidad. Solo los socios activos tendrán voto y podrán participar de la comisión directiva, mientras que la intervención de los adherentes se verá limitada a opinar en las asamblea. "Eso es una disminución muy importante porque hoy hay muchos integrantes que no son familia directa. Los estatutos de las cooperadoras, además, buscan siempre la mayor participación posible", señaló Pablo Cesaroni, referente del movimiento de cooperadores escolares. 

La norma también establece una sola reelección posible, limitando los períodos de mandato a cuatro años, mientras que añade restricciones en la conformación de la comisión directiva: no podrá haber, por ejemplo, dos integrantes de la misma familia como miembros de la comisión. Tampoco podrán ser elegidos los integrantes de comisiones que hayan sido intervenidas anteriormente. Las cooperadoras y la oposición hicieron especial énfasis en la crítica a este último artículo, recordando algunas intervenciones irregulares por parte del Ministerio. 

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