Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para un cambio de zonificación de los polígonos delimitados por las calles Cavia, Chonino, Av. Casares y Av. Presidente Figueroa Alcorta, en un área de alta valoración inmobiliaria en el barrio porteño de Palermo. El texto del escrito lo define como "una zona de buena accesibilidad, que forma parte del eje norte de estructuración de la Ciudad, y que admite el desarrollo de equipamiento de escala urbana-metropolitana". El predio de ocho hectáreas se articula en un corredor que atraviesa el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, la Plaza República del Perú y el Parque 3 de Febrero.

De esta forma, luego de haber loteado el año pasado el Tiro Federal, ahora el gobierno porteño avanzará con la liquidación de uno de los predios más preciados de la Ciudad. Se trata de una dependencia de la Policía Montada que Horacio Rodríguez Larreta piensa sacar al mercado en los próximos meses. Es la última de las joyas de la corona porteña, cuyo patrimonio disminuyó en forma acelerada en el último lustro y está ubicado a pocos metros del Paseo Alcorta y del Parque Tres de Febrero. En la oposición sostienen que el predio está ubicado "dentro" del parque y por eso consideran ilegal su venta. Incluso cuestionaron que pertenezca a la policía porteña.

Los terrenos se encuentran delimitados por las calles Cavia, Chonino, Av. Casares y Av. Presidente Figueroa Alcorta. A pesar de que en él hay estructuras de valor histórica, calificadas como "Preservación patrimonial" se podrán realizar nuevas obras cuyos fines sean "comerciales, educativos, de culto y recreación, de alojamiento, sanidad, servicios y residenciales", según indica el proyecto presentado en la legislatura.

Como dentro de pocos días Larreta perderá su mayoría automática en la Legislatura, por la asunción de los legisladores surgidos de las últimas elecciones, el Ejecutivo tiene apuro en conseguir las leyes que requieren más de 40 votos, entre ellas todas las vinculadas a ventas de terrenos.

Es una incógnita qué hará el bloque de Evolución, el espacio de Martín Lousteau, que solía oponerse a la venta de tierras públicas. Su entrada a la alianza de gobierno, certificada con la presidencia del Banco Ciudad, tal vez pueda hacer cambiar de opinión a los legisladores. El problema para el ejecutivo será para la doble lectura del proyecto: después del 10 de diciembre, salvo que se quiebre el bloque del Frente de Todos, no podrá conseguir los 40 votos.

En la Legislatura incluso no descartan que el proyecto para privatizar las tierras más caras de la Ciudad salga con 31 votos, como ya ocurrió en otras ocasiones. Por lo pronto desde el peronismo aseguraron que rechazarán la normativa.

La entidad civil, crítica del manejo oficial del conjunto paisajístico y recreativo del Parque 3 de Febrero emitió una declaración rechazando la voluntad oficial de "entregar en concesión por 50 años" un conjunto edilicio del siglo XIX ubicado dentro del premio de la Policía Montada.

"Bajo expediente N° 2951 J 2019 fue expuesto el día de hoy un proyecto integral de urbanización shoppinizada (valga el neologismo), del predio hasta ahora ocupado por  el Cuerpo de Policía Montada y otras dependencias de la Policía Federal Argentina, ubicado en el polígono delimitado por la Av. Figueroa Alcorta y las calles Int. Casares, Chonino y Cavia. El proyecto de ley presentado incluye la autorización para erigir una torre de 150 m de altura en lo que hoy es el picadero de la Policía Montada y los caniles de la División Perros. Los viejos pabellones policiales también serán entregados en concesión por 50 años para componer un nuevo centro comercial sobre la Av. Figueroa Alcorta."

Agregan que "Como el pequeño predio que ocupa "la boyera" está pegado a ese conjunto, nombre que recibían estas edificaciones del siglo XIX que servían de alojamiento a los bueyes que trabajaban en el Parque 3 de Febrero, a pesar de estar incluido dentro del Área de Protección Histórica APH2 Parque 3 de Febrero, entró en el negocio. Por lo tanto, se lo incluye como zona a entregar en concesión por cincuenta (50) años y autorizarle usos tales como "comercial / diversiones públicas / cultura / recreación / sanidad / alojamiento" (sic). O sea, transformarlo en un boliche bailable, cafetería, hotel o cualquier otra cosa."

Culminan diciendo "Si bien en general, el proyecto presentado por el J de G se enmarca dentro de la trasformación especulativa de las últimas tierras de la Ciudad para urbanizarlas y dejarnos sin posibilidad de respirar en una ciudad cada vez más hormigonada y más compacta, la entrega en concesión del pequeño conjunto patrimonial, ya es patética, suena a ridículo y demuestra una grave insolvencia en la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se demuestra totalmente incapaz de restaurar y gestionar lo que debería conservarse como Museo. Hacemos un llamado a instituciones patrimonialistas, vecinalistas, ambientalistas y entidades y personas en general a enviarnos su adhesión con el fin de elaborar una nota dirigida al Poder Ejecutivo (Horacio RL) y a la Legislatura de la Ciudad para que desestimen este infortunado proyecto."

Fuertes cuestionamientos al proyecto del gobierno porteño para “rezonificar” el predio de la Policía Montada. Urbanistas e investigadores expresaron una posición crítica hacia el plan. Cuestionan además que en la ley no detalle dónde va a ser la relocalización de las dependencias. Lo que "habla de la poca seriedad del proyecto”, según la geógrafa urbana Paloma Garay Santaló. Cuestionó, a su vez, el principio de prioridades que establece el gobierno porteño: "No aparece clara la urgencia por urbanizar esas tierras ni un uso público prioritario. La generación de espacios verdes no sería en ese espacio una prioridad de la Ciudad. No hay proyectos de salud, educación u otros usos públicos de interés general. Los recursos generados no tienen un fin claro y en los fundamentos plantea los dos puntos más discutibles: que solamente pague la relocalización de la policía y la infraestructura de este desarrollo, por lo que a los porteños nos queda muy poco. El potencial es el entretenimiento, las viviendas de lujo, el desarrollo de un sector no prioritario. Bien podrían anclar esos recursos para la extensión de nuevas líneas subterráneas, pero deciden que se puede concesionar por cincuenta años el suelo del predio poniendo estacionamientos".

“Todos los lineamientos urbanísticos para el resto de la Ciudad en esta ley se exceptúan, lo que concede un nivel de rentabilidad de la tierra extraordinario en condiciones de venta que son distintas a las del mercado. Hay una transferencia del sector público al sector privado para incentivar el desarrollo inmobiliario en condiciones muy favorables para el privado. Es una transferencia a los privados en condiciones excepcionales para un derrame que no se ve. Sino que no es más que una transferencia excepcional que plantea estímulos o beneficios poco materializables”, concluyó la urbanista.

"En la Legislatura están aprobando leyes donde ni siquiera los propios aliados del Pro acompañan. Eso no es ni consenso, ni transparencia, ni diálogo, ni bien común", remarcó Paloma Garay Santaló. En ese mismo sentido, se expresó el presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Mariano Recalde. "En diciembre pierden los dos tercios de la Legislatura necesarios para vender las tierras de los porteños y porteñas, por eso están apurando los proyectos. Miren este caso: este terreno, ubicado en Brandsen 1481, todavía no se vendió y ya se están ofreciendo departamentos. A partir de diciembre y por decisión de la gente, no van a vender un metro cuadrado más", remarcó.

No fue la única voz opositora que se pronunció contra el proyecto. La periodista, referente del Frente de Todos en la ciudad y ex candidata a vicejefa de gobierno del bloque kirchnerista, Gisela Marziotta expuso: "Rodríguez Larreta gestiona la ciudad como una inmobiliaria, pero no atiende los problemas estructurales de las porteñas y los porteños como la falta de vacantes. Sería adecuado que el uso de esos espacios fuera para la construcción de jardines maternales que tanta falta hacen, pero el proyecto habla de fines múltiples sin mayores especificidades de quiénes podrán licitar la compra o concesionar los espacios".

Para Luis Baer, investigador del Conicet y del Instituto de Geografía, "se trata de una política urbana de suelo en general, la parte de una saga de subastas compulsivas de inmuebles de la Ciudad". Ensayó una posición detractora de la postulación de la ley y la contrastó con medidas urbanísticas de otras metrópolis del globo: "Cuando hay temas acuciantes en términos de políticas habitacionales o ambientales, las administraciones de ciudades capitalistas suelen hacer todo lo contrario de lo que hace el gobierno porteño. No se desprenden del patrimonio fiscal sino que proponen una gestión estratégica de los recursos del suelo: adquieren y tienen modalidades inteligentes para luego articular una política habitacional, ambiental o de desarrollo productivo. Eso es el contrapunto más fuerte que yo veo. Son políticas comunes de los últimos doce años, pero redoblado en los últimos cuatro. Es un sello propio de la marca Larreta".

El abogado urbanista Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), hizo énfasis en la lógica de privatizaciones en los últimos doce años de gestión: aseguró que, entre ventas y concesiones, se transfirieron desde el sector público al privado 473 hectáreas, el equivalente a 263 Plazas de Mayo. "En los años de gobierno del PRO, tanto Rodríguez Larreta como Mauricio Macri rompieron los récords de privatizaciones de tierras públicas en la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta privatizó incluso más hectáreas en cuatro años de lo que hizo Mauricio Macri en ocho. En este contexto es que se deben evaluar las privatizaciones de estos predios, que repiten la lógica de las privatizaciones anteriores, relacionadas con el sacrificio de espacios verdes. Este proyecto viene a rezonificar zonas que estaban destinadas a espacios verdes para otros usos. Nuevamente se cae en la idea infundada de la necesidad de privatizar predios, una lógica que está más orientada a negocios inmobiliarios y comerciales que a garantizar soluciones de problemáticas prioritarias como la emergencia habitacional y ambiental".

A modo de reflexión, Baldiviezo incurrió en dos preguntas retóricas para cuestionar el proyecto de ley: "¿Quién tiene mayores facultades para hacer el financiamiento: un privado o el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone del Banco de la Ciudad como instrumento de financiación? ¿Por qué la tierra pública y la capacidad de modificación del planeamiento de la Ciudad y la normativa urbanística la tiene que capitalizar y usufructuar un privado y no la puede hacer el Estado?".

Compartir nota en las redes sociales Enviar Imprimir