Buenos Aires, 26 de febrero de 2021. El juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un procedimiento el miércoles en el ministerio de Salud porteño para obtener información vinculada a la distribución de las dosis de las vacunas contra el coronavirus que le fueron asignadas al gobierno de Larreta por la autoridad sanitaria nacional.

Más temprano, fiscal Carlos Stornelli había imputado al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y a su ministro de Salud, Fernán Quirós; al requerir que se investigue la presunta "privatización" de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieran convenios para entregar dosis a algunas obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.

El fiscal dio impulso a dos denuncias recibidas martes en las que se apuntó a “las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, según surge del dictamen al que accedió Télam.

Una de las denuncias había sido presentada por la abogada Natalia Salvo, en su condición de vecina y ciudadana expuesta a contraer Covid, quien pidió ser tenida como parte querellante. Salvo apuntó a la supuesta firma de convenios entre el gobierno de la Ciudad e instituciones privadas, en las cuales delegó parte del plan de vacunación contra el coronavirus “otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”.

Al solicitar las primeras medidas de prueba, el fiscal Stornelli reprodujo la parte de la denuncia en la que la abogada Salvo aseveraba que “Horacio Rodríguez Larreta estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”.

La denunciante había señalado que “esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

El fiscal presentó el requerimiento ante el juez federal Ariel Lijo, a quien le solicitó que disponga una serie de medidas de prueba para, en principio, poder reconstruir los convenios suscriptos por el Gobierno porteño con establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ejecutar el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19.

El fiscal procesado por espionaje ilegal y amigo personal de Mauricio Macri, Carlos Stornelli afirmó que también buscará establecer la totalidad de los lotes de vacunas recibidos en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuál fue el destino que le dio el gobierno porteño. 

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