Legislativas | Costanera sur

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Tropiezo legislativo

Luego de fracasar en el intento de habilitar una cuestión de privilegio para tratar la aprobación del convenio suscrito con IRSA por la privatización de la costanera sur, pese a la existencia de medida cautelar que lo impide, el oficialismo porteño pidió postergar el debate. "Pido que se reserve en secretaría el convenio suscripto entre el Gobierno porteño y la firma Inversiones y Representaciones S.A" dijo el diputado oficialista García Vilas con relación a la iniciativa de autorizar construcciones de hasta 145 metros de altura en el predio conocido como ex Ciudad Deportiva de Boca. Por Martín Pérez Díaz
Buenos Aires, 6 de agosto de 2021. El oficialismo porteño, representado en la Legislatura local por el bloque Vamos Juntos (VJ), pidió este jueves que, por una "decisión política", el convenio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA para construir edificios en la Costanera Sur quede "reservado" para una discusión posterior, aunque estaba incluido en el temario de la sesión de esta tarde.

Unas horas antes, al iniciar la sesión legislativa, García Vilas había pedido una "cuestión de privilegio" para realizar un debate en el recinto sobre el "conflicto entre poderes" que planteó la sentencia del juez Scheibler. En su argumentación, García Vilas relató que el 26 de julio pasado, durante una reunión de las comisiones Planeamiento Urbano y de Presupuesto para tratar el convenio entre IRSA y el Gobierno porteño, él y sus compañeros de bloque fueron informados sobre la sentencia de Scheibler, ya que los diputados del Frente de Todos (FdT) manifestaron que debía suspenderse el debate debido a la medida judicial.

"En plena feria judicial, una asociación civil hace una presentación", dijo García Vilas, ya que la medida cautelar fue solicitada por el ODC el 21 de julio pasado. Y continuó: "Tres días después, a la 1:40 de la madrugada, el juez emite su resolución, de la que no habíamos sido notificados".

Luego, agregó: "La sanción de una ley es una competencia específica y exclusiva de esta casa. Es una barbaridad que un juez nos diga qué podemos debatir y qué no. Claramente, hay una intromisión del poder Judicial en el poder Legislativo".

El FdT rechazó esa cuestión de privilegio, y fue la diputada Claudia Neira quien explicó el sentido del voto, al decir que "hay un criterio general en esta Legislatura, que es no expedirse sobre las resoluciones judiciales". "Cuando existe una resolución judicial y un diputado o diputada entiende que esa resolución no se ajusta derecho, lo que debe hacerse es ir por las vías correspondientes a fin de que lo revisen las instancias superiores, las cámaras de apelaciones y en definitiva el Tribunal Superior de Justicia", completó Neira.

También rechazaron el pedido de VJ los diputados de los bloques Frente de Izquierda (FIT) y Autodeterminación y Libertad (AyL).

El propio García Vilas fue el que reculó. "Pido que se reserve en secretaría el convenio suscripto entre el Gobierno porteño y la firma Inversiones y Representaciones S.A, y quiero aclarar que se trata de una estricta decisión política que nada tiene que ver con el fallo que pretendió interrumpir su tramitación en este recinto y en las comisiones", dijo al finalizar la sesión legislativa el jefe del bloque VJ, Diego García Vilas.

Ocurrió después de que la cuestión de privilegio propuesta por el mismo García Vilas obtuvo 35 votos a favor y 20 en contra, y no alcanzó los dos tercios de los diputados presentes que requieren para ser habilitadas. También los legisladores Sergio Abrevaya (GEN) y Martín Ocampo (UCR - Evolución) presentaron mociones similares argumentando la "intromisión" de la Justicia en la Legislatura, pero tampoco obtuvieron los votos necesarios. 

Caída la estrategia de las cuestiones de privilegio y sin autorización de la Justicia para avanzar con el tratamiento, minutos antes del cierre de la sesión García Vilas anunció que el bloque reservaría el proyecto para próximos debates. García Vilas al fundamentar su último pedido, confesó lo sucedido. Quiso aclarar que no fue la Justicia la que detuvo el trámite parlamentario sino que se trató "de una estricta decisión política" del oficialismo, pero sucedió despúes de que fracasara la maniobra parlamentaria de tratarlo mediante la cuestión de privilegio. Por su parte, el legislador Matías Barroetaveña (FdT) consideró luego de la sesión que "la intervención de la Justicia, socios internos que no quieren pagar el costo político y la evaluación del costo electoral son los motivos que podrían explicar que no se haya tratado el proyecto".


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