Buenos Aires, 21 de enero de 2022. Con las altas temperaturas de los últimos días se repitieron las escenas habituales con cortes de luz masivos en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense en algunos casos extendiéndose por una larga cantidad de horas. La razón del mal servicio es producto de un largo proceso de desinversión por parte de las empresas pese a tener por períodos tarifas dolarizadas y voluminosos subsidios por parte del Estado. Una expresión más del fracaso del proceso privatizatorio que tuvo su auge en los primeros años del gobierno menemista. 

La seguidilla de cortes en el suministro de electricidad, cuando el calor más aprieta, dejó a más de uno encerrado en su departamento, sin agua ni posibilidad de abastecerse por las escaleras infranqueables. La escasez de lluvias que afecta la generación hidroeléctrica, la densa ola de calor y la fuerte recuperación de la actividad económica después de lo peor de la pandemia, se dieron la mano para convertir en un infierno la vida de muuchas personas desde fin del año pasado.

Puntualmente, en este 2022 se cumplen 30 años de la privatización de SEGBA período donde el Estado se desprendió de sectores estratégicos de la economía argentina en una decisión de la cual aún se pagan las consecuencias.

Esta semana el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) instruyó a Edesur a bonificar con $10.325 a cada persona usuaria afectada por los cortes del servicio en fin de año, lo que representa una sanción total estimada superior a los $400.000.000, informó en la mañana del miércoles el ENRE. Antes le había aplicado una multa global de 20 millones de pesos a la otra concesionaria del área metropolitana.

En el caso de Edesur, la resolución ordenó aplicar una bonificación de Corte Prolongado y Reiterado a la totalidad de los y las afectadas por cortes, cifra que en total asciende a una sanción superior a los $400.000.000, debido a la vulneración de los derechos de las personas usuarias. De esta manera, el ENRE sancionó a Edesur por “la deficiente calidad de atención y servicio brindado a las personas usuarias, en virtud de la magnitud y la persistencia en el tiempo de las afectaciones”.

En ese sentido, a través de la Resolución ENRE N° 08/2022 se instruyó a la Concesionaria a que aplique automáticamente la Sanción de 2000 kWh ($10.375) por Corte Prolongado o Reiterado a los usuarios y usuarias afectadas por interrupciones cuyo inicio se haya originado y prolongado durante los días 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021 y 1, 2, 3 y 4 de enero de 2022. “La empresa dispone de un plazo máximo de 5 días para realizar la presentación de la nómina completa de usuarios y usuarias alcanzadas por la Resolución, la cual quedará sujeta al posterior análisis del ENRE para verificar la correcta aplicación de la bonificación”, indicaron en el comunicado oficial.

Además, el ENRE consideró “que la deficiente calidad de respuesta y atención brindada por la empresa Edesur, se debe a que destina un 50% menos de cuadrillas para la atención de reclamos en relación con la demanda promedio de la empresa y la cantidad de personas usuarias”, y de acuerdo con el análisis realizado por los técnicos del Ente “en promedio, la empresa cuenta con 1 cuadrilla cada 7.82MW de demanda y 4.704 personas usuarias”.

“Por lo antes mencionado, este Ente considera que la deficiente gestión operativa del grupo controlante de la empresa Edesur, es el principal factor que repercute en el constante incumplimiento de la Concesionaria de los parámetros básicos fijados para la atención a la persona usuaria de los servicios públicos en la Argentina”, refirieron, y sostuvieron que “desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad continuamos trabajando con el objetivo de propender a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos, garantizando los derechos de las personas usuarias y la seguridad ciudadana”.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) formuló cargos contra la empresa Edenor por $20 millones por no informar los eventos que derivaron en los cortes del suministro eléctrico a 2,3 millones de usuarios los días 11, 14 y 15 de enero.

Por la resolución 7, el ENRE formuló cargos contra la concesionaria Edenor ya que "la empresa no informó los eventos ocurridos los días 11, 14 y 15 de enero del corriente, que derivaron en la afectación del suministro eléctrico para aproximadamente 2.300.000 usuarios y usuarias".

En función del informe técnico, el ENRE determinó que "corresponde iniciar un sumario administrativo y formular cargos a Edenor por incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad pública, a fin de determinar su responsabilidad ante posibles sanciones".

Luego del apagón masivo del martes, el secretario general de la APSEE, Carlos Minucci, criticó a las empresas por "la falta de interés" en mejorar el servicio. El secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, criticó duramente a Edesur y Edenor luego del masivo apagón de ayer que dejó sin luz a 700 mil usuarios. "No han invertido un solo peso", dijo el dirigente, quien habló de "la falta de interés" de las empresas prestadoras en mejorar el servicio.

"Si hoy estamos poniendo plata en subsidio en tarifas y se llevan la plata y no invierten, para qué queremos tener un intermediario", planteó. Además, pidió avanzar de manera urgente en la renacionalización del servicio, ya que "es un derecho humano". Y señaló: "Vamos a cumplir 30 años de la privatización de las empresas y no hemos avanzado nada, hemos retrocedido".

El líder de la APSEE remarcó que "estamos igual que en el año 92, o peor. No hay un cable nuevo, una cámara nueva. Pueden haber puesto algún que otro transformador para mostrar que han invertido pero no han invertido un solo peso". En diálogo con FM La Patriada, explicó que "el problema es el golpe de calor que afronta una carga de cortes que produce el área de distribución debido a que se calientan los cables por la cantidad de demanda que hay".

En medio de masivos cortes de luz, la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), gremio que encabeza Carlos Minucci, lanzó un comunicado que tiene como título: “A 30 años es hora de tomar decisiones determinantes para recuperar el servicio eléctrico”. 

Allí reafirma la posición que viene sosteniendo el gremio: reestatización de las empresas; una infraestructura que no está acorde a las necesidades con empresas enfocadas en engrosar rápidamente sus ganancias desatendiendo un servicio estratégico vital para la economía y el bienestar de millones de argentinos. 

“Han pasado 30 años del error histórico que permitió  ejecutar el proceso de privatizaciones, marcando una interesada valoración mercantilista de las prestaciones, cediendo con ese fin a grupos financieros multinacionales la administración y explotación de las empresas y Entes de control del Estado, transformándolos en un negocio privado, producto de las pautas políticas y  económicas desarrolladas durante la década de los 90”, comienza el comunicado. 

El martes pasado, más de 20 organizaciones gremiales y de la sociedad civil se concentraron frente a las oficinas de Edesur en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar la revisión del contrato de concesión y la estatización del servicio por la deficiencia en la prestación del servicio. Bajo la consigna “Basta de Edesur y Edenor”, las organizaciones denunciaron una prestación del servicio “negligente”, que “no respeta los derechos de los y las vecinas”.

Mauro Stefanizzi, presidente de Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED), instó a la sociedad y las distintas agrupaciones a "tomar conciencia" y poner en agenda el reclamo, y anticipó que durante los próximos meses llevarán adelante diferentes actividades que concluirán en mayo con una audiencia nacional.

Por su parte, Magalí Zirulnikoff, del Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, manifestó su rechazo a “estas empresas privatizadas que vienen lucrando con la necesidad de la gente, dejando personas en situación de total vulnerabilidad”.

El proceso de privatización del servicio eléctrico para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se inició en 1992 por decisión del entonces presidente Carlos Saúl Menem y el traspaso a tres empresas privadas de todas las tareas de generación, distribución y comercialización que hasta entonces desarrollaba la estatal Segba, devino en su disolución.

“Deberían comprometerse a dar un servicio público de calidad”, dijo Zirulnikoff, y añadió que dado que “no lo hacen”, el Estado "debería brindarlo, por lo que pedimos que se le quite la concesión después de 30 años de incumplimiento”.

En tanto, María Rosa Surita, coordinadora de la Red Nacional de Multisectoriales, señaló que ante la “vulneración de un derecho humano como es la luz”, las empresas Edesur y Edenor “responden pidiendo un aumento de tarifas”. “Lo que quieren es que se regule de otra manera para poder aumentar como quieren, como hicieron durante la etapa del neoliberalismo más salvaje que fue el macrismo”, resaltó la referente.

Acompañados de carteles de “Estatización ya”, “Basta de cortes de luz” y “Sin luz no hay vida, no los apaguen”, las organizaciones reclamaron por las “personas más vulnerables” ante los cortes de luz y agua, como son los adultos mayores, las personas con discapacidad, y especialmente las personas electrodependientes.

“Hoy venimos a exigir basta de cortes y que hagan las inversiones que desde hace años tienen que hacer”, expresó Marcela Gómez, secretaria de AAdED y madre de Lautaro, un niño electrodependiente de 11 años. En diálogo con la prensa Gómez expresó que "cuando se corta la luz, se apaga el respirador y dejan de vivir nuestros hijos. No es una metáfora, es la pura realidad".

En el marco de la Ley 27.351 de Electrodependientes, sancionada en 2017, desde la asociación pidieron que las empresas "respeten los derechos” y que “se hagan cargo de sus responsabilidades y de dar respuesta a sus fallas”. En ese sentido, denunciaron que aún "no avanza" la celeridad con la que Edesur atiende los reclamos ante cortes de luz, como así tampoco la entrega de los grupos electrógenos y las fuentes alternativas a las familias.

"Este fin de semana tuvimos más de 150 reclamos de familias, buscando casas donde tengan luz para poder enchufar los respiradores, mientras que desde la empresa los mandaban a comprar grupos electrógenos, asegurando que después les reintegrarían el dinero. Es una falta de respeto", aseguró la referente.

Según el Registro de Electrodependientes (RECS) del Ministerio de Salud, en el país hay 15.000 anotados, pero estiman que "son muchos más", ya que la pandemia "dejó muchas personas electrodependientes".

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