Buenos Aires, 17 de junio de 2022. Después que el Gobierno de la ciudad prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas con el objetivo de "sacar las trabas y los obstáculos" en el proceso de enseñanza por parte de los y las docentes, se presentaron dos amparos en la justicia contra la medida impulsada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación, Soledad Acuña.

Uno fue presentada por la legisladora porteña del Frente de Todos, Laura Velasco, junto a la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH), en contra de la nueva normativa que para ellos es "antidemocrática”. “La misma resolución de la ministra deja entrever que no hay ningún fundamento científico/académico que diga que algunas de las formas del lenguaje inclusivo -como la X, la E o el ‘arroba’- puedan dificultar las prácticas del lenguaje a les estudiantes”, explicó Velasco. 

"El Gobierno porteño pretende, a través de esta prohibición, cambiar un fracaso educativo que no tiene que ver con la visibilidad de identidades de género sino con el sistema y la política que lleva adelante en materia educativa. La ministra Soledad Acuña debería preocuparse por no atrasar en una sociedad que avanza en igualar derechos y por gestionar su área, en una ciudad con enorme presupuesto pero que tiene escuelas sin gas, comida en mal estado en los comedores y miles de estudiantes sin vacante", señaló Velasco en sus redes sociales.

En este marco, sostuvo que este amparo "busca que les integrantes de la comunidad educativa puedan usar el lenguaje inclusivo en todas sus formas y variantes, especialmente aquellas que buscan nombrar e incluir identidades no binarias, sin que esto conlleve algún tipo de sanción o incumplimiento".

Por su parte la organización Amnistía Internacional pidió al Ministerio de Educación porteño que indique en qué investigaciones se basó para fundamentar la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas y advirtió que la medida "va a contramano del derecho de identidad de género".

"Si bien la ministra de Educación, Soledad Acuña, informó que se tomó esta decisión ante el bajo rendimiento de las y los estudiantes en pruebas educativas, la organización requiere acceder a la información científica y/o teórica que establece la supuesta correlación entre los resultados de dichas pruebas y el uso del lenguaje inclusivo", señaló la organización en un comunicado. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, sostuvo que "la restricción del uso del @, x, y la e traería aparejada la invisibilización de diversas identidades que se reconocen y se encuentran nombradas en el uso del lenguaje inclusivo".

"Esta limitación va a contramano del derecho a la identidad de género", dijo, y añadió que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "debería revertir esta medida" porque "todas las personas tenemos derecho a ser nombradas de acuerdo a nuestra identidad". La organización indicó que la limitación del lenguaje inclusivo "entraría en colisión con la ley de identidad de género que establece que ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá restringir el ejercicio" de ese derecho.

Por esta razón, solicitó a la cartera educativa que indique qué investigaciones realizó para fundamentar que el uso del lenguaje no binario por parte de docentes generó un "retroceso en el aprendizaje de les niñes y adolescentes en los resultados de las evaluaciones de 2020 y 2021". Además, Amnistía "ve con preocupación que la ministra haya manifestado que quienes hagan uso de los recursos lingüísticos propios del lenguaje inclusivo serán pasibles de medidas disciplinarias".

En el mes de Orgullo, Amnistía Internacional recordó "que las políticas inclusivas son vitales para que niños, niñas y adolescentes puedan vivir y disfrutar de sus identidades libremente". En ese sentido, precisó que "en el ámbito educativo el 13% de las y los directivos del nivel primario y el 36% de los directivos de nivel secundario manifiestan que la escuela ha intervenido en al menos una de las siguientes situaciones: discriminación por orientación sexual, discriminación por identidad de género y/o situaciones de violencia hacia las mujeres, conforme surge de las evaluaciones Aprender del Ministerio de Educación de Nación".

También recurrieron a la justicia las referentes del Frente de Izquierda Celeste Fierro y Vanesa Gagliardi, quienes argumentaron que la medida aprobada por el Ministerio de Educación de CABA “reduce la libertad de expresión y los derechos de género”. “Acuña atrasa y discrimina. En sus siete años de gestión como ministra, desde 2015 hasta hoy, redujo el presupuesto educativo del 23% al 19%. Ahora también pretende reducir autoritariamente la libertad de expresión y los derechos de género reconocido en leyes y constituciones”, remarcó Fierro.

“Al deterioro social, la superpoblación de aulas, el bajo presupuesto educativo y la precarización docente se suma que, durante la pandemia, Acuña y su jefe Rodríguez Larreta no garantizaron computadoras ni conectividad. Allí están las causas del retroceso en la comprensión de textos” agregó Gagliardi.

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