Declararon dirigentes de memoria activa

Política | Encubrimiento del atentado a la AMIA

18/03

Declararon dirigentes de Memoria Activa

Referentes de Memoria Activa relataron cómo eran los vínculos entre Galeano, Beraja y el Gobierno en el juicio por encubrimiento. Expusieron ayer sobre las acciones que posibilitaron un cúmulo de irregularidades en la investigación inicial, por las que en la actualidad se desarrolla el juicio por encubrimiento. Por Mailén González Buenos Aires, 18 de marzo de 2016. Las referentes de la organización que nuclea a familiares de víctimas del atentado a la AMIA expusieron ayer en el juicio oral y público sobre los vínculos entre el ex juez, el gobierno menemista y una parte de la dirigencia de la comunidad judía argentina, que posibilitaron un cúmulo de irregularidades en la investigación inicial, por las que en la actualidad se desarrolla el juicio por encubrimiento.

"Ellos no pusieron la bomba pero no nos permitieron saber la verdad", sentenció la secretaria General de Memoria Activa, Adriana Reisfeld, en lo que fue el segundo testimonio de la jornada en la que también la presidenta de esa asociación civil, Diana Malamud, prestó declaración como testigo ante el Tribunal Oral Federal 2.

"Los de AMIA y DAIA cuidaban cada uno su quinta. Tenían relación con el gobierno de turno y cuidaban sus negocios personales", sostuvo Reisfeld en los tribunales de Comodoro Py en los que se desarrolla el proceso oral y público, y agregó: "Nunca nos convocaron a las declaraciones del testigo C. Pero sí a los abogados de las instituciones".

La dirigente narró también que los familiares de las víctimas sufrían destrato por parte del juzgado de Galeano que mantenía un vínculo fluido con el gobierno y con la dirigencia comunitaria."Veíamos que nadie reclamaba por los muertos de la embajada (de Israel, en 1992). No queríamos que pasara lo mismo con los de la AMIA", sostuvo al explicar el surgimiento de Memoria Activa.

Más temprano, Diana Malamud, aseguró que tanto las autoridades de la AMIA y la DAIA como quienes investigaban el atentado "tenían el mismo cassette" y sostenían la misma "mentira oficial". “No había pasado tanto tiempo del atentado y (en la investigación) ya ocurrían cosas que no nos gustaban y que no eran creíbles”, aseveró.

En su testimonio, que se extendió durante toda la mañana, se centró en un detalle pormenorizado de las circunstancias que hicieron que los familiares resolvieran constituirse en querellantes en la causa, diferenciándose de la querella de AMIA y DAIA. “No confiábamos en nadie; no le creíamos ni a los jueces, ni a los fiscales, ni a las autoridades comunitarias. De ahí surgió la decisión de querer ser querellantes”, explicó Malamud ante el Tribunal.

En este marco, contó que el primer problema con el que se toparon para poder cumplir con ese objetivo fue conseguir cómo solventar el pago de un abogado que los representara en el marco del juicio, con lo cual terminaron pidiéndole ayuda al entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja.

“Luego de distintas postergaciones, finalmente Beraja nos recibió junto al entonces titular de la AMIA, Alberto Crupnicoff, y nos dijeron que no nos podían dar el dinero pero sí facilitarnos a alguno de los abogados de un grupo que se reunía en la entidad”, relató.

“Ahí comenzamos a ver cómo los abogados de las otras querellas pasaban delante de nuestras narices a adentro del juzgado y cómo tenían un trato de absoluta cordialidad y apoyo a la investigación”, sostuvo Malamud, quien remarcó que, por el contrario, los patrocinantes de Memoria Activa “eran discriminados y maltratados” en el despacho del entonces juez Juan José Galeano.

Por otro lado, en distintos tramos de su declaración como testigo, Malamud dijo que la investigación del atentado a la AMIA era, en verdad, “una no investigación” y señaló que pronto advirtieron la presencia de “legajos secretos” dentro del expediente que tramitaba Galeano a los que los familiares de Memoria Activa no tenían acceso.

“Había cosas que sabían las demás partes o algunos medios pero que nosotros no conocíamos”, aseveró la referente de Memoria Activa, quien también sostuvo que, permanentemente, debían recurrir ante la Cámara los rechazos que Galeano disponía a las medidas que requerían en el marco de la causa.

Luego relató que, cuando se difundieron a través de canales televisivos las imágenes de un presunto pago al reducidor de autos Carlos Telleldín por parte del juzgado, “todos tenían un disco grabado y decían lo mismo, que era hablar de los esfuerzos de la Justicia por esclarecer el atentado y que no se había pagado”.

En el marco de este debate, que comenzó el 6 de agosto del año pasado, se encuentran imputados el ex juez Galeano; el ex presidente Menem; el ex titular de la DAIA Rubén Beraja; y el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, entre otros.

También se encuentran imputados los ex fiscales Eamon Gabriel Mullen y José Carlos Barbaccia, y el ex titular de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal en esa época, Jorge Palacios.

A ellos se suman el ex "reducidor" de autos Carlos Alberto Telleldín, el ex jefe de la SIDE Patricio Miguel Finnen, Ana María Boragni (ex pareja de Telleldín), el abogado Víctor Stinfale, Juan Carlos Anchezar (ex número dos de la SIDE), y Carlos Castañeda (ex jefe del Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal).

Las irregularidades en el marco de la investigación del atentado que son investigadas incluyen el pago ilegal de 400.000 dólares a Telleldín para que acusara a un grupo de policías bonaerenses y, así, desviara la investigación de la denominada “pista siria”.

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