Legislativas | El PRO en problemas

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Se cayó la inmobiliaria de Larreta

El controvertido proyecto de creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado no pudo ser tratado ayer por falta de votos suficientes para su aprobación. Si se trataron otros menos conflictivos. Por caso, una ley que establece los mecanismos de gestión para el tratamiento de los bienes muebles en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así buscan mayor eficacia y cuidado del medio ambiente al dar de baja materiales. El producido por ventas irá a equipamiento de hospitales y escuelas. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 8 de abril de 2016. La Legislatura porteña sancionó hoy "La gestión para el tratamiento de los bienes muebles en desuso se efectuará sobre la base de los principios de eficacia, eficiencia, aprovechamiento de los recursos e incorporación gradual y progresiva de criterios de sustentabilidad y de modernización de la Administración Pública", dice la ley aprobada por 51 votos positivos, con la oposición de Fernando Vilardo (AyL) y las abstenciones de Marcelo Ramal (FIT) y Patricio del Corro (PTS).

La propia norma define a los bienes muebles en desuso como aquellos, "registrables o no, que tengan el carácter de obsoletos, inadecuados, excedentes, destruidos o deteriorados por el uso u otras causas no atribuibles a la responsabilidad de terceros, que integran el patrimonio del Gobierno de la Ciudad".

LA AGENCIA DE BIENES ESPERA SU OPORTUNIDAD

En lo que prometía ser el principal debate de la tarde, el oficialismo y la oposición no lograron establecer un acuerdo para sancionar este jueves en sesión ordinaria en segunda lectura de la Agencia de Bienes, como el propio Gobierno porteño había exigido días atrás.

Un llamado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, bastó para que el bloque PRO cese sus intentos por convencer al Frente para la Victoria y a otras bancadas opositoras para sumar consensos y aprobar la creación de la sociedad del estado Agencia de Bienes. El titular del Ejecutivo se comunicó con quienes conducen el bloque oficialista para indicarles que la ley no se vote este jueves.

Sus espadas en el Deliberativo le respondieron que insistirán en el FpV y buscarán aprobarlo el jueves 21, para que la normativa cumpla todo los requisitos parlamentarios para llegar al recinto. Es decir, el oficialismo evitará pedirlo como tabla, esperará hasta que baje el despacho al recinto y dejará que se cumpla con todo el trámite legislativo, en especial con la posibilidad de observaciones.

A lo largo de toda la semana el PRO buscó consensos para, además de contar con los votos del kirchnerismo producto del acuerdo de fin de año, conseguir respaldo en el radicalismo y en el bloque que conduce Graciela Ocaña, Confianza Pública. La ilusión duró poco: SUMA + comunicó en la reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento Urbano, Desarrollo Económico y Presupuesto que no acompañaría la iniciativa, además de propinar una catarata de cuestionamientos al texto.

A pesar de que la semana pasada desde el kirchnerismo le aseguraron al tándem Carmen Polledo - Francisco Quintana que estaban garantizados los 12 votos, después de la "dura" respuesta de los vecinos en el debate en comisión un sector del bloque del FpV endureció su postura. El ala más kirchnerista bajó su leve apoyo cuando se evidenciaron de que el radicalismo no votaría a favor de la polémica iniciativa que habilita al Ejecutivo de la Ciudad a enajenar bienes. En concreto, un sector del bloque no quería respaldar la Agencia para evitar quedar enmarcados en el, azuzado por la izquierda, "pacto PRO - K".

Además, reclamaron cambios en los artículos referentes al Tiro Federal y al futuro Parque de la Innovación. El oficialismo no avaló ese reclamo y la noticia cayó como un terremoto dentro del bloque kirchnerista. Hay cuestionamientos, acusaciones cruzadas y cambios de posición de último momento, pero la bancada conducida por Carlos Tomada mantendrá su unión por ahora.

El bloque amarillo confía en que dentro de quince días logrará superar la barrera de los 40 votos. El propio Larreta dio instrucciones de superar esa suma para otorgar mayor "legitimidad" a la ley. Como esa posibilidad no estaba garantizada esta mañana, el alcalde pidió que la iniciativa se vote más adelante. Con esa jugada, se barrió con una idea sugerida por el propio Gobierno: sancionar definitivamente la Agencia antes de la eventual declaración de Cristina Fernández de Kirchner ante el juez federal Claudio Bonadio, situación que "complicaría" la relación con el FpV, aseguran en el oficialismo.

En las negociaciones por ahora fracasadas, un puñado de diputados peronistas batalló con el macrismo para cambiar aspectos claves de la ley y esas modificaciones llegaron a buen puerto: se aumentó la interferencia del Poder Legislativo ante el proceso de enajenación y se estableció que el Gobierno porteño se presentaría un plan anual de los bienes a enajenar en el mes de septiembre.

El oficialismo se enteró en la tarde del miércoles que el kirchnerismo no acompañaba en su totalidad y, luego de la reunión de labor parlamentaria, volvió a tender puentes con la UCR y la Coalición Cívica, que ya habían adelantado su postura negativa. Ambos espacios repetieron su "convicción" de votar en contra.

BIENES MUEBLES EN DESUSO

A falta de acuerdo sobre los inmuebles, se avanzó con muebles y útiles. En los fundamentos de la nueva normativa se habla de "agilizar el proceso referido a la baja de los bienes en desuso", así como "implementar conductas que respeten el medio ambiente". Se establece una nueva clasificación, que determina la capacidad de reutilización o transformación de cada bien, con la eventualidad de su reubicación o bien la conformación de stocks de repuestos y la posibilidad de donación.

El producido por la enajenación de bienes, que deberá hacerse por licitación o subasta pública, en este último caso mediante la intervención del Banco Ciudad, será destinado a una partida que atenderá necesidades de reposición de bienes muebles de hospitales y de establecimientos educacionales.

También se podrán donar bienes muebles en desuso a gobiernos provinciales, municipales, organismos y entidades de bien público y, por iniciativa de la diputada María Rosa Muiños (FPV), se agregó que esas donaciones se determinarán para "quienes demuestren mayor necesidad de los elementos a donar y conforme con los criterios y procedimientos que establezca la autoridad de aplicación".

Para tales fines funcionarán dos comisiones clasificadoras, una encargada de los bienes muebles en desuso en general y una específicamente para los bienes muebles registrables en desuso.

La autoridad de aplicación de las prescripciones y normas contenidas en esta nueva ley es el Ministerio de Hacienda, quien delega sus facultades en las direcciones generales de Compras y Contrataciones y de Gestión de la Flota automotor o en los organismos que en un futuro las pudieren remplazar.

El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, establecerá los procedimientos y normas operativas necesarias para materializar la gestión de los bienes muebles en desuso conforme los principios generales establecidos en el presente marco legal.

LOCALES BAILABLES

Por iniciativa de la diputada Inés Gorbea (Suma +) y con despacho de la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo, se solicitó al Gobierno de la Ciudad informes sobre las inspecciones realizadas durante 2014 y 2015 en locales bailables clases A, B y C.

La diputada reclama del Ejecutivo que "detalle actas labradas, faltas detectadas y sanciones aplicadas durante el período comprendido entre los años 2014 y 2015" y que "acompañe copia de las respectivas actas."

La ley 2624 creó la Agencia Gubernamental de Control, organismo que concentra el ejercicio del poder de policía sobre condiciones de habilitación, seguridad e higiene de establecimientos públicos y privados, obras civiles de arquitectura y control de salubridad de alimentos; que ejerce la función de controlar y fiscalizar la seguridad, salubridad e higiene y condiciones de funcionamiento sobre establecimientos de todo tipo, incluidos los locales bailables, recordó el despacho de comisión.

HOSPITAL BRITÁNICO

Por ley de segunda lectura (se aprobó en primera instancia y luego pasó por audiencia pública), la Legislatura aprobó una adecuación de afectación parcelaria para permitir que se realicen obras de ampliación en el Hospital Británico, del barrio de Barracas, casi en el linde con Constitución.

Se argumentó que se harán ampliaciones edilicias para mayores prestaciones de salud, un nuevo acceso por la avenida Caseros (a la altura de calle Perdriel), estacionamientos propios y puesta en valor del edificio.


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