Buenos Aires, 22  de setiembre de 2017. Tras una larga polémica, parece haberse destrabado le conflicto que mantenía el sector vitivinícola con el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires luego de que, por ley, se prohibiera la publicidad de bebidas alcohólicas en la Capital, sin que se alerte prioritariamente sobre los riesgos de consumir alcohol.

El acuerdo fue alcanzado luego de una reunión que mantuvo el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo con el jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile. También se acordó la creación del Museo del Vino como parte de un plan estratégico de promoción.

Cornejo detalló los temas tratados en el encuentro y anunció: "Hemos convenido en una acción común a seguir. Por un lado, la reglamentación de la prohibición a la publicidad del vino en la Ciudad de Buenos Aires, y a través del Ministerio de Agroindustria, una resolución específica que reglamenta qué significa el vino como bebida nacional. Con esas dos normas vamos a lograr exceptuar al vino argentino, y particularmente al vino mendocino, de esa prohibición de anunciar en la Ciudad de Buenos Aires, que es el mercado más importante de consumo".

Además, Cornejo informó que "la medida judicial presentada por la Corporación Vitivinicola Argentina (COVIAR) fue rechazada por el máximo Tribunal de Justicia de CABA". Así es que la solución política llegó justo después de fuera clausurada la vía judicial para resolver el conflicto.

La normativa que se modificó parcialmente ahora, había sido sancionada en noviembre del año pasado y prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública en toda la Ciudad de Buenos Aires.

En la Legislatura porteña se aprobó una ley para regular la promoción de los productos; las empresas que elijan seguir haciéndolo deberán priorizar en sus avisos mensajes que alerten sobre los riesgos de consumir alcohol.

La norma implica también la prohibición de toda "publicidad, promoción, patrocinio o financiación de actividades culturales, deportivas o educativas con acceso libre y gratuito, por parte de las marcas de bebidas alcohólicas", de acuerdo al texto de la propuesta que fue consensuado por todos los bloques.

Y agrega que el Poder Ejecutivo, a través de las áreas que correspondan, tendrá que "desarrollar acciones informativas y educativas sobre las consecuencias negativas del consumo en exceso de alcohol y el alcoholismo como adicción".

El nuevo escenario plantea una excepción. Las marcas podrán realizar publicidad en la vía pública teniendo en cuenta que el 75% del espacio del aviso debe ser ocupado por frases que adviertan sobre los riesgos de consumir alcohol, por ejemplo, "el alcohol al volante mata", "el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud", "no bebas alcohol durante el embarazo", o "tomar alcohol en exceso te acorta la vida". El 25% restante podrá contener el nombre o el logo de la marca.

A partir que se reglamente la ley y comience a regir (seguramente, a partir del año próximo), las empresas deberán adecuarse a las normas o deberán afrontar severas multas. La nueva reglamentación, que surge a raíz de un proyecto del diputado Roy Cortina (Partido Socialista) apoyada por el Gobierno, establece multas que van desde las 15.000 Unidades Fijas (UF) a la 100.000 UF. Cada UF tiene un valor cercano a los $10 por lo que las sanciones van desde los $150.000 a un millón de pesos; también se prevé el decomiso de la mercadería y la inhabilitación para desarrollar la actividad comercial.

"Es un camino gradual. Así como el problema del tabaco no se arregló con una ley mágica, con el alcohol pasará lo mismo. Por eso no nos desesperó que sea una ley durísima de entrada, pero se puede avanzar más, por ejemplo en una ley provincial o nacional", le dijo Cortina a La Nación.

La sanción de esta ley es una consecuencia directa de lo que ocurrió meses atrás en la tragedia de Time Warp en la que murieron cinco jóvenes por consumir drogas sintéticas. Luego de ese episodio se formó una mesa de diálogo en la que el Ejecutivo planteó la necesidad de atacar el problema de las adicciones con el consumo de alcohol y drogas. En simultáneo el proyecto se Cortina esperaba avanzar en la Legislatura, algo que ocurrió cuando contó con el aval del Ejecutivo y del bloque oficialista.

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