Buenos Aires, 29 de junio de 2018. La Justicia porteña desestimó el fallo de primera instancia que impedía la aplicación del protocolo "antitioma" en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Los jueces de cámara Mariana Díaz y Esteban Centanaro revocaron la sentencia de la jueza de primera instancia Elena Liberatori, que había invalidado el protocolo antitomas emitido por la ministra de Educación, Soledad Acuña mediante la resolución 643/18 (Pautas para la Convivencia Escolar). De esta manera, autorizó al Ministerio de Educación a intervenir para evitar la protesta de estudiantes en el interior de los edificios educativos, mediante un procedimiento que denominan "de responsabilidad para padres y alumnos" en las tomas de las escuelas.

El protocolo antitomas fue cuestionado por la asesora tutelar de primera instancia Mabel López Oliva, y por el asesor de cámara Gustavo Moreno, por no adecuarse a estándares legales.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario no se pronunció sobre el contenido del protocolo, pero revocó el fallo de Liberatori sosteniendo que "el planteo de los asesores tutelares no debió haber sido formulado en el mismo expediente donde se debatió el instructivo que criminalizaba las tomas que circuló en las escuelas durante setiembre 2017, sino en un nuevo juicio".

Al respecto sostuvo que no se acreditó "el cumplimiento de recaudos procesales indispensables para justificar la posibilidad de emitir un pronunciamiento" con relación a la resolución administrativa que aprobó el protocolo antitomas. En tanto, era necesario la promoción de "un nuevo juicio en el que se cuestionara concretamente y sin limitaciones la mentada resolución, en el que se propendiera a una discusión adecuada y propia de un proceso colectivo de las características que representaría ese caso".

De quedar firme la resolución de la Cámara de Apelaciones, y tener que iniciarse un nuevo amparo, queda excluida -por decisión de la Cámara- la jueza de primera instancia Elena Liberatori en tanto el tribunal entendió que ya anticipo su decisión, a lo que se suma que la nueva acción judicial tampoco podrá ser iniciada por el asesor tutelar de cámara Gustavo Moreno, quien por decisión de la asesora general tutelar Yael Bendel se encuentra imposibilitado de acompañar el inicio de acciones judiciales conjuntamente con sus colegas de primera instancia.

Según el fallo, los padres serán responsables por los daños que provoquen sus hijos durante la protesta, algo que sucede en escasas oportunidades y que, normalmente, es atendido por las cooperadoras financiadas por las mismas familias. 

Las pautas de acción del protocolo:

– Los directores de las instituciones educativas deberán citar a los padres para que retiren a sus hijos del colegio tras el inicio de la protesta.

– Serán las familias quienes se hagan cargo de los eventuales daños.

– Desde el colegio darán intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al SAME, si algún estudiante o autoridad requiere asistencia médica.

– Se debe librar un acta en la que se deje constancia de la imposibilidad de ejercer las normales actividades de la escuela con la descripción de los hechos y fotografías certificadas por un escribano público.

Este último punto genera más polémica, por cuanto en pocas ocasiones las tomas fueron con suspensión de clases. Simplemente, los alumnos pernoctaban en las instalaciones como modo de protesta. Pero quizás la movilización democrática de los estudiantes secundarios sea visualizada como un problema por las autoridades porteñas. Según el gobierno, durante 2017 se tomaron 30 escuelas y, con el protocolo, se buscará disminuir esta cifra para fin de año. Las últimas tomas se produjeron durante el debate en la Cámara de Diputados del proyecto de aborto legal, que obtuvo media sanción y continuará su discusión en el Senado. 

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