Buenos Aires, 31 de julio de 2020. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó un proyecto de ley para asistir a las víctimas de trata. En ocasión del 30 de julio, día que se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas designado así por la ONU, presentó ante la Legislatura porteña una iniciativa tendiente a la creación de una prestación económica inmediata a víctimas de trata de personas en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires. En los fundamentos de la medida se afirma que la trata "es una de las peores formas de sometimiento humano y viola una amplia gama de derechos fundamentales. Es un delito aberrante que vulnera fundamentalmente la libertad, la persona y la integridad sexual, física y psíquica porque menoscaba la dignidad humana".

La Defensoría entiende que si bien la Ley Nacional 26364, y su modificatoria Ley 26842, prevé una asistencia integral a las víctimas de este flagelo con sentencia condenatoria o decisión judicial equivalente, en la práctica no se garantiza una asistencia económica inmediata para las víctimas que les permita sostenerse de manera autónoma para no volver a ser captadas y poder cubrir sus necesidades básicas como vivienda, alimentación y salud.

Según el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre 2008 y 2019 se rescataron 13.383 personas en Argentina. El 8% eran menores de edad. Para acompañar este proyecto, la institución lanzó su campaña #NoALaTrata junto a referentes de Derechos Humanos y de distintos ámbitos para acompañar la tarea de la Defensoría del Pueblo.

Al respecto, la Defensora Adjunta Bárbara Bonelli afirmó "La esclavitud no desapareció, adoptó nuevas formas. En nuestro país, por duro que sea, hay esclavitud y desaparecen personas. Lamentablemente, la trata de personas con objeto de explotación sexual, laboral u otra forma, es una triste realidad”, con la idea de concientizar acerca de la problemática que acarrea la expansión de este delito en todo el mundo.

La Defensora afirmó que la Trata de personas es uno de los crímenes más aberrantes que atenta contra la dignidad humana y que es el negocio ilegal más rentable a nivel internacional después del narcotráfico.  Además, aseguró que cada año miles de mujeres, hombres y niños caen en las manos de traficantes para ser utilizados con fines de explotación sexual laboral, extracción ilícita de órganos, reducción a la servidumbre, trabajo forzoso, pornografia infantil y toda otra forma de explotación del ser humano.

Bonelli explicó que este flagelo ocurre en todas partes. Ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas y que las redes mafiosas cuentan con un inmenso poder económico y basan su desarrollo, crecimiento y funcionamiento gracias a la ineficacia de algunos organismos estatales, la falta de una legislación adecuada y una “cierta condescendencia cultural hacia este tipo de explotación”.

No obstante, La Defensora sentenció que este flagelo no afecta por igual a todos los géneros y clases sociales y desde que se sancionó la Ley 26.364 en el año 2008 (Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas) hasta el 31 de agosto del 2019 se rescataron 14.505 víctimas  En el mismo sentido, reveló que durante el año 2018 se rescataron 1531 personas en su mayoría mujeres y que el 56 por ciento fueron niñas, niños y adolescentes.

A su vez, Bonelli admitió que si bien es cierto que la Ley Nacional 26.364 y su modificatoria ley 26.842 prevé una asistencia económica para las personas víctimas de trata  con sentencia condenatoria o decisión judicial equivalente, la misma no garantiza una asistencia económica inmediata para la víctima que le permita sostenerse de manera autónoma para no volver a ser captada en el círculo de la trata y le dé la posibilidad de cubrir su necesidad inmediata de vivienda, vestimenta, alimentación y salud, todos recursos fundamentales y esenciales que, para una persona recién rescatada o liberada de sus captores, resulta imposible afrontar.

Por ello que desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se presentó  un proyecto de ley para la creación de un prestación económica inmediata a víctimas de trata de personas en el ámbito de la CABA cuyo objeto es garantizar la reinserción social,

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