Política | Comunicados de APYME

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Defensa del rumbo productivo

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) emitió el miércoles un comunicado de prensa respaldando las medidas cambiarias y la presentación del Presupuesto Nacional realizadas por el gobierno del presidente Alberto Fernández. La entidad señaló que "es preciso sostener y profundizar el rumbo productivo con inclusión social". El viernes de la semana pasada, tras la resolución del conlicto policial bonaerense había realizado un llamamiento a "respetar las instituciones democráticas" y "el diálogo políticio y social. Por Mailén González
Buenos Aires, 18 de setiembre de 2020. En sendos comunicados de prensa la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) fijó posición respecto de dos hechos trascendentes acontecidos en la semana. Uno, el establecimiento de nuevas regulaciones en el mercado cambiario que se dieron a conocer en paralelo a la presentación del proyecto de presupuesto nacional para el año que viene. El otro, el viernes pasado, vinculado a la resolución del conflicto suscitado con un sector de la Policía Bonaerense.

En el más actual señaló que "es preciso sostener y profundizar el rumbo productivo con inclusión social", al avalar como "necesarias y en el sentido correcto las nuevas regulaciones al mercado cambiario, que se dieron  a conocer en el día de hoy (por el miércoles) junto con la presentación del Presupuesto 2021."

La entidad resaltó que estas medidas son "adecuadas en el actual contexto para asegurar las divisas que necesita el país y canalizar el ahorro al sistema productivo,  las Pymes y la generación de empleo, resguardando a la economía de la verdadera inseguridad jurídica, que es la especulación financiera." 

Además APYME consideró que "el Presupuesto Nacional que presenta el Gobierno va en este mismo sentido al destinar recursos del Estado a prioridades sociales, productivas, de innovación y desarrollo. Esto es posible tras una ardua renegociación soberana de la deuda pública contraída con los bonistas privados, que alivia al país del pago de intereses durante los próximos cuatro años."

La entidad destacó que "las medidas no afectan la operatoria de las Pymes, ya que estas empresas no se endeudan en dólares con el exterior para adquirir bienes de capital e insumos. Las tensiones que puedan surgir en relación con los grandes formadores de precios deberán considerarse atendiendo al  funcionamiento y las necesidades del entramado productivo nacional, que requiere un fuerte impulso al mercado interno compatible con el ingreso de divisas genuinas por medio de las exportaciones."

También subrayó que "estas medidas se dan a conocer junto con la reglamentación dela moratoria 2020, que permite a un amplio universo de actores económicos a pymes, monotributistas, autónomos, cooperativas y entidades sin fines de lucro cumplir con sus obligaciones impositivas saliendo del ahogo fiscal por la acumulación de deudas en un marco de crisis."

Asimismo ponderó el anuncio del Presidente de la Nación de "el Plan Nacional de Conectividad (Conectar), que buscará universalizar el acceso a conexiones de banda ancha de última generación y prevé la reactivación del Plan Satelital Argentino" y que se inició "el debate en la Legislatura Nacional por el proyecto de ley Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, que vincula a las grandes fortunas con las necesidades del país en el marco de la actual emergencia sanitaria, económica y social. Debe tenerse en cuenta que el sector comprendido en el proyecto de ley es el que contribuye en menor proporción al fisco en relación con sus ingresos." Al respecto valoró que "todas estas iniciativas contarán con la resistencia de grandes intereses afectados y de espacios políticos que han pretendido gerenciar la Argentina en provecho de una minoría de empresas concentradas y grupos financieros que no han realizado ni realizan inversiones en nuestro país."  

Finalmente concluyó que "en el marco de la pandemia y tras casi dos años de recesión y fuga de divisas, el rumbo actual debe sostenerse y profundizarse para aspirar a reconstruir la Argentina sobre la base de un modelo de desarrollo productivo con inclusión social."

Respeto de las instituciones democráticas

Tras la resolución del conflicto con la Policía Bonaerense y ante las decisiones del Gobierno Nacional, el viernes de la semana pasada la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresó "su satisfacción ante la resolución del conflicto con sectores de la Policía bonaerense tras la presentación del Plan Integral de Seguridad por parte  del gobernador Kicillof" y destacó que "como es de público conocimiento, esta solución se hace viable en lo inmediato a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández de disponer los recursos necesarios mediante una decisión urgente compatible con una más justa distribución de la renta nacional." 

Al respcto indicó que "la medida que se tomó en relación con el excedente de recursos que se había cedido por decreto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el gobierno precedente, obedece a un estricto criterio de equidad y solidaridad sobre la base de un federalismo bien entendido, que debe ser parte de una política de Estado abocada a la corrección un problemática de larga data en nuestro país. De hecho, la concentración económica, que tiene su correlato en la concentración y los desequilibrios regionales, es uno de los obstáculos que limitan seriamente el desarrollo de las producciones, industrias, servicios y comercios locales, en un 99 por ciento correspondientes  a micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad y el campo."

"Como representantes de miles de Mipymes de todo el país, afirmamos que ese vasto entramado productivo y social sólo puede subsistir y  prosperar cuando las políticas públicas contemplan a  todas las regiones de modo armónico y con posibilidades de progreso para todos sus habitantes", puntualizaron desde la entidad.

Más allá de la equidad distributiva, APYME se pronunció en la ocasión "en contra de cualquier tipo de accionar corporativo y desestabilizador,  lo que siempre favorece en última instancia a sectores concentrados que buscan poner el Estado al servicio de sus privilegios. No es de extrañar que en estos días, cuando se sucedieron graves transgresiones al orden institucional -de ningún modo justificables bajo reclamos legítimos de un sector-, no se hayan pronunciado en defensa de la democracia y la seguridad jurídica las representaciones de los grandes intereses corporativos, como AEA y el G6. Esto se debe a que, como ha sucedido lamentablemente en nuestra historia, estos grupos son los verdaderos promotores y beneficiarios de las alteraciones del orden democrático y las acciones en contra de los gobiernos populares. Baste recordar el lock out patronal  que financio e instigó  el golpe de Estado de 1976, con Martínez de Hoz a la cabeza", subrayaron.

Los dirigentes de las pequeñas y medianas empresas señalaron que "son los mismos sectores que en los difíciles momentos que nos tocan vivir a causa de la pandemia de la Covid 19, buscan sumir a la sociedad en una falsa disyuntiva entre la economía o el cuidado de la salud pública. Utilizan otros métodos, como la judicialización de la política y la exacerbación mediática, pero los fines son siempre los mismos: interrumpir o desgastar proyectos nacionales que convocan a construir  un país industrializado, soberano, equitativo y solidario. Un país donde la prioridad de las políticas públicas no pase por la especulación y la fuga de divisas sino por la inversión, el trabajo y la producción nacional."

Cotrastaron esa actitud con la expresada en "el desesperado llamado del personal del sistema de salud a la solidaridad y la responsabilidad ciudadana para impedir que continúen aumentando los contagios, muestra claramente que el bien común debe estar por encima de operaciones corporativas, políticas y de medios de comunicación que impulsan conflictos y divisiones en lugar de alentar el diálogo, la  convivencia democrática, el  cuidado del prójimo y de la vida. Expresamos esto en el día en que se homenajea a  las y los docentes, quienes han sufrido postergaciones y agresiones por parte de los gobiernos que concibieron la salud y la educación como negocios. Hoy el Estado debe privilegiar también su labor y darles todo su apoyo y las herramientas necesarias en un contexto que les exige una entrega y esfuerzo de adaptación que aún no se llega a ponderar."

Para culminar su declaración firmada por la Comisión Directiva Nacional formulando un llamamiento "a toda la dirigencia política, gremial y empresaria a pronunciarse con claridad por la preservación del bien común, la defensa de las instituciones democráticas y la convocatoria al diálogo social por la reconstrucción de una Argentina que incluya y procure una vida digna a todos sus habitantes."
 


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