Legislativas | Reforma del Código Urbanístico
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Los vecinos reclaman ser oídos
Pese a tanto debate, la audiencia pública por la actualización del Código Urbanístico (CUR) terminó con varias preguntas abiertas de cara al tratamiento en segunda lectura del proyecto. El Código Urbanístico establece la distribución de terrenos y edificios en la ciudad, tanto en espacios públicos como privados. Además, define los usos permitidos para cada zona y las obligaciones de los constructores, teniendo en cuenta el entorno y la estructura general de la ciudad. La propuesta busca ajustar las alturas, limitar la banda edificable en áreas de baja densidad, incluir regulaciones sobre la mixtura de usos del suelo, incorporar instrumentos de promoción, sumar equipamientos especiales, modificar urbanizaciones específicas y definir áreas de desarrollo prioritario.
Los encargados de presentar en la audiencia pública las modificaciones que el Gobierno de la Ciudad propone introducir al Código Urbanístico, vigente desde el año 2018, fueron los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Su titular, Álvaro García Resta, comentó los principales lineamientos de las modificaciones. "Queremos generar equilibrio en la Ciudad en tres escalas: la escala ´ciudad´, la escala ´barrio´ y la escala ´manzana´", sostuvo. La primera de las escalas se basa en un diagnóstico que el oficialismo viene sosteniendo desde el inicio del debate: que la construcción de la Ciudad está demasiado concentrada en la zona norte. La actualización del CUR, así, incorporará mecanismos de incentivo para desarrollar la constructividad en la zona sur.
Pero son las escalas "barrio" y "manzana" las que, en principio, deberían cumplir la función de responder a los masivos reclamos que desde la aprobación del Código en 2018 se fueron incrementando en la Ciudad por el avance inmobiliario en los barrios residenciales. La modificación más relevante en este punto es la de las unidades de sustentabilidad, la figura del Código que estipula cuánto y cómo se puede construir en cada parcela: alturas, capacidades constructivas, superficies o centros libres de manzana, entre otros puntos.
En el CUR actual existen seis de esas unidades divididas en Alta, Media y Baja. El texto propuesto busca pasar de seis a siete, incorporando la Unidad de Sustentabilidad de Altura Baja 0, que pasaría a ser la unidad mínima con un tope de 9 metros de altura y una ampliación de los pulmones de manzana. También las actuales USAB 1 y 2 tendrían una extensión en los pulmones, reduciendo la superficie a construir en las parcelas. La USAB 0 se aplicaría en distintas zonas residenciales de la Ciudad, "particularmente en los corazones de los barrios donde recibimos la mayor demanda", según indicó en la audiencia la directora general de Desarrollo Urbano, Sandra Tuya. García Resta añadió a esto que la actualización también apunta a concentrar construcciones no en las calles internas sino en las avenidas, a modo de corredores.
Del otro lado, la mayor parte de las intervenciones críticas del proyecto compartieron un diagnóstico: que las modificaciones están excesivamente vinculadas a la construcción, sin tener en cuenta otros mecanismos del Código. Bárbara Rossen, arquitecta y directora de Derechos de Acceso a la Ciudad de la Defensoría del Pueblo, dijo en este sentido que la actualización propuesta "se centra exclusivamente en las capacidades constructivas de las parcelas". "No incorpora criterios reales de sustentabilidad, de protección ambiental, de incremento de espacios verdes públicos ni hubo diagnóstico o informes sobre lo que se está debatiendo", señaló Rossen, quien recordó que el proyecto "debería responder a lo estipulado por el Plan Urbano Ambiental (PUA), pero eso no se cumple ya que se presentó antes de la actualización del Plan".
En el mismo sentido se expresó el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, quien además de mencionar la falta de actualización del PUA recordó que la Ciudad tampoco tiene un Código de Ambiente "que tendría que ser el compañero de este Código". El abogado sostuvo que, desde 2018, "los problemas urbanos se han complejizado en todas sus dimensiones y parte de esos problemas se deben a que no hay una planificación en serio y al aumento de capacidades constructivas en la Ciudad".
Principales cuestionamientos
La urbanista Bárbara Rossen, en representación de la Defensoría durante la audiencia pública, advirtió que el nuevo código “podría provocar una saturación de servicios, problemas de infraestructura, una menor calidad ambiental, un aumento significativo de la isla de calor, menos espacios verdes y mayores dificultades para acceder a la vivienda”. También alertó que, en ausencia de políticas públicas que establezcan reglas claras, las edificaciones terminan convirtiéndose en activos para la especulación. “Sin una política pública que la regule, la especulación la convierte en reserva de valor”, expresó Rossen.
Durante las jornadas, se plantearon diversos cuestionamientos al proyecto. Uno de los principales fue la falta de una discusión real con consejos consultivos, juntas comunales, organizaciones ciudadanas, profesionales y vecinos, lo que generó reclamos sobre la falta de participación en el debate. “Los vecinos son la verdadera alerta temprana. La escucha atenta es imprescindible. Queda pendiente que esta democracia participativa tenga más injerencia y no sea solo una escenografía para cumplir con el procedimiento”, manifestó la arquitecta y directora de Derechos de Acceso a la Ciudad.
Además, en la audiencia se señaló que el proyecto se centra únicamente en la constructibilidad y deja de lado problemas prioritarios para la comunidad. Entre ellos, la destrucción de barrios de casas bajas y del patrimonio barrial, el colapso de los servicios públicos, la insuficiencia de infraestructura, la escasez de espacios verdes públicos cercanos, la protección del arbolado y la integración de los barrios populares al resto de la ciudad. Rossen criticó el aumento de la edificabilidad al señalar que no se acompaña de los equipamientos ni de las mejoras urbanísticas necesarias. “Si bien proponen ampliar los pulmones de manzana, no va a tener el impacto suficiente para contrarrestar el aumento de las alturas en toda la ciudad", agregó la especialista.
Otra de las reformas incluidas en la primera lectura fue la creación de la "capacidad constructiva adicional". Este instrumento, según Bárbara Rossen, tiene la “supuesta motivación de desarrollar la zona sur”. Permite, entre otras cuestiones, otorgar capacidad constructiva adicional en el corredor norte a desarrollos realizados en esa área. Esto habilita edificar hasta un 30% más alto de lo permitido en el distrito, lo que “podría alterar barrios de buena calidad y provocar disrupciones morfológicas, con la pérdida de sol, aire y cumplimiento de normas de tejido urbano”, completó. Por otro lado, la experta en urbanismo también manifestó preocupación por el aumento de la capacidad constructiva en zonas de riesgo hídrico.
Otro aspecto cuestionado fue la ausencia de un Código Ambiental y la falta de actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA), a pesar de lo que establece la normativa vigente. Esto refuerza las críticas hacia un proyecto que, según los participantes, no responde a las necesidades reales de los vecinos.
Cómo fue la dinámica de la audiencia
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