Legislativas | Servicio Penitenciario porteño
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El nuevo organismo será civil, desconcentrado y especializado, dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad, y funcionará como auxiliar del Poder Judicial. Su misión será custodiar y tratar a las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios bajo su órbita, además de atender a quienes cumplan penas alternativas o medidas no privativas de libertad. La estructura contará con una Dirección General, una Subdirección General y áreas específicas de Seguridad Penitenciaria, Diagnóstico, Tratamiento y Plan de Vida, y Recursos Humanos y Bienestar Laboral.
La gestión estará a cargo de personal civil dividido en dos cuerpos diferenciados. Por un lado, los Agentes de Seguridad Penitenciaria, fuerza civil armada formada en el Instituto Superior de Seguridad Pública, con capacitación en gestión de conflictos y uso proporcional de la fuerza. Por otro, los Agentes de Reintegración Social, profesionales y técnicos dedicados a la educación, salud mental, vínculos familiares y acompañamiento progresivo de los internos. Este esquema busca separar las funciones de custodia y tratamiento, algo inédito en los sistemas penitenciarios tradicionales.
Uno de los aspectos más innovadores es la incorporación del Plan de Vida, un compromiso acordado con cada detenido para facilitar su reinserción social. Este plan incluye acceso a educación, salud, capacitación laboral y acompañamiento interdisciplinario. Además, se crean dos órganos de control: una Oficina de Transparencia y Control Externo, para prevenir la corrupción, y una Defensoría del Personal, con autonomía funcional para garantizar derechos humanos y laborales de los agentes. El control legislativo estará a cargo de una Comisión Especial de Seguimiento integrada por los presidentes de las comisiones que participaron en el debate.
La presidenta del bloque Unión por la Patria, Claudia Neira, explicó que la Ciudad deja de aplicar la ley nacional de ejecución de penas y adopta una normativa propia, más moderna que la Ley 24.660. Destacó que el nuevo sistema divide las funciones entre una fuerza de custodia y un cuerpo técnico civil encargado del tratamiento, lo que permite un abordaje integral y personalizado. “El preso elige un plan de vida y se lo acompaña para poder hacer un trabajo de tratamiento efectivo, con posibilidades reales de reinserción social”, señaló.
El proyecto se inscribe en el proceso de autonomía y transferencia de competencias penales desde la Nación hacia la Ciudad, que incluye el traspaso de parte del penal de Ezeiza y del de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, además de fondos y personal. Una vez operativo, el servicio estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, encabezado por Gabino Tapia, con coordinación de la Secretaría de Justicia a cargo de Francisco Quintana y dirección de Leandro Halperín.
La aprobación fue fruto de cinco meses de negociaciones entre los principales bloques políticos. Desde La Libertad Avanza se discutió hasta último momento la dependencia del organismo, proponiendo que estuviera bajo el Ministerio de Seguridad, mientras que el PRO, UCR y UxP defendieron su ubicación en el Ministerio de Justicia. Finalmente, se consensuó la denominación de Servicio Penitenciario y de Reintegración Social.
El impacto esperado es significativo: más de 2.000 personas actualmente alojadas en comisarías y alcaldías porteñas podrán ser trasladadas a unidades penitenciarias de la Ciudad, descomprimiendo los calabozos y mejorando las condiciones de detención. Según Neira, el sistema puede comenzar a funcionar de inmediato para los detenidos cuyas causas tramitan en juzgados locales, que representan alrededor del 10 por ciento de los presos en alcaldías.
La Ley de Ejecución de la Pena aprobada junto al servicio tiene tres ejes centrales: seguridad, para garantizar condiciones seguras y transparentes; reintegración, para reducir la reincidencia mediante educación, salud integral y trabajo; y participación, para incorporar a la víctima y la comunidad en procesos de reparación y transparencia. Las comisiones de Justicia, Seguridad, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo y Presupuesto trabajaron en conjunto para dar forma a la normativa.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró la medida como un hito histórico para la autonomía porteña y un paso clave en el plan integral de seguridad. “Es histórico que tengamos nuestro propio Servicio Penitenciario. Representa un gran paso para nuestra autonomía y para la protección de la sociedad y las víctimas”, afirmó. La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien meses atrás había protagonizado un enfrentamiento con la Ciudad por la sobrepoblación carcelaria, reconoció que el traspaso es necesario y que se trabaja en una mesa diaria para concretarlo. Recordó que la idea es cerrar la cárcel de Devoto y avanzar con la nueva cárcel de Marcos Paz, cuya construcción se financia en un 65 por ciento con fondos nacionales y en un 35 por ciento con recursos de la Ciudad.
La aprobación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social marca un antes y un después en la política penitenciaria porteña. Con un modelo innovador que combina custodia y tratamiento, y con un enfoque en la reinserción social, la Ciudad de Buenos Aires se convierte en pionera en la región en diseñar un sistema penitenciario propio, adaptado a sus necesidades y desafíos actuales.
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