Buenos Aires, 4 de diciembre de 2020. La ley de parto respetado y atención perinatal establece los derechos de las gestantes y de sus hijos y la obligación de los médicos de informar con claridad los tratamientos o intervenciones propuestas. La Legislatura sancionó la ley que regula los mecanismos y “las condiciones necesarias para asegurar el parto respetado con el fin de garantizar los derechos de las personas gestantes, antes, durante y después del parto al igual que un nacimiento digno de las personas recién nacidas en el marco de la ley nacional Nro. 25.929 y el Decreto reglamentario 2035/15”.

Fue una iniciativa de las diputadas Inés Gorbea y Manuela Thourte (UCR), tratada y despachada en la comisión de Mujer e Infancia, que preside Laura Velasco (FdT). La normativa es de aplicación en el sector público de la salud y “se invita a adherir a los subsectores privado y de seguridad social”.

Parto respetado es aquel que garantiza el respeto de las decisiones de las personas gestantes en relación a cómo, con quién y en donde parir, y el acompañamiento necesario para la toma de decisiones autónomas, seguras e informadas antes, durante y después del parto, incluso en el periodo de puerperio, explica la ley sancionada este jueves. También se hace referencia al “respeto del cuerpo y del transcurrir fisiológico del parto, expresado en un trato digno, en atención adecuada en tiempo y forma, sin intervenciones y/o medicalización innecesarias, a no ser por pedido expreso de la persona gestante, y sin patologización del proceso reproductivo”.

La gestante debe ser “informada por el equipo de salud, de forma clara y entendible”, a fin de que “pueda optar libremente” sobre tratamientos o intervenciones médicas. El respeto debido debe garantizar “la intimidad durante todo el proceso asistencial” y tener en consideración las pautas culturales de la paciente.

Rige el derecho “al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud tanto de la persona gestante o como de la persona por nacer”.

La gestante deberá ser partícipe de las decisiones sobre su hijo/a y no podrá ser “sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación y docencia, salvo consentimiento manifestado por escrito luego de que se hayan explicado las implicancias de dichos procedimientos”.

También se establecen los derechos a “estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto”; a “tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario” y a tener “un Plan de Parto, entendiendo por éste al conjunto de decisiones basadas en el intercambio de información colaborativa entre el/la médico/a y/o el/la profesional de la obstetricia, la persona gestante y su familia”.

El Cuerpo Parlamentario aprobó la colocación de una placa en la intersección de las esquinas avenida Segurola y Habana con la siguiente leyenda: ESQUINA DIEGO ARMANDO MARADONA. En homenaje a un símbolo del fútbol argentino y mundial 30/10/1960 - 25/11/2020. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

La esquina de Segurola y Habana 4310, ubicada en Villa Devoto, es sinónimo de Maradona. Allí vivió varios años en la década del ´90 junto a su ex esposa, Claudia Villafañe, y sus hijas, Dalma y Giannina, precisamente en el séptimo piso del edificio. Además, el astro del fútbol mundial reveló su dirección públicamente luego de una discusión con el jugador de Colón, Julio César Toresani, en el partido que estableció su regreso a Boca Juniors, en 1995. El diputado Daniel del Sol impulsó la iniciativa junto a sus pares Ariel Álvarez Palma, Jorge Apreda, Cristina García, Diego García Vilas, Guillermo González Heredia, Matías López, Paola Michielotto, Gonzalo Straface (VJ) y Diego Weck (UCR-Ev).

La nueva normativa promueve las unidades productivas en sectores vulnerables. Además otras normas aprobadas en la Legislatura incentivan la agricultura urbana, la compensación ecológica y la capacitación de funcionarios en temas ambientales. 

Con invocaciones a la equidad, inclusión y solidaridad, los diputados de la Ciudad de Buenos Aires sancionaron este jueves la Ley de Economía Social, que promueve la interacción entre unidades productivas de personas, grupos o sectores de mayor vulnerabilidad. “Promover el desarrollo local, la generación y sostenibilidad de puestos de trabajo autogestivos y el acceso a nuevos mercados de las Unidades Productivas de la Economía Social de la Ciudad”, es el primer precepto de la ley aprobada.

Había varias iniciativas al respecto, del Frente de Todos; de la UCR, que hizo suya la propuesta de un particular, y de la Jefatura de Gobierno. Primó el proyecto oficialista, discutido y despachado en las comisiones de Desarrollo Económico (preside Marcelo Guouman – UCR), de Promoción e Integración Social (Lorena Pokoik – FdT) y de Presupuesto (Claudio Romero – VJ).

Se crea un registro de estas Unidades Productivas y se consignan “criterios que tiendan a alcanzar la igualdad en el acceso a herramientas financieras, crediticias y de asistencia técnica para disminuir las brechas económicas y sociales entre las y los ciudadanos”.

El texto toma en cuenta la “perspectiva de género” para el “empoderamiento económico de las mujeres, personas trans y/o disidencias”; la inclusión de personas con discapacidades y la importancia del impacto ambiental. La “Unidad Productiva” es definida como persona o colectivo de personas que realicen “actividades de interés económico y social, produciendo bienes o servicios en busca de satisfacer sus necesidades, con miras a su inserción en el mercado formal laboral o comercial con baja escala de capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo”.

Se busca favorecer a estos trabajadores con exenciones impositivas, políticas de fomento del crédito a través de programas del Banco Ciudad y la constitución de un fondo fiduciario con aportes públicos y privados para “mejorar, ampliar o garantizar la producción u obtención de los productos o servicios vinculados a su actividad”.

Podrán participar asociaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, sociedades, siempre que “tengan experiencia acreditable en el otorgamiento de créditos y mesocréditos, brinden capacitación y/o asistencia técnica” a las unidades productivas.

En cuanto a la agricultura urbana, la ley sancionada ayer “tiene por objeto la promoción y difusión de las prácticas de agricultura urbana en la Ciudad, con el fin de favorecer hábitos de nutrición saludables, cuidar el ambiente y diversificar la producción y el consumo de alimentos con métodos sostenibles a través de la participación ciudadana".

El texto legal define los conceptos de agroecología urbana, huerta urbana, huerta pública comunitaria, huerta privada, compostaje; todas “formas alternativas de consumo y producción de alimentos que generen menor impacto en el ambiente”.

Se encomienda a la Jefatura de Gobierno -a través de la autoridad de aplicación- “elaborar campañas de difusión para promocionar los beneficios que brinda el desarrollo de la actividad de agricultura urbana”, además de brindar soporte técnico para su práctica sostenida, celebrar convenios con organizaciones, universidades, organismos, centros de investigación y capacitar a los habitantes a través de talleres.

“El Poder Ejecutivo podrá relevar los terrenos de dominio público o privado que se encuentren total o parcialmente ociosos, a fin de ser destinados al otorgamiento de permisos de uso para el emplazamiento de huertas de gestión pública-comunitaria”.

Con despacho de las comisiones de Ambiente (Mercedes De Las Casas – VJ) y de Presupuesto, se aprobó también la creación del Sistema de Compensación Ecológico (SI.CO.ECO), sobre reciclado, separación en origen, reducción de residuos sólidos urbanos, y promoción de la economía circular.

El sistema incentiva la recuperación de materiales definidos por la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana) mediante una compensación que se hará efectiva a través del otorgamiento de beneficios (entradas a obras de teatro, proyecciones cinematográficas, espectáculos musicales y de danza, museos, pasajes del bus turístico, visitas guiadas, descuentos en librerías, etc.)

Por otra parte también se sancionó la ley de “capacitación y formación integral en materia ambiental y desarrollo sostenible para los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La forma y modo en que se dictarán los cursos será definida por vía reglamentaria.

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