Política | Boleto universitario
25/04
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Reclaman implementación
El conflicto por la demora del gobierno porteño en implementar el boleto gratuito universitario sigue escalando y ya tiene su primer capítulo judicial. Cuatro centros de estudiantes de la UBA anunciaron la presentación de un amparo en la Justicia para buscar que el Gobierno porteño ponga en marcha el nuevo boleto aprobado por la Legislatura a fines del año pasado en un histórico triunfo del movimiento estudiantil que sostenía el reclamo desde hace décadas. Los y las estudiantes esperaban que la gratuidad estuviera activa para el inicio del ciclo lectivo, mientras que desde el GCBA afirman que ya conformaron una "mesa interministerial" para definir la implementación.
Argumentan que el acceso a la educación superior no es solo un derecho individual, sino también un pilar fundamental para el desarrollo social y económico de una nación. Invertir en la formación de las nuevas generaciones es sembrar las semillas de un futuro más próspero e igualitario. Sin embargo, para muchos estudiantes universitarios en Buenos Aires, el costo diario de viajar en colectivo, subte o tren se convierte en una barrera económica significativa, limitando sus oportunidades y, en algunos casos, forzándolos a abandonar sus estudios.
La situación económica actual del país agrava aún más esta problemática. La inflación constante y el aumento de las tarifas de transporte impactan directamente en el presupuesto de los estudiantes y sus familias, quienes a menudo realizan sacrificios considerables para costear la educación de sus hijos. En este escenario, la implementación del boleto estudiantil universitario no es solo una demanda estudiantil, sino una medida de justicia social y una inversión estratégica en el futuro del país.
Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un boleto estudiantil para los niveles inicial, primario y secundario, lo que demuestra la voluntad política de facilitar el acceso a la educación básica. Extender este beneficio al nivel universitario era un paso lógico y necesario para garantizar la continuidad de la trayectoria educativa de los jóvenes, que se materializó en la sanción legislativa del año pasado. Hasta la administración de Jorge Macri demora su implementación efectiva.
La demora en la implementación del boleto estudiantil universitario no solo perpetúa la desigualdad y limita las oportunidades de los jóvenes, sino que también envía un mensaje contradictorio sobre la importancia que se le otorga a la educación superior. Una ciudad que se precia de ser un centro educativo de excelencia debe garantizar que todos sus estudiantes tengan las condiciones necesarias para desarrollar su potencial al máximo, afirman los dirigentes estudiantiles.
El amparo
El amparo colectivo fue presentado por los centros de estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales, de Filosofía y Letras, de Ciencias Sociales, y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y lleva la firma de sus respectivas presidentas, Julia Benito, Renata Veber, Natalia Arakaki y Pilar López Barcala. En el escrito, los y las estudiantes representados por los centros piden que la Justicia ordene al Ministerio de Educación porteño "que proceda a registrar a los estudiantes de Nivel Superior y ponga a disposición las tarjetas SUBE estudiantil o, en su defecto, vincule las tarjetas SUBE individuales a quienes se hayan registrado para así instrumentar el derecho al Boleto Estudiantil".
Es que, en rigor, el GCBA no necesita crear un nuevo sistema de boleto educativo sino incorporar a los y las alumnas del nivel terciario y universitario al régimen de boleto ya existente en la Ciudad, que hasta ahora alcanza a los niveles primario y secundario. La Ley N° 6.770, aprobada por amplia mayoría en diciembre del año pasado, vino a ampliar lo establecido por la preexistente ley de boleto estudiantil para incorporar al nivel superior y algunas otras modificaciones como la inclusión de un subsidio del 55 por ciento del boleto para los "acompañantes" de estudiantes de primaria que no puedan viajar solos.
Hasta ahora, sin embargo, los universitarios no han tenido novedades sobre su inclusión en el régimen. Tampoco las tuvieron acerca del método que se implementará para registrar a las personas alcanzadas por la gratuidad, ya que la ley se aprobó con restricciones de acceso: un tope económico por ingresos familiares y la exclusión de los y las alumnas que no tengan residencia en la Ciudad. Por ahora nada se sabe de cómo se harán efectivos esos criterios, por lo que los centros de estudiantes pidieron en el amparo que se dicte una cautelar para ordenar al GCBA que en un plazo de cinco días "arbitre las medidas urgentes para la inscripción de las y los estudiantes que cumplan con los requisitos".
Tras la presentación del amparo, Olivera advirtió que la demora en la implementación se da "en un contexto de profundización de la crisis económica", por lo que se puede "poner en peligro la cursada de miles de estudiantes". Benito, por su parte, añadió que "es fundamental que el Poder Judicial nos escuche". "Lamentamos que no se haya podido resolver por las vías habituales que marca nuestra democracia, pero ante el silencio y la falta de respuesta, esta medida fue necesaria porque las y los pibes no pueden seguir esperando", apuntó.
También referentes de la izquierda presentaron un amparo en paralelo al de los centros de estudiantes para reclamar la puesta en marcha de lo estipulado por la ley. Lo hicieron las candidatas a legisladoras del Partido Obrero, Vanina Biasi y Tatiana Fernández Martí, secretaria general del centro de estudiantes de Filosofía y Letras. "¿Por qué 6 meses después y ya pasado un mes desde el inicio del cuatrimestre seguimos sin poder ejercer nuestro derecho?", se preguntaron y aseveraron que "nos están robando un derecho mientras el boleto no para de aumentar".
El boleto fue aprobado con un tope de ingreso que permite acceder a la gratuidad a aquellos estudiantes que pertenezcan, como máximo, a hogares de "sector medio frágil" según la clasificación actualizada del Instituto de Estadísticas y Censos porteño. El reciente informe del instituto sobre el mes de marzo arrojó que ese sector lo ocupan las familias con ingresos mensuales de hasta 1,8 millones de pesos. Quienes formen parte de hogares con ingresos superiores no tendrán el boleto gratuito. A esto se suma la exclusión de los y las estudiantes sin residencia en la ciudad. Como contraparte, la ley de diciembre amplío a 96 la cantidad de boletos gratuitos a los que los y las alumnas tendrán derecho a acceder por mes.
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