Política | Investigación del derrumbe de Parque Patricios
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Damnificados quieren ser querellantes
Los escritos judiciales sostienen que la utilización de maquinaria pesada en el sitio pudo implicar la alteración de la escena del hecho y el ocultamiento de materiales esenciales para la investigación. Por ello, los querellantes pidieron que se investigue no solo a la empresa y sus directivos, sino también a los profesionales que participaron en el diseño, cálculo estructural, dirección y control de la obra, así como a inspectores y autoridades responsables de supervisar la construcción.
Entre las medidas solicitadas se incluye la realización de una pericia técnica independiente, la intervención de la Brigada Especial de Rescate USAR de la Policía Federal y la designación del ingeniero civil Dunayevich como perito de parte, propuesta que fue aceptada por la fiscal. También reclamaron acceder a toda la documentación de la obra, incluidos planos, memorias de cálculo y el libro de obra, además de preservar registros de cámaras de seguridad públicas y privadas y recoger testimonios de vecinos y testigos presenciales.
En el plano patrimonial, los denunciantes solicitaron la inhibición general de bienes de COSUD para garantizar eventuales indemnizaciones y evitar un vaciamiento de la empresa, aunque la fiscalía rechazó por el momento esa medida al considerar que la causa se encuentra en una etapa inicial. No obstante, dejó abierta la posibilidad de avanzar en esa dirección si el desarrollo de la investigación lo justifica.
La fiscalía informó que el mismo día del derrumbe se ordenaron pericias técnicas a Bomberos y al Cuerpo de Investigaciones Judiciales para determinar si el colapso era previsible y cuáles pudieron ser sus causas. También se amplió el pedido de información al Gobierno porteño para obtener habilitaciones, inspecciones y documentación técnica vinculada con la obra, además de un relevamiento integral de cámaras y testimonios.
El caso pone en el centro del debate la seguridad en las construcciones de gran escala y el rol de las empresas y autoridades en el control de obras públicas y privadas. Los vecinos afectados insisten en que el derrumbe no fue un hecho fortuito sino consecuencia de deficiencias estructurales y de una supervisión insuficiente. La investigación judicial deberá establecer si existieron incumplimientos técnicos o negligencias que derivaron en el colapso y si la intervención posterior de maquinaria pesada pudo haber comprometido la preservación de pruebas.
Mientras tanto, el complejo permanece bajo estrictas medidas de seguridad y los damnificados continúan reclamando respuestas y garantías de que se esclarecerán las responsabilidades. El derrumbe de Parque Patricios se convirtió en un caso testigo sobre la necesidad de reforzar los controles en la construcción y de garantizar que los proyectos habitacionales cumplan con los estándares de seguridad exigidos para proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos.
La resolución de la causa será clave no solo para los vecinos afectados, sino también para el futuro de la empresa constructora y para la confianza pública en los mecanismos de control urbano. La expectativa está puesta en que la Justicia avance con celeridad y transparencia para determinar qué ocurrió y quiénes deben responder por uno de los derrumbes más graves registrados en la Ciudad en los últimos años.
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