Cultura | #NiUnaMenos

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Persiste la violencia doméstica

La onceava masiva movilización por Ni Una Menos volvió a ocupar las calles argentinas en junio de 2026, en un contexto marcado por los recientes femicidios de adolescentes y por cifras que muestran que, pese a algunos descensos estadísticos, la violencia de género sigue siendo un flagelo persistente. Desde 2015 hasta hoy se registraron más de 3.400 víctimas fatales, lo que equivale a un femicidio cada 30 a 35 horas en el país. Por Mariela Sosa Buenos Aires, 12 de junio de 2026. El 3 de junio de 2015, tras el femicidio de Chiara Páez en Rufino, Santa Fe, nació Ni Una Menos como un grito colectivo contra la violencia machista. Once años después, la consigna conserva plena vigencia y se resignifica en cada aniversario. La marcha de 2026 estuvo atravesada por los casos de Agostina Vega, de 14 años en Córdoba, y Dulce María Beatriz Candia, de 17 en Misiones, cuyos asesinatos expusieron nuevamente las falencias en los protocolos de búsqueda y protección. La conmoción social fue inmediata y miles de personas se movilizaron en todo el país bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.  

Las estadísticas oficiales y de organizaciones civiles permiten dimensionar la magnitud del problema. Según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” de La Casa del Encuentro, entre junio de 2015 y mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género, incluyendo femicidios, transfemicidios y femicidios vinculados. El promedio indica un femicidio cada 30 horas. En paralelo, el relevamiento de Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) señaló que en los primeros cinco meses de 2026 hubo 105 casos, lo que equivale a una víctima cada 35 horas. El 60% de los asesinatos fueron cometidos por parejas o exparejas, y el 67% ocurrieron en viviendas.  

El informe también revela que 40% de las víctimas eran madres, lo que dejó a decenas de niños y adolescentes sin su madre. Además, un 75% había denunciado previamente a sus agresores, y en muchos casos existían medidas de restricción o botones antipánico que no lograron evitar el desenlace fatal. Estos datos reflejan una deuda persistente del sistema judicial y de las políticas de prevención: la distancia entre la denuncia y la protección efectiva.  

La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, creada en 2008, informó que desde entonces recibió más de 107.000 denuncias de mujeres contra sus parejas o exparejas en la Ciudad de Buenos Aires, con un promedio de 30 intervenciones judiciales por día. En 2026, su titular María Emilia Sesin reveló que actualmente se reciben 45 denuncias diarias en la capital, lo que muestra que la violencia cotidiana sigue siendo alarmante y que los femicidios son apenas la punta visible de un fenómeno mucho más amplio.  

En cuanto a políticas públicas, la última década estuvo marcada por avances como la Ley Micaela, la Línea 144 y el Programa Acompañar, además de la creación del Ministerio de las Mujeres en 2019. Sin embargo, su cierre en la actual gestión nacional abrió un debate sobre la eficacia y continuidad de las estructuras de prevención. Mientras el Gobierno plantea revisar y simplificar, organizaciones feministas advierten que la desfinanciación y el debilitamiento institucional ponen en riesgo la protección de las víctimas.  

A once años de la primera movilización, el balance es complejo. Por un lado, la visibilización de la violencia de género y la instalación del tema en la agenda pública constituyen logros indiscutibles. Por otro, las cifras muestran que la violencia persiste y que los mecanismos de prevención siguen siendo insuficientes. El legado de Ni Una Menos no se limita a las plazas llenas ni a las consignas repetidas: su mayor aporte ha sido obligar a la sociedad a mirar de frente una realidad que durante décadas prefirió ignorar. El desafío, hoy, es transformar esa visibilidad en políticas efectivas que eviten que las marchas se repitan tras cada femicidio.


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