Política | Coparticipación porteña
22/05
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Acuerdo de pago
La Corte Suprema había dictado a fines de 2022 una medida cautelar que obligaba al Gobierno nacional a transferir los fondos de manera diaria a través del Banco de la Nación Argentina. Sin embargo, la administración de Alberto Fernández no cumplió con esa orden y las transferencias se realizaron de manera irregular. En un primer momento, la Ciudad aceptó que los envíos se hicieran semanalmente desde el Tesoro nacional, pero esa modalidad tampoco garantizó la regularidad. Tras el acuerdo de septiembre de 2024, los pagos se cumplieron durante algunos meses, aunque a partir de julio comenzaron a ralentizarse y se acumuló una deuda significativa que ahora se busca saldar con la entrega de bonos.
El acuerdo alcanzado entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y Jorge Macri excluye la deuda anterior generada durante la gestión de Alberto Fernández, cuya cancelación sigue en disputa. La Ciudad mantiene un reclamo por unos 6.000 millones de dólares vinculados a la reducción de la coparticipación dispuesta en septiembre de 2020 mediante el Decreto 735/2020, que redujo el porcentaje asignado del 3,5% al 2,32%. Posteriormente, el Congreso sancionó la Ley 27.606, que fijó un coeficiente básico del 1,40% más un monto destinado a Seguridad. La administración porteña consideró inconstitucional esa quita de recursos y llevó el caso a la Justicia, que finalmente le dio la razón. No obstante, el fallo nunca fue acatado plenamente por el Ejecutivo nacional y los fondos no fueron transferidos según lo dictado.
La normalización de la deuda actual forma parte del presupuesto 2026 de la Ciudad, que ya contemplaba la posibilidad de un acuerdo para regularizar los pagos atrasados. La transferencia de bonos con vencimiento a siete meses constituye el mecanismo elegido por el Gobierno nacional para cumplir con este compromiso en el corto plazo. Las partes destacaron el carácter constructivo del diálogo que permitió arribar a esta solución, aunque reconocieron que el conflicto de fondo permanece abierto en lo que respecta a los fondos no transferidos desde 2020.
El entendimiento representa un alivio para las cuentas porteñas, que podrán disponer de recursos para sostener la gestión y financiar obras y servicios. Sin embargo, la disputa por la coparticipación sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre la Ciudad y la Nación. Jorge Macri ha reiterado que la administración porteña continuará evaluando alternativas legales y administrativas para obtener la cancelación total de la deuda acumulada desde la reducción de 2020. El conflicto, que tuvo origen en una medida considerada inconstitucional por la Ciudad, se mantiene vigente y promete nuevos capítulos en el ámbito judicial y político.
La resolución de la deuda del último año mediante la transferencia de bonos constituye un paso hacia la normalización de las relaciones fiscales entre ambas jurisdicciones, pero no cierra la discusión de fondo. La Ciudad insiste en que la quita de recursos afectó gravemente su capacidad de gestión y que el monto adeudado debe ser reconocido y transferido. El Gobierno nacional, por su parte, busca ganar tiempo y aliviar tensiones con una solución parcial que le permita cumplir con los compromisos más inmediatos. En este escenario, el acuerdo alcanzado refleja tanto la necesidad de pragmatismo como la persistencia de un conflicto que se arrastra desde hace más de cinco años y que aún no encuentra una solución definitiva.
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