Política | El futuro autónomo en riesgo
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Amputando la investigación científica
El miércoles, a media mañana, frente al Polo Científico Tecnológico de Palermo se concentraron centenares de científicos para reclamar contra los recortes presupuestarios que los afectan. La escena condensó un conflicto que ya excede la urgencia de 400 investigadores y se inscribe en el proceso más amplio de reformas estructurales impulsado por el Gobierno nacional. La protesta de científicos y becarios del Conicet por la falta de prórroga de sus becas posdoctorales —que dejaría sin ingresos a profesionales con casi una década de formación— se convirtió en un nuevo capítulo de la tensión entre el ajuste fiscal y la continuidad del sistema científico argentino. Por Mailén González Buenos Aires, 31 de julio de 2026. Según los investigadores, la ausencia de una prórroga inmediata pondría en riesgo proyectos estratégicos en salud, ambiente, energía, producción y tecnología, mientras que el Gobierno sostiene que no hay fondos disponibles y que el reclamo “no mueve el amperímetro” de la agenda pública. La movilización coincidió con una reunión del Directorio del organismo y reunió a trabajadores, becarios, representantes sindicales y legisladores, además de contar con el respaldo de más de cien institutos y universidades del país. La demanda es concreta: extender las becas hasta que se publiquen los resultados de la Convocatoria CICYT 2025, que definirá el ingreso a la Carrera del Investigador Científico. El problema es que esos resultados no estarán disponibles hasta 2027, lo que dejaría a los científicos en un limbo de al menos un año sin ingresos ni continuidad laboral. Para garantizar la transición, se requiere una partida extraordinaria de entre dos mil y tres mil millones de pesos, una cifra que los investigadores consideran ínfima en relación con el presupuesto nacional, pero que la Jefatura de Gabinete —a cargo de Diego Santilli— no prevé autorizar.
La escena no puede leerse de manera aislada. Desde hace más de dos años, el sistema científico atraviesa un proceso de desfinanciamiento que se profundizó con el programa de reformas del actual Gobierno, centrado en la reducción del gasto público, la reestructuración del Estado y la redefinición de las áreas consideradas estratégicas. En ese marco, el Conicet —históricamente uno de los pilares de la producción científica nacional— se convirtió en un termómetro de las tensiones entre la necesidad de sostener capacidades de investigación y la decisión oficial de avanzar con un ajuste que, según sus impulsores, es condición para la estabilización macroeconómica y la futura autonomía financiera del país.
La discusión sobre la continuidad de las becas se inscribe en un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo que la Argentina busca construir. Mientras el Gobierno sostiene que la reducción del gasto y la reorganización del Estado permitirán recuperar autonomía económica y evitar ciclos de endeudamiento, los investigadores advierten que el desmantelamiento del sistema científico compromete la autonomía tecnológica y productiva a largo plazo. La interrupción de 400 líneas de investigación no solo afectaría trayectorias individuales, sino que también debilitaría capacidades estratégicas acumuladas durante décadas, en áreas que van desde la biotecnología y la transición energética hasta la salud pública y la investigación social.
En la carta abierta enviada a la Jefatura de Gabinete, los becarios alertaron sobre el riesgo de un “cientificidio”, término que sintetiza la preocupación por la pérdida de recursos humanos altamente calificados y por la posible fuga de talentos hacia otros países. La advertencia no es nueva: distintos organismos internacionales han señalado que la inversión sostenida en ciencia y tecnología es un componente central de la autonomía nacional en un mundo atravesado por disputas geopolíticas, transiciones energéticas y transformaciones tecnológicas aceleradas. En ese contexto, la Argentina enfrenta el dilema de sostener su capacidad de producción de conocimiento en medio de un programa de reformas que redefine prioridades y recursos.
La protesta en el Polo Científico, entonces, no solo expresa la urgencia de quienes podrían quedar sin ingresos en cuestión de días. También expone una discusión de fondo sobre el lugar de la ciencia en el proyecto de país que se está configurando. Para los investigadores, la continuidad de las becas es una condición mínima para evitar la interrupción de proyectos que requieren estabilidad y financiamiento sostenido. Para el Gobierno, en cambio, la prioridad es cumplir con las metas fiscales y avanzar con un rediseño del Estado que, según su visión, permitirá recuperar autonomía económica y reducir la dependencia de financiamiento externo.
En esa tensión se juega una parte sustantiva del futuro del sistema científico argentino. La decisión de prorrogar o no las becas posdoctorales no solo definirá el destino inmediato de 400 investigadores, sino que también marcará el rumbo de la política científica en un momento en que el país debate cómo equilibrar la austeridad fiscal con la necesidad de sostener capacidades estratégicas para su desarrollo y su autonomía en las próximas décadas.
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