Una obra con sorpresa

Política | Paseo del Bajo

11/09

Una obra con sorpresa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a quedar en el centro de una disputa judicial y política de largo recorrido al decidir convocar a dos conjueces para intervenir en la denuncia por presunta administración fraudulenta en la licitación del Paseo del Bajo, una causa que involucra al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, al entonces jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y al ex titular de AUSA, Carlos Frugoni. El máximo tribunal deberá resolver si corresponde revisar los sobreseimientos dictados en favor de los ex funcionarios, acusados de favorecer a la constructora IECSA, vinculada históricamente a la familia Macri, en la adjudicación del tramo más costoso de la obra. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 11 de setiembre de 2026. La decisión de la Corte se produjo ante la disidencia de uno de sus miembros respecto del recurso presentado por la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), que cuestionó el cierre de la investigación y reclamó nuevas medidas de prueba. Para destrabar el expediente, el tribunal convocó al juez Alberto Dalla Vía, de la Cámara Nacional Electoral, y a Luis Rabbi Baldi Cabanillas, magistrado de Salta, quienes deberán intervenir como conjueces en la definición del caso. La medida sorprendió en los tribunales federales, donde algunos jueces interpretaron que el máximo tribunal podría haber rechazado el planteo por considerarlo insustancial, pero al decidir abrir el debate dejó abierta la posibilidad de un giro en una causa que parecía clausurada.

El Paseo del Bajo, inaugurado en 2019, fue una de las obras de infraestructura más relevantes del período y se ejecutó a través de AUSA con financiamiento nacional y porteño. La licitación se dividió en tres tramos y se estableció que el primero en adjudicarse sería el más costoso, con el objetivo de garantizar que, si una empresa presentaba las mejores ofertas para los tres sectores, el Estado obtuviera el mayor ahorro posible. Sin embargo, poco antes de la apertura de sobres se modificaron las reglas y se decidió adjudicar primero el tramo más económico y dejar para el final el más caro, una alteración que terminó beneficiando a IECSA, que obtuvo el sector de mayor presupuesto.

La empresa española Isolux Corsán Corvián, que atravesaba serios problemas financieros, había presentado ofertas agresivas para los tres tramos y terminó adjudicándose el sector A, el más barato. Green y CEOSA se quedaron con el tramo B, mientras que IECSA obtuvo el C, que representaba más de la mitad del costo total de la obra. Cuando estalló la polémica, fuentes del Gobierno porteño admitieron informalmente que el cambio de reglas buscó evitar que una compañía en crisis quedara a cargo del tramo más complejo. Pero en el ámbito de la construcción circuló otra interpretación: que Mauricio Macri, ya como presidente, buscaba valorizar IECSA, que había sido transferida a su primo Angelo Calcaterra y acumulaba contratos millonarios con la Ciudad antes de ser vendida en 2020 a Marcelo Mindlin, quien la rebautizó SACDE.

La causa judicial tuvo un derrotero zigzagueante. En diciembre de 2019, dos meses antes de su muerte, el juez federal Claudio Bonadio sobreseyó a todos los imputados. La fiscal del caso, Alejandra Mángano, y el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, apelaron la decisión. En mayo de 2021, la Cámara Federal porteña —integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, todos trasladados durante el gobierno de Macri— rechazó el planteo y sostuvo que no había motivos para ordenar nuevas medidas de prueba. En octubre de 2022, los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci ratificaron el criterio y afirmaron que los fiscales no habían logrado “conmover la sólida argumentación” de la Cámara. El juez Alejandro Slokar votó en disidencia.

Frente a ese escenario, el Ministerio Público presentó un recurso de queja ante la Corte, argumentando que los tribunales inferiores omitieron considerar los fundamentos de la fiscalía y que la investigación no podía darse por agotada sin profundizar en las irregularidades señaladas. La intervención del máximo tribunal reabrió una discusión que parecía cerrada y volvió a poner bajo la lupa uno de los procesos licitatorios más controvertidos de los últimos años.

La obra del Paseo del Bajo había sido presentada como un emblema de gestión por el entonces presidente Macri, quien llegó a afirmar públicamente: “Este pavimento no es relato, es real”, mientras acariciaba el asfalto recién inaugurado. Cinco años después, la Justicia vuelve a examinar las condiciones en que se adjudicó el proyecto, en un contexto donde la transparencia en la contratación pública y el rol de las empresas vinculadas a funcionarios siguen siendo temas de debate recurrente.

Con la convocatoria a conjueces, la Corte deberá resolver si confirma los sobreseimientos o si ordena reabrir la investigación para profundizar en las presuntas irregularidades. En los tribunales federales, algunos magistrados consideran que el fallo podría marcar un precedente relevante sobre los límites de la discrecionalidad en los procesos licitatorios y sobre el control judicial de las decisiones administrativas en obras de gran escala. Otros, en cambio, creen que la causa podría volver a cerrarse sin mayores consecuencias. En cualquier caso, la intervención del máximo tribunal vuelve a situar al Paseo del Bajo en el centro de la escena judicial y política, y abre un capítulo inesperado en una historia que parecía concluida.

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