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Regulan cobranza extrajudicial

La Legislatura porteña aprobó por unanimidad una reforma integral a la Ley 6.171 que regula la cobranza extrajudicial en la Ciudad de Buenos Aires, en un intento por frenar prácticas de hostigamiento, amenazas y extorsión psicológica que afectan a miles de familias endeudadas. La iniciativa de Leandro Santoro, impulsada por el bloque Fuerza por Buenos Aires que integra, establece nuevas obligaciones para las agencias de cobro, crea mecanismos de control más estrictos y fija sanciones agravadas para casos de acoso, especialmente cuando las víctimas son personas vulnerables. Aunque La Libertad Avanza acompañó la votación en general, rechazó tres artículos vinculados con habilitaciones, responsabilidad profesional y pautas de refinanciación. La aprobación llega tras una audiencia pública que expuso testimonios de fuerte impacto y consolidó un consenso político sobre la necesidad de regular una actividad que, según los legisladores, opera desde hace años en un marco de abuso sistemático. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 30 de octubre de 2026. El proyecto fue debatido en el recinto el jueves 29 de octubre y obtuvo el respaldo de todos los bloques, un hecho que Santoro calificó como “contracultural” en un contexto político marcado por la polarización. La iniciativa surgió de un diagnóstico compartido por organizaciones de consumidores, el Ministerio Público de la Defensa, el Colegio Público de la Abogacía y cientos de damnificados que participaron de la audiencia del 7 de septiembre en el Salón Dorado. Allí se escucharon relatos sobre amenazas de prisión, embargos inexistentes, intimidaciones a familiares y hostigamiento telefónico diario, prácticas que la nueva norma busca erradicar mediante controles más estrictos y sanciones concretas.

Uno de los testimonios que marcó el debate fue el de Erika Reyna, quien relató la muerte de su hermana Camila, de 23 años, tras sufrir un esquema de acoso psicológico por parte de un supuesto estudio de cobranzas. Santoro retomó ese caso durante su intervención en el recinto y cuestionó la falta de avances judiciales: “Fíjense ustedes la crueldad, incluso la indiferencia de la sociedad frente a este tema. Ahora se va a cumplir un año y todavía no ha avanzado la causa”. Para el legislador, la reforma era necesaria para “limitar el poder de los fuertes y de estas empresas inescrupulosas” y dotar al Estado de herramientas reales para intervenir.

La nueva normativa establece que todas las agencias de cobro extrajudicial deberán contar con habilitación otorgada por la Ciudad. Los bancos y financieras tendrán prohibido vender o ceder carteras de deuda a entidades no registradas, y las agencias que incurran en abusos podrán ser removidas del registro. Además, cada empresa o departamento interno de cobranza deberá tener un abogado matriculado como responsable, cuya matrícula quedará en riesgo ante conductas violatorias de la ley. Este punto fue uno de los artículos rechazados por La Libertad Avanza, junto con la incorporación de habilitaciones y las pautas de refinanciación de deudas.

La reforma también fija límites estrictos al contacto con los deudores: las agencias no podrán comunicarse más de una vez por día ni más de dos veces por semana por la misma deuda. Si la persona atendió el llamado, queda prohibido volver a contactarla durante esa jornada. Se regulan además los sistemas automatizados: los bots deberán identificarse desde el inicio y ofrecer siempre la opción de hablar con un operador humano. Quedan prohibidas las amenazas de prisión, los embargos inventados, la intimidación con pérdida de jubilaciones o planes sociales y cualquier forma de extorsión psicológica. El acoso a jubilados, pensionados o personas con discapacidad tendrá sanciones agravadas.

Otro aspecto central es la creación de un canal de impugnación formal para desconocer deudas indebidas o ya saldadas. Las agencias deberán responder en un plazo máximo de diez días hábiles y respaldar la información con documentación. También se prohíbe condicionar la entrega del libre deuda o la rectificación en bases crediticias —como Veraz— al pago de honorarios o gastos no acordados, una práctica habitual que generaba situaciones de extorsión encubierta.

El proceso legislativo incluyó reuniones con especialistas del Colegio Público de la Abogacía, representantes del Ministerio Público de la Defensa y organizaciones de consumidores, que aportaron modificaciones técnicas y propuestas para fortalecer los mecanismos de control. Según Rodrigo Cilenti, director de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios, el trabajo con los distintos bloques permitió construir una norma que recogiera la experiencia de la audiencia pública y ofreciera herramientas concretas al Estado. Sobre el cambio de postura de La Libertad Avanza, señaló que “quedaron un poco encerrados en la situación”, aunque finalmente acompañaron la votación en general.

La aprobación de la ley se produce en un contexto de creciente morosidad de las familias, agravada por la caída del poder adquisitivo y el aumento del endeudamiento informal. Para Santoro, la norma busca “poner sanciones reales” y garantizar que los porteños “puedan dormir tranquilos”, no solo para pagar sus deudas sino para vivir “una vida digna, libre e igualitaria”. La Legislatura porteña, al sancionar la reforma por unanimidad, envió una señal política sobre la necesidad de regular una actividad que opera en los márgenes del sistema financiero y que, según los legisladores, requiere un control estatal firme para evitar abusos.

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