Legislativas | Por la caída de la recaudación

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Quieren emitir más deuda

La Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto para emitir bonos por hasta $600.000 millones con el objetivo de cancelar deudas con proveedores y aliviar la presión sobre las cuentas públicas en un contexto de caída de la recaudación y demoras en los pagos de la coparticipación nacional. La iniciativa, enviada por Jorge Macri a la Legislatura junto con el proyecto de Presupuesto 2027, busca garantizar la continuidad de obras, servicios y contratos vigentes sin incrementar el pasivo financiero, aunque la oposición pidió precisiones sobre el alcance real de la medida, el universo de proveedores involucrados y el impacto de los intereses asociados a los títulos. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 9 de octubre de 2026. El texto propone autorizar al Ejecutivo porteño a emitir títulos públicos en moneda local por un monto máximo de $600.000 millones, con un plazo mínimo de amortización de un año y una tasa de interés referenciada en la TAMAR, el indicador del Banco Central para depósitos mayoristas de entre 30 y 35 días. La Ciudad sostiene que los bonos permitirán cancelar obligaciones con empresas contratistas de bienes, servicios y obra pública, preservando la ecuación económica-financiera de los proveedores y evitando tensiones adicionales en el presupuesto. Según el proyecto, las deudas que podrán ser canceladas deberán estar debidamente emitidas, conformadas, aprobadas, devengadas y exigibles al momento de la colocación de los títulos.

La subsecretaria de Hacienda, Lorena Flores, asistió ayer a la Legislatura para explicar los fundamentos de la iniciativa. Señaló que la herramienta busca compensar una caída proyectada de recursos para 2026 cercana a los $600.000 millones, principalmente por la merma en la recaudación de Ingresos Brutos. Indicó que el bono prevé un vencimiento en 2029 y que la tasa TAMAR se aplicará sin margen adicional. Afirmó que la emisión “no representa un gasto adicional para la Ciudad” y que el objetivo es sostener el funcionamiento del Gobierno, las obras pactadas y los niveles de servicios ante la baja de ingresos. También aclaró que los intereses están contemplados en el cálculo: “Son $114.000 millones”.

La oposición planteó dudas sobre el alcance del proyecto y pidió información detallada para avanzar en el debate. Sebastián Nagata, de Confianza y Desarrollo, expresó reparos sobre habilitar endeudamiento para cubrir gasto corriente y advirtió que la medida podría modificar las relaciones contractuales con futuros proveedores. Solicitó conocer el universo total de empresas involucradas y si el canje será voluntario o compulsivo. Claudia Neira, de Fuerza Buenos Aires, pidió datos sobre el monto actual adeudado, la cantidad y tipo de proveedores, la antigüedad de las obligaciones y los organismos deudores. También cuestionó la afirmación de que los bonos no incrementarán el pasivo de la Ciudad, dado que generan intereses.

Flores respondió que “hoy no hay deuda” con proveedores y que la emisión dependerá de las necesidades proyectadas para el año próximo. Explicó que el bono busca equiparar la caída estimada del 6% en Ingresos Brutos al cierre de 2026 y que, en caso de avanzar, se conversará con cada proveedor para evaluar su adhesión. La funcionaria insistió en que la herramienta permitirá ordenar el flujo de pagos sin afectar la ejecución del plan de Gobierno.

El contexto financiero agrega presión a la administración porteña. Nación y Ciudad acordaron cancelar $813.000 millones de deuda por coparticipación mediante cuatro bonos: dos ya fueron acreditados, por el 20% cada uno, con vencimientos en junio y agosto. El tercero, también por el 20%, se pagará a fin de octubre, mientras que el cuarto —equivalente al 40% restante— vencerá en abril de 2027 y representa el monto más significativo. A esto se suma un atraso de un mes en el pago de la coparticipación corriente, según fuentes del Gobierno porteño.

La regularización de la deuda nacional y la eventual emisión de bonos locales aparecen como piezas clave para descomprimir la situación fiscal de la Ciudad, golpeada por la caída de la actividad económica. El Ejecutivo espera obtener apoyo de sectores de la oposición para aprobar el proyecto, en una Legislatura donde el PRO no tiene mayoría propia. El debate se dará en paralelo a la discusión del Presupuesto 2027, que deberá contemplar un escenario de ingresos debilitados y compromisos financieros crecientes.

La iniciativa abre interrogantes sobre el impacto real de la emisión en las cuentas públicas, la reacción de los proveedores y la capacidad del Gobierno porteño para sostener su programa de obras y servicios en un año marcado por la incertidumbre económica. Mientras tanto, la Legislatura se prepara para analizar una de las medidas financieras más relevantes de la gestión de Jorge Macri, en un contexto donde cada decisión presupuestaria adquiere un peso decisivo para el funcionamiento de la Ciudad.


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