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Quieren penas más duras

La Ciudad de Buenos Aires impulsa una reforma integral del Código Contravencional que endurece sanciones, incorpora nuevas faltas, agrava la reincidencia y adapta el régimen para adolescentes a la reciente Ley Nacional de Justicia Penal Juvenil. El proyecto, enviado por Jorge Macri a la Legislatura porteña, propone multas que superan los $7 millones por conducir alcoholizado, hasta $58 millones por venta ilegal en el espacio público, sanciones de hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes y penalidades específicas para acoso callejero, estafas digitales, manipulación de sistemas de transporte y portación de elementos destinados a provocar disturbios. La iniciativa busca reforzar la capacidad del Estado para intervenir en conductas que afectan la convivencia urbana y garantizar que quienes incumplen las normas enfrenten consecuencias más severas. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 9 de octubre de 2026. El Código Contravencional regula conductas que, sin constituir delitos, alteran la vida cotidiana: faltas de tránsito, ruidos molestos, acoso callejero, venta informal en el espacio público o disturbios en eventos masivos. La reforma enviada por el Ejecutivo porteño endurece las sanciones en la mayoría de estas conductas, eleva los montos de las multas, amplía los días de arresto y aumenta las tareas de utilidad pública. También incorpora nuevas herramientas para asegurar el cumplimiento efectivo de las penas, como la eliminación de la condena en suspenso para adultos y la exclusión de la suspensión del proceso a prueba. El plazo de prescripción de las acciones se mantiene en dos años, aunque se introducen agravantes específicos para reincidentes y se crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público.

Entre las nuevas contravenciones se incluyen el seguimiento o acecho en la vía pública, la obtención de credenciales mediante engaños digitales, la organización de compraventa informal masiva, la comercialización de datos personales, la portación de dispositivos de interferencia de señales y la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte público. La reforma también amplía sanciones accesorias en eventos masivos, tránsito, apuestas y protección animal, con el objetivo de cubrir situaciones que hoy no cuentan con herramientas contravencionales específicas.

Los ejemplos ilustran la magnitud del endurecimiento. Para ruidos molestos en edificios, las tareas de utilidad pública pasan de un máximo de cinco días a quince, las multas se elevan de 100 a 600 unidades fijas —equivalentes a $703.848— y se incorpora la posibilidad de hasta diez días de arresto. En el caso de conducir alcoholizado, las multas se incrementan de un rango actual de 300 a 2.000 unidades fijas a uno de 1.000 a 6.000, lo que supera los $7 millones. El arresto pasa de un máximo de diez días a treinta, y la inhabilitación para conducir se extiende de cuatro meses a cuatro años. Para actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, como la venta callejera, las multas pueden llegar a 50.000 unidades fijas, equivalentes a $58.654.000, más del triple del monto máximo vigente.

La reforma también prevé sanciones para quienes suplanten la identidad de agentes de autoridad, financien contravenciones reiteradas, porten materiales aptos para disturbios o entorpezcan sistemas de videovigilancia pública. En estos casos, las multas pueden alcanzar los $9.384.640 y las penas de arresto llegar a 45 días, además del comiso de los elementos utilizados. Para quienes dañen o bloqueen cámaras de seguridad, las multas ascienden a $4.692.320 y se incorpora como sanción obligatoria la reparación del dispositivo.

El tratamiento de la reincidencia es uno de los puntos más relevantes del proyecto. Se agravan las sanciones para quienes cometen faltas de manera reiterada y se amplía la definición de reincidencia para incluir conductas similares en el espacio público, aunque no sean idénticas. Los reincidentes no podrán acceder al arresto domiciliario, salvo excepciones fundadas, y las penas se incrementarán un 50% en la primera reincidencia, un 66,6% en la segunda y un 100% en la tercera. En el caso de los trapitos que extorsionan a automovilistas, los días de arresto pueden llegar a 90 en situaciones de reincidencia.

La reforma introduce además un cambio estructural en el tratamiento de adolescentes de entre 14 y 17 años. Aunque la nueva normativa nacional fija la imputabilidad desde los 14 años, los menores no pueden ser detenidos y deben contar con defensa especializada. El proyecto porteño establece un régimen diferenciado orientado a la responsabilidad, la educación y la integración social. Las sanciones posibles incluyen amonestaciones formales, acompañamiento por equipos interdisciplinarios, asistencia a programas educativos, medidas para sostener la escolaridad obligatoria, capacitación laboral, reparación del daño y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y sin interferir con la escuela o el trabajo.

Jorge Macri defendió la iniciativa con un mensaje que sintetiza el espíritu del proyecto: “No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos. Endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos”. El envío del proyecto a la Legislatura abre ahora una etapa de debate político y técnico en la que se discutirán los alcances de una reforma que busca actualizar el marco contravencional porteño, responder a nuevas problemáticas urbanas y reforzar la capacidad del Estado para intervenir en conductas que afectan la convivencia en el espacio público.

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