Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017. El Colegio de Magistrados de la Ciudad que preside la defensora penal Marcela Paz rechazó mediante un inusual comunicado "cualquier intento de condicionamiento a la actuación independiente" de los integrantes del Poder Judicial porteño.

La resolución que prohibió a los policías que custodiaban el Congreso llevar armas letales puso el nombre de López Vergara en boca de todo el oficialismo nacional y porteño.

Macri la mencionó en la conferencia de prensa del martes y acusó a la jueza de "invadir competencias que no le correspondían" con su fallo. López Vergara pertenece al fuero Contencioso Administrativo, pero además forma parte de un grupo de magistrados que nunca tuvo buenas relaciones con el ahora presidente, cuando era jefe de Gobierno.

Ocampo fue incluso más duro: "La situación planteada por la jueza es de las decisiones más alocadas que viví en mi vida judicial", aseguró el pasado martes luego de visitar a los policías heridos en el operativo.

"Evidentemente, al poder no le gusta ser controlado", advirtió la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario 6 de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia López Vergara, cuestionada por el presidente Mauricio Macri por haber emitido un fallo en el que había ordenado a las fuerzas de seguridad no utilizar armas letales en los operativos alrededor del Congreso, durante el tratamiento de la reforma previsional. "Para ser una ignota jueza local, que el Presidente se haya tomado la molestia de buscar mi nombre, me resulta llamativo", observó la jueza en declaraciones a Radio Del Plata.

En el gobierno porteño no descartaron alguna motivación política detrás de las presentaciones que terminaron generando la cautelar de López Vergara, que condicionó el operativo de la Policía de la Ciudad. "Ya lo habían presentado en otros juzgados y fue rechazado", deslizaron suspicaces.

El Colegio de Magistrados de la Ciudad, presidido por Marcela Paz, rechazó por medio de un comunicado las declaraciones del presidente Mauricio Macri y el ministerio de Justicia porteño Martín Ocampo que indicaban la posibilidad de realizar un juicio político a la jueza Patricia López Vergara. En el comunicado indicaron que rechazan "cualquier intento de condicionamiento a la actuación independiente" de los integrantes del Poder Judicial porteño. 

Un pedido de juicio político contra la magistrada por parte del abogado Alejandro Suárez Lynch, radical y cercano al expresidente del Banco Central, Martín Redrado, hoy en buenas relaciones con la Casa Rosada. "Es un apriete inadmisible", dijo un magistrado de la Ciudad. "López Vergara resolvió conforme a derecho", agregó antes de asegurar que la decisión de la magistrada fue luego ratificada por la Cámara.

En el comunicado del Colegio de Magistrados se expresó la "preocupación con motivo de las manifestaciones vertidas por varios sectores de la sociedad a raíz de la resolución judicial dictada por la Dra. Patricia López Vergara".

"Los fallos judiciales, como cualquier acto de gobierno, pueden ser objeto de cuestionamientos sin que ello autorice el agravio y descrédito personal hacia los Magistrados que han tomado decisiones en los asuntos sometidos a su juicio", explican. "El examen del desempeño de la magistratura debe ser efectuado exclusivamente a través de los canales constitucionales correspondientes", concluyen.

Lo que había resuelto López Vergara fue que la Policía de la Ciudad no usara armas de fuego y que, en caso de hacerlo, las utilizara "como último recurso" y "a una distancia que minimice las posibles consecuencias nocivas" en las personas. "Es sentido común. No puedo decir ´no vayan con las (armas) letales pero vayan con las (balas) de goma y arrasen apenas lleguen´. ¿Pretenden eso?", se preguntó la jueza. "Supongo que hay algunas medidas que molestan. No debiera ser así", consideró la titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo, "un fuero cuya competencia es controlar al poder", toda vez que el Gobierno esté involucrado como actor o demandado. Lo que ocurre, agregó, es que "evidente, al poder no le gusta ser controlado. Pero (hacerlo) es nuestro mandato constitucional", sentenció.

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