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Grúas al ataque

Con la concesión vencida hace años, el subsecretario de Transporte porteño, Guillermo Dietrich, extendió el “servicio” de las grúas a Puerto Madero sin llamar a licitación. Entre tanto, se demora la regularización de la concesión pese a que existe una norma que lo impone desde hace casi dos años. Por Joaquín Ramírez Souto Buenos Aires, 21 de setiembre de 2013. La noticia se conoció esta semana. Llegaron las grúas a Puerto Madero. El argumento esgrimido fue que lo pidieron los vecinos. Nada de licitaciones ni disposiciones legales. La Subsecretaría de Tránsito y Transporte porteña, según argumentaron los funcionarios macristas, respondió un reclamo de la Asociación de Vecinos de Puerto Madero con el objeto de ordenar el estacionamiento no medido en las calles del barrio más nuevo de la Ciudad. Incluso, funcionarios dejaron folletos en los parabrisas de los autos estacionados avisando de los “nuevos servicios”. Y definieron que la recaudación será para la empresa SEC.

Esa es una de las dos que prestan el “servicio” en la ciudad. Al menos desde 2001, las concesiones están vencidas, y si bien los diputados votaron una ley exigiendo el nuevo ordenamiento jurídico con un plazo de un año para su ejecución, la Subsecretaría de Transporte porteña, comandada por Guillermo Dietrich, no puso en marcha el cambio.

Según publica el portal Noticias Urbanas la firma SEC es propiedad de Bernardo Marcelo Pérez el que con el CUIT Nº 20-18.284.940-6, figura ante la AFIP como “monotributista, categoría D”. Con su socio Ricardo Chiantore (h) operan en la zona sur de la Ciudad el negocio del estacionamiento medido y acarreo. Por su parte, Marcelo Daniel Violante preside la empresa Dakota SA, y con su controladora Servicio de Tránsito Ordenado (STO) regentea el estacionamiento en la zona norte.

Hay damnificados del barrio por el acarreo que están estudiando realizar denuncias penales contra los funcionarios públicos y exigir judicialmente la devolución del dinero abonado debido a la falta de habilitación legal de la empresa para operar en la zona. En la actualidad, el costo del acarreo es 350 pesos, que se suman a los 332 pesos de multa. Defendamos Buenos Aires, una ONG que se ocupa de esta situación, sostiene que por lo menos unos 1.000 autos por día caen en las garras de las grúas descontroladas. Si la cuenta se realiza por 350 pesos –lo que cuesta el acarreo– la cifra asciende a 350 mil pesos al día.
Mientras tanto, en la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña descansan, entre asesores, los pliegos licitación del “Sistema de Servicio Público de Estacionamiento Regulado de la CABA”, expediente Nº 3.566-J-12, que la ciudad todavía no convocó.

El 10 de noviembre de 2011, los diputados Sergio Abrevaya, Gabriela Alegre, Martín Borrelli, Juan Cabandié, Fernando de Andreis, Patricio Di Stefano, Ezequiel Fernández Langan, Jorge Garayalde, Alejandro García, Álvaro González, Raquel Herrero, Diego Kravetz, María José Lubertino, Diana Martínez Barrios, Victoria Morales Gorleri, Oscar Moscariello, Martín Ocampo, Enzo Pagani, Claudio Palmeyro, Silvina Pedreira, Carmen Polledo, Mateo Romeo, Rocío Sánchez Andía, Fernándo Sánchez, Lidia Saya, Bruno Screnci Silva, Karina Spalla, Carolina Stanley, Avelino Tamargo, Marta Varela y Oscar Zago dieron forma en una sesión caliente a la Ley 4.003, que modificó el Código de Tránsito y Transporte.

En sus artículos 9 y 10, la norma fijó las facultades para que el Gobierno porteño llame a una licitación pero cambiando la ecuación: los concesionarios percibirán un canon por servicio prestado sin la lógica recaudatoria de los acarreos. Además, se sumaron cláusulas transitorias: “El nuevo esquema regulatorio deberá comenzar a implementarse en el plazo de un (1) año a partir de la promulgación de la presente ley” y “vencido dicho plazo, el Poder Ejecutivo procederá a brindar el servicio público por sí, garantizando al personal de las actuales concesionarias del servicio estabilidad laboral”.

Estas dos cláusulas introducidas en el recinto por el ex diputado Kravetz y apoyadas por Sergio Abrevaya y Claudio Palmeyro ayudaron a alcanzar la mayoría. Los legisladores Rubén Campos y Rafael Gentili apretaron el botón negativo.

“ESTE AÑO AÚN NO HUBO SANCIONES”

El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos es el organismo que tiene a su cargo recibir las quejas de los usuarios, confeccionar los sumarios que resultan de las denuncias y, finalmente, sancionar a las concesionarias.

“Las multas son pecuniarias –explica Eduardo Amado, vocal del Ente– y consisten en sumas que fluctúan entre los dos mil y los diez mil pesos, pudiendo ser mayores si se reiteran las infracciones de las empresas.” Un dato preocupante que agrega luego el directivo es que este año aún no hubo sanciones contra las concesionarias, como si estas trabajaran en el mejor de los mundos.

“La mayor cantidad de denuncias se producen por la deficiente marcación horizontal y vertical, que está a cargo de las empresas. La marcación horizontal es la que está en las ochavas y las esquinas, y la horizontal son los carteles de advertencia”, explica el funcionario.

“Hay varios sumarios por esta causa –narra el controlador–, porque las empresas arreglan algunas demarcaciones y otras no.”

“Otra de las quejas que se repite es patrimonial, es decir, por las eventuales roturas que produce el acarreo en los vehículos. Casi siempre la empresa abona sin mayores obstáculos las reparaciones”, relata Amado.

Finalmente, expresó que “en principio, el objetivo de las grúas y parquímetros era desalentar el uso de los vehículos particulares y estimular el uso del transporte público, pero luego mutó hacia un fin solo recaudatorio y por eso existen tantas irregularidades, porque en ese marco las empresas están mal controladas”.

LOS NÚMEROS DEL LEVANTE

El contrato que liga a las empresas concesionarias Sistema de Tránsito Ordenado (STO) y Sistema de Estacionamiento Controlado (SEC) data de 1990, en los tiempos en los que Carlos Grosso, hoy uno de los asesores enmascarados de Mauricio Macri, era el intendente de la Ciudad de Buenos Aires.

El contrato venció en febrero de 2001. Las razones por las cuales desde entonces ambas empresas perduran en la clandestinidad jurídica son desconocidas, aunque eso no impida imaginarlas.

Hasta 2009, las empresas pagaban un canon casi ridículo –casi testimonial– de mil pesos por mes, pero en 2011 aumentó a 30 mil pesos. Actualmente pagan 55 mil pesos por mes y es una cifra que SEC y STO abonan fácilmente, habida cuenta de que junto con el aumento en el canon se les permitió elevar la tarifa por acarreo de 56,70 pesos primero a 190 pesos y luego a los 350 que se abonan actualmente, una cifra que equivale al 500 por ciento de aumento.
No solo eso, también se les autorizó a trabajar las 24 horas del día. Antes, las grúas trabajaban solamente hasta las nueve de la noche, cinco días a la semana y ahora trabajan 24 horas, los siete días de la semana.

Si sostuvieran el ritmo de dos autos por hora de manera constante, cada una de las empresas podría recaudar unos 17 millones de pesos cada mes, por lo cual la cifra del canon es casi irrisoria, aunque sea algo menor. No existe en el mundo de los negocios privados una actividad por la que se recaude esa cifra, con gastos menores al 10 o el 12 por ciento de ese gigantesco beneficio. Para dar una idea, con el acarreo de 158 autos pagan el canon.

Como adicional, hasta 2007, la dotación de la grúa incluía a tres personas, una de las cuales era un policía federal, pero desde entonces estos fueron reemplazados por 168 agentes de tránsito, sin ningún cargo para las empresas, que antes debían pagar los adicionales de los policías federales y ahora se sacaron de encima esa molesta gabela. Los porteños gastan 670 mil pesos por mes por este rubro que les facilita la vida a estos prósperos empresarios.

“USAN PINTURA QUE SE BORRA CON LA LLUVIA”

Juan Manuel Chavarri es el titular de la ONG No al Parquímetro, que viene peleando cuerpo a cuerpo desde hace ya varios años contra los abusos que han venido cometiendo los sucesivos gobiernos con las concesiones de grúas y parquímetros.

“La combinación de los trapitos, las grúas, los parquímetros y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la sociedad perfecta”, lanza con ironía Chavarri, resignado a su papel de hostigador constante, que lo convirtió en un blanco de amenazas también constantes por parte de algunos supuestos desconocidos.
“Prorrogaron los contratos de manera ilegal, cuando la Ley 4.003, dictada en 2011, obligaba al Gobierno a licitar la concesión o a asumir el trabajo de las grúas por sí mismo, manteniendo las fuentes de trabajo existentes”, dispara sin hesitar.

“La grúa 35 de STO levantó el otro día un auto en Beruti y Anchorena y en 14 minutos estaba de vuelta en la zona. Mientras esto ocurre, el agente de tránsito que acompaña a los empleados de las concesionarias ni siquiera los obliga a cumplir las normas que deben observar, como llevar las balizas giratorias constantemente encendidas y respetar determinadas velocidades máximas. Los choferes de las empresas apagan las balizas porque si las llevan funcionando son mucho más visibles y hasta pueden alertar a los dueños de los vehículos y multiplicar los incidentes”, se indigna el dirigente vecinal.

“La última es la más grave. Ambas empresas están autorizadas a pintar las zonas en las que no se permite estacionar, pero lo hacen con pintura al agua, que a la tercera lluvia queda borrada. La ley obliga a que se pinte con pintura acrílica, que no se deteriora tan fácilmente. Así, de esta manera, los automovilistas no ven claramente las zonas prohibidas y entonces viene la grúa y se los lleva, ayudando a aumentar la recaudación.”

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