Legislativas | Escándalo de Lago Escondido

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Piden juicio político

Los legisladores porteños del FdT exigieron un juicio político contra el ministro de Seguridad de la ciudad, Marcelo D´Alessandro y el fiscal general del distrito, Juan Bautista Mahiques. Ambos funcionarios participaron, junto a otros integrantes del Poder Judicial, directivos de Clarín y un empresario exagente de inteligencia, de un viaje a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido y se confabularon para fraguar pruebas mentir sobre las características y los motivos del viaje. En conferencia de prensa realizada el miércoles, convocaron a otros bloques democráticos a respaldar la iniciativa. Por Martín Pérez Díaz
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2022. Dirigentes del Frente de Todos (FdT) porteño convocaron este miércoles a otros bloques políticos de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires para iniciar un juicio político al ministro de Seguridad local, Marcelo D´ Alessandro, y al fiscal general Juan Bautista Mahiques, tras la filtración de chats con jueces que viajaron a Lago Escondido, en Bariloche.

"Denunciamos una vez más a dos delincuentes que forman parte de una mafia que tiene secuestrada a la sociedad argentina", dijo el senador nacional del FdT por la ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde en una conferencia de prensa en la Legislatura porteña, y agregó que acompañará a sus pares de la Legislatura local en el pedido de juicio político.El FdT porteño va tras apoyo para iniciarlo.

El Parlamento local tiene 60 bancas, de las cuales la coalición oficialista Juntos por el Cambio ocupa 32 y el FdT 19, mientras que el resto se reparten entre La Libertad Avanza, el Frente de Izquierda y Consenso Federal.. Por esto, Claudia Neira, legisladora porteña del FdT, dijo que "no hay manera de seguir adelante" si "no se genera una respuesta institucional a este escándalo", y agregó que, "conscientes" de no contar con la mayoría necesaria para avanzar con los pedidos de juicio político, plantean la "necesidad de que la Legislatura se comprometa".

En la conferencia también intervino Javier Andrade, vicepresidente del bloque del FdT, quien informó que la última sesión de la Legislatura porteña es el jueves de la próxima semana. "No hay chances de que ignoren la posibilidad de tratar los expedientes que tienen que ver con el juicio político a Juan Bautista Mahiques y Marcelo D´Alessandro. No vamos a cesar nosotros, como bloque, y necesitamos que todas las fuerzas políticas democráticas de nuestra ciudad, mas allá de oficialismo o no, estén a la altura de las circunstancias", dijo el legislador.

Neira y Andrade se refirieron a dos proyectos presentados el lunes últimos por el FdT para dar inicio a la causa de juicio político a D´Alessandro y Mahiques tras la filtración de chats entre los funcionarios porteños, jueces y directivos del Grupo Clarín.

Las maniobras conspirativas al descubierto

En los diálogos difundidos hay intercambios de mensajes para diseñar una maniobra de encubrimiento de un viaje a Bariloche donde se alojaron en la propiedades administradas por el empresario extranjero Joe Lewis. 

D´Alessandro, puntualmente, amenazó en esos mensajes al titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y aseguró que disolvería esa fuerza si llega a ser ministro nacional.

Mahiques, por su parte, habló de cómo lograrían la colaboración de una fiscal de Bariloche para no ser incriminados.

"Resulta inadmisible que estos funcionarios sigan en sus cargos luego de haber quedado expuesta su participación directa en un hecho de enorme gravedad institucional en el que incumplieron la Ley de integridad pública de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada por la Legislatura porteña en el año 2020", señalaron los legisladores este martes en un comunicado. Y exigieron que "el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta permita que se inicie el juicio político y que los funcionarios sean juzgados y sometidos a Derecho".

Pedido de juicio político

El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) anunció el lunes pasado que pedirá el juicio político contra el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro, y el fiscal general del distrito, Juan Bautista Mahiques, en sintonía con las instrucciones que dio el presidente Alberto Fernández luego de que se hiciera público un viaje a la estancia de Joe Lewis del que ambos participaron.

Al hablar en cadena nacional este lunes por la tarde, el presidente Alberto Fernández pidió al bloque de legisladores del FdT de la ciudad de Buenos Aires que "evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito que están involucrados y, de corresponder, presenten el juicio político".

Mahiques y D´Alessandro participaron, junto a otros integrantes del Poder Judicial, directivos de Clarín y un empresario exagente de inteligencia, de un viaje a la estancia del magnate Lewis en Lago Escondido, en la Patagonia Argentina.

Tras la cadena nacional, el bloque difundió los proyectos que presentará en la Legislatura porteña para que comience el proceso de juicio político, que establecen que se "forme una causa por comisión del delito y mal desempeño de sus funciones" contra D´Alessandro y Mahiques. 

En un comunicado, el bloque del FdT porteño afirmó que la participación de los funcionarios en el viaje "financiado por el Grupo Clarín", del que también participaron fiscales, jueces, y exagentes de inteligencia, puso en evidencia "la comisión de diversos delitos, de acuerdo a los más elementales criterios de ética pública".

Este hecho confirmó "la existencia de una mesa judicial que incluye a funcionarios del macrismo, además de operadores mediáticos, agentes de inteligencia y ejecutivos del Grupo Clarín", consideraron.

"Recibir dádivas, encubrirlas falsificando documentos, presionar fiscales y periodistas, armar causas, prometer cárcel a los díscolos: todo es válido para esta suerte de poder paralelo, que nada casualmente integran el juez Julián Ercolini, quien instruyó la causa -inocultablemente ´trucha´- de Vialidad contra la vicepresidenta de la Nación, así como el ministro porteño responsable de vallar su casa", agregaron.

Los legisladores sostuvieron que "el rol ocupado por Juan Bautista Mahiques en la ciudad de Buenos Aires como fiscal general fue brindar protección y una base de operaciones perfecta a este entramado judicial, algo largamente sospechado y que ahora ha quedado finalmente expuesto, a la vista de toda la sociedad argentina".

El vicepresidente del bloque del FdT en la Legislatura porteña, Javier Andrade, escribió en su cuenta de Twitter que "el macrismo de la Ciudad es un brazo imprescindible para el lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner" y que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es un "partícipe necesario para garantizar el refugio y blindaje de los actores de la mesa judicial macrista".

Juan Manuel Valdés, también legislador del FdT, escribió por su parte que es "increíble que Mahiques y D´Alessandro continúen en sus cargos", y agregó que "ambos utilizan su poder para obstruir la investigación sobre su misterioso viaje a Bariloche en avión privado. Deben renunciar y ponerse a disposición de la Justicia", afirmó.

El legislador Juan Modarelli (FdT), en tanto, consideró que los chats difundidos sobre el vuelo privado a Bariloche "son de una gravedad escalofriante y nos demuestran que no hay democracia con un partido judicial".

Magdalena Tiesso, también legisladora porteña del FdT, afirmó que "en la Ciudad se conformó el cigoto que dio lugar a la mesa judicial del lawfare".

De acuerdo con la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, la Legislatura porteña "puede destituir por juicio político" al jefe y vicejefe de Gobierno, a sus ministros, a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Magistratura, al fiscal general y a otros funcionarios del Poder Judicial local.

Además, establece que el juicio político debe estar "fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes" y que la condena se dicta "por mayoría de dos tercios" de los miembros de la Legislatura y su "único efecto" es la "destitución" del acusado.


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