Legislativas | Medios públicos porteños

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Crece la polémica

La decisión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de licitar las radios AM 1110 La Once Diez, FM 92.7 La 2x4 y el Canal de la Ciudad generó un fuerte rechazo en la Legislatura de Buenos Aires, donde distintos bloques políticos advirtieron que la medida es inconstitucional y representa una privatización encubierta de los medios públicos. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 4 de abril de 2026. El anuncio de Macri, realizado a mediados de marzo y acompañado por la publicación de los pliegos en el Boletín Oficial, plantea que la apertura de ofertas será el 20 de abril. Según el jefe de Gobierno, el objetivo es dejar de financiar con impuestos la operación de los medios públicos y pasar a un modelo de gestión privada. Sin embargo, la iniciativa despertó críticas inmediatas de trabajadores, especialistas en comunicación y legisladores de la oposición, quienes sostienen que la Constitución de la Ciudad y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual prohíben la privatización de estos espacios.

En la Legislatura porteña, el bloque del Frente de Todos expresó que la medida es “inconstitucional” y que implica un retroceso en materia de derechos ciudadanos. La legisladora Graciana Peñafort presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo explique los fundamentos de la licitación, subrayando que se trata de una acción ilegal que vulnera la normativa vigente. Desde este sector se enfatizó que los medios públicos cumplen una función social irremplazable, garantizando pluralidad de voces y acceso a la información para todos los vecinos.

Por su parte, los legisladores de la izquierda coincidieron en señalar que la concesión es un paso más en el proceso de ajuste y achicamiento del Estado impulsado por la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. Argumentaron que entregar la gestión de los medios públicos a empresas privadas pone en riesgo la diversidad cultural y la representación de sectores sociales que no encuentran espacio en los medios comerciales. Además, remarcaron que la medida amenaza más de 400 puestos de trabajo y constituye un ataque directo a la libertad de expresión.

En contraste, los bloques oficialistas del PRO y aliados de La Libertad Avanza defendieron la iniciativa, sosteniendo que los medios públicos deben ser eficientes y que el sector privado puede garantizar una gestión más moderna y menos costosa para los vecinos. Según su postura, la concesión no implica una pérdida de contenidos culturales, ya que los pliegos de licitación incluyen requisitos para preservar la identidad porteña y asegurar estándares tecnológicos y culturales. Para estos sectores, la medida se inscribe en un modelo de Estado más austero y focalizado en servicios esenciales.

El debate en la Legislatura refleja una tensión de fondo sobre el rol de los medios públicos en la Ciudad. Mientras la oposición insiste en que son instituciones sociales que garantizan derechos y diversidad, el oficialismo plantea que deben adaptarse a un esquema de gestión privada para reducir costos. En este contexto, la Asamblea de Trabajadorxs de Medios Públicos de la Ciudad ratificó su rechazo, recordando la historia y el valor cultural de cada medio: La Once Diez, próxima a cumplir 100 años; La 2x4, con 25 años de difusión del tango declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad; y el Canal de la Ciudad, creado en 2003 para reflejar la vida cotidiana y cultural de Buenos Aires.

La discusión que se abre en torno a la licitación de los medios públicos porteños no se limita a un aspecto administrativo o financiero. Lo que está en juego es la concepción misma de la comunicación como derecho ciudadano y la posibilidad de sostener espacios que promuevan la cultura, la diversidad y la participación democrática. La decisión final sobre la concesión marcará un precedente en la relación entre Estado, medios y sociedad en la Ciudad de Buenos Aires.


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